
Una de las tres grandes patronales del campo, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), advirtió el pasado viernes que emprenderá acciones legales contra los importadores de tomate marroquí. Lo aseguró su portavoz y responsable del sector de frutas y hortalizas de la organización, Andrés Góngora, durante un ‘webinar’ informativo sobre las implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara ilegal el acuerdo de libre comercio entre la UE y Marruecos por incluir los territorios del Sáhara Occidental.
La organización ha realizado un análisis sobre el fraude en la frontera con Marruecos y sus resultados han mostrado que las importaciones marroquíes han superado “con creces” la cuota de 285.000 toneladas al año de tomate libre de impuestos, a un precio mínimo de 0,46 euros el kilo, que recoge el citado acuerdo. Según sus resultados, desde 2019 Marruecos habría excedido en unas 230.000 toneladas al año el límite exento de tasas.
Una pérdida de alrededor de 14 millones de euros al año
“Los cálculos de nuestra investigación muestran que las empresas que importan tomate de Marruecos tendrían que haber pagado 71,7 millones de euros a España en los últimos cinco años por el excedente de tomate que han introducido en el mercado europeo, en torno a los 14 millones de euros anuales”, ha precisado Góngora.
No obstante, el portavoz asegura que “las cuentas son lo más benevolentes posibles con Marruecos”. Explica que las cantidades que proceden del Sáhara Occidental deberían ingresar en la UE sin las condiciones preferenciales establecidas para Marruecos. “Esto haría aumentar las cifras estimadas”, agrega.
Señala al Gobierno como cómplice
El responsable de COAG no se queda ahí, sino que además señala la complicidad de la UE y de los gobiernos español y francés. “Durante los últimos 10 años, COAG ha pedido de forma reiterada tanto a la Comisión Europea como a los ministerios de Agricultura, Economía y Hacienda las cantidades liquidadas por las importaciones agrícolas de Marruecos en materia de tasas arancelarias, y no ha recibido respuestas aclaratorias al respecto”, lamentó.
“Hemos preguntado a la Comisión Europea por el asunto, pero la institución se remite a que es competencia de cada Estado miembro controlar las tasas arancelarias. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación nos ha redirigido a los ministerios de Economía y Hacienda, que lo único que nos han dado es el silencio por respuesta”, añadió.
“La UE no puede mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal”
Respecto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que declara ilegal el acuerdo de libre comercio con Marruecos, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG pidió que su aplicación sea inmediata, sin periodos de gracia: “Los agricultores europeos no hemos tenido ese periodo de gracia y sufrimos día a día la competencia desleal de las importaciones bajo las condiciones perniciosas del acuerdo”, se queja el portavoz.
Al respecto, agrega que “si la sentencia ha dictaminado que el acuerdo no es legal, la UE no puede cerrar los ojos y mantener 12 meses más en vigor un acuerdo ilegal, solo para favorecer a determinadas empresas transnacionales, mientras los productores continuamos perdiendo rentabilidad y desapareciendo”.
Por último, la organización también reclamó que el Gobierno español se posicione a favor de los productores agrarios y presione en la UE para la anulación del acuerdo.
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