La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha revelado este miércoles, 31 de enero, cuál será la ‘hoja de ruta’ que siga su ministerio en la presente legislatura. Esto es, todas las medidas que van a sacar adelante. Entre ellas, han confirmado ‘viejas conocidas’, como la extensión del permiso de cuidado y nacimiento del menor (las llamadas bajas de paternidad y paternidad) o la retribución parcial del permiso parental de 8 semanas. Pero también ha revelado nuevas que afectan a las pensiones y a la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Cambios en el Ingreso Mínimo Vital
La ministra ha hecho especial hincapié en la necesidad de implantar mejoras en la gestión del IMV que faciliten su solicitud y tramitación. En este sentido, ha avanzado que quieren eliminar la extinción de la unidad de convivencia cuando fallece el titular, que ahora mismo supone, en la práctica, que se tenga que volver a solicitar esta ayuda. Es algo que tambié ocurre con el empadronamiento de una nueva persona en el hogar beneficiario del IMV, adelantando que quieren “eliminar la extinción automática”.
Para que la ayuda llegue a más beneficiarios, uno de los puntos pendientes del Gobierno, ha asegurado que continuarán esforzándose para dar a conocer el Ingreso Mínimo Vital entre sus potenciales beneficiarios, a través de campañas de información específicas y con medidas de “búsqueda activa”. En este sentido, ha reconocido que “no todas las personas que podrían tener derecho a la prestación terminan solicitándola”, admitiendo que es algo que les preocupa y en lo que seguirán avanzando para analizar los aspectos de mejora con los agentes sociales, el tercer sector, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Novedades en la pensión de jubilación
En lo que respecta a las pensiones, Elma Saiz también ha desvelado las líneas de trabajo que va a seguir su Ministerio. En primer lugar, atendiendo a la recomendación número 12 del Pacto de Toledo, están trabajando junto a las organizaciones empresariales y sindicales en el desarrollo de una nueva regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión. El objetivo es favorecer la salida gradual y voluntaria del mercado de trabajo.
Al respecto, la ministra ha asegurado que saben “mediante encuestas” que hay trabajadores que quieren seguir trabajando más allá de la edad ordinaria, pero en “unas condiciones que favorezcan su actividad”. Por ello, es algo que van a abordar junto a los agentes sociales, al igual que la jubilación en actividades penosas “para establecer un procedimiento efectivo, que permita el reconocimiento de coeficientes reductores en actividades en las que se acredita objetivamente la penosidad. Y para corregir el sesgo de género de la actual regulación”.
Por otro lado, también van a trabajar en el diseño de un procedimiento general para el establecimiento de coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación. Según la ministra, este nuevo procedimiento contará con “indicadores objetivos para justificar dichas condiciones, en los que se tendrá en cuenta factores como la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar”.
En referencia a la recomendación 18 del Pacto de Toledo, ha adelantado la aprobación de una orden de desarrollo del RD 370/2023 sobre la jubilación de personas con discapacidad, con la que se presente establecer un procedimiento de inclusión de nuevas patologías generadoras de discapacidad en su ámbito de aplicación, “así como su posible actualización periódica, pudiendo establecer un procedimiento abreviado para facilitar la extensión del listado de patologías a las enfermedades raras a medida que vayan surgiendo”.
Otras medidas anunciadas
Dejando atrás estos dos grandes bloques, estas son otras medidas que compondrán la hoja de ruta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
- Trabajar a corto plazo la mejora de la gestión de la Incapacidad Temporal (IT), más conocida como la baja laboral. En este ámbito, ha adelantado la intención de articular fórmulas de colaboración entre los servicios públicos de salud y las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social para optimizar la atención de un tipo de procesos de IT muy concretos, que son por contingencias comunes de origen traumatológico, “como una forma de explorar el potencial de aprovechamiento de los recursos de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social”.
- En relación al nuevo sistema de cotización en prácticas formativas, ha confirmado que “está a punto de culminar su tramitación administrativa” la posibilidad de rescatar, a través de un convenio especial, los periodos no cotizados. Algo que será posible tanto para contabilizar los años de prácticas realizados antes de que entrara en vigor la nueva normativa, como los periodos de investigación.
- Creación de un Laboratorio de Innovación de Políticas Sociales “con los mayores estándares científicos” para impulsar políticas de inclusión en base a las evidencias obtenidas y evaluar las políticas públicas dirigidas a acompañar a personas vulnerables para sacarlas de su situación de exclusión.
- Modificación del reglamento de extranjería, con el objetivo de “reducir las múltiples figuras de permisos ahora vigentes”. Entre otros puntos, se van a simplificar las autorizaciones de estancia, de residencia y de residencia y trabajo, así como de los procedimientos administrativos y de los requisitos para su tramitación y se va a completar la transposición de la Directiva de tarjeta azul.
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