El Gobierno, por medio del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de Pablo Bustinduy ha dado ‘carpetazo’ a la colaboración que el Imserso (Instituto de Mayores y Derechos Sociales) mantenía desde hace décadas con los ayuntamientos para gestionar buena parte del Programa de Turismo Social. Hasta ahora, los gobiernos locales canalizaban en torno a 13.000 plazas al año pero a partir de la nueva temporada 2026/2027, el procedimiento cambia.
Estas miles de vacantes tendrán que ser tramitadas por medio de las agencias de viajes, como se hace con las demás. Esta decisión deja en blanco a 120 ayuntamientos y como han señalado algunos expertos en la COPE, elimina la flexibilidad y la oportunidad de muchos jubilados y pensionistas, especialmente de entornos rurales, para acudir a una oficina cercana, evitando de este modo la tramitación por medio de la Sede Electrónica.
La medida que ha ‘fulminado’ el Ejecutivo, llevaba desarrollándose desde 1989 y según ha explicado el departamento de Bustinduy en una respuesta al Grupo Popular, la renovación de estos acuerdos “no está prevista” ya que no se ajustan al marco jurídico actual tras la entrada en vigor de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, esta nueva temporada ya se verá afectada por esta restricción, un paso que ha dado el Gobierno pensando, como afirma ABC que se avanzará a un modelo homogéneo que hará a todos los beneficiarios iguales, evitando diferencias territoriales.
Los jubilados que usaban esta vía, pasarán a la base de datos del Imserso
Los jubilados y pensionistas que estaban realizando sus reservas a través de los ayuntamientos ahora pasarán a la base de datos del Imserso y precisamente para ellos, el Ministerio ha querido enviar un mensaje de tranquilidad. Este cambio no quiere decir que pierdan derechos sino que los que reservaban por medio de estas entidades locales, serán incorporados al sistema general.
Los afectados recibirán en sus casas una carta en la que les explicarán las nuevas vías de reserva y la información que necesitarán para poder llevar a cabo sus gestiones “del mismo modo que el resto de los usuarios”.
De nuevo, aparece el problema de las tecnologías porque no se sabe si estos mayores se desenvolverán bien a la hora de tramitar la solicitud online, especialmente en los municipios rurales, donde hay poca cobertura. El Ministerio sostiene que se mantendrán canales “accesibles, suficientes y no digitales” con atención presencial en caso de ser necesario y un número de teléfono habilitado para conseguir información.
El PP denuncia que la decisión ha sido unilateral
El Grupo Popular ha atacado el modo de proceder del Gobierno con este tema, ya que por parte del partido de Feijóo se había puesto sobre la mesa el poder mantener el sistema actual de manera transitoria durante 6 meses pasando poco a poco a adaptar la normativa. Pero el Gobierno ha rechazado la opción y ha terminado con la gestión y la colaboración con los ayuntamientos.
“Ha sido sin diálogo y de manera unilateral”, han asegurado los populares, ya que no se ha hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias ni con las entidades afectadas. No se puede justificar ahora el fin de los convenios en base a una norma que se aprobó en 2015, una vez que se ha permitido que funcionase durante años.
La FEMP se ha puesto en contacto con el Imserso para manifestar el descontento de los pequeños municipios afectados. El pasado 8 de mayo fue cuando el Gobierno comunicó a los ayuntamientos que no continuaría la colaboración, aunque sostienen que en el mes de marzo durante una reunión, ya se había adelantado esta información.