La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado este jueves 14 de mayo de "vergüenza" y "falta de humanidad" el recurso presentado por la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Supremo para suspender la regularización extraordinaria de inmigrantes.
Durante la clausura de un acto con empleadas del hogar en Madrid, al que ha accedido ‘NoticiasTrabajo’, Díaz ha defendido la validez del Real Decreto 316/2026 frente a la ofensiva judicial del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, sosteniendo que la intención de la autonomía madrileña es mantener a los trabajadores extranjeros en una situación de "explotación y sin derechos".
“Lo que se está diciendo es que quieren, obviamente, trabajadores y trabajadoras, obviamente explotados y sin derechos”, sentenció la ministra.
“Quieren trabajadores explotados”
La titular de Trabajo ha aprovechado el foro sobre prevención y salud en el empleo doméstico para responder con dureza a la admisión a trámite del recurso madrileño por parte del Supremo. El conflicto se sitúa en un momento crítico: España cuenta actualmente con unos 840.000 extranjeros en situación irregular, y el proceso de regularización, que busca aflorar a más de 500.000 personas, tiene como fecha límite para las solicitudes el próximo 30 de junio.
Díaz fue tajante al vincular el movimiento judicial de la Comunidad de Madrid con intereses económicos que pasan por la invisibilización del colectivo migrante. "Hacen esto porque lo que quieren es que sigáis trabajando las personas migrantes, algunas en las casas y otras en muchas otras actividades que son claves, pero explotados y sin derechos", afirmó la ministra.
“¿Dónde quedan los derechos humanos y la Constitución?”
Para la vicepresidenta, la postura del Ejecutivo de Ayuso, que alega falta de financiación y riesgos para la seguridad nacional, supone un ataque directo a los valores democráticos. "Me pregunto dónde quedan los derechos humanos para estas personas. No lo puedo comprender. Me pregunto dónde queda la Constitución española", sentenció, subrayando que la ampliación de derechos para un colectivo refuerza a la sociedad en su conjunto.
El enfrentamiento político coincide con cifras récord de ocupación. A mayo de 2026, España registra 3,25 millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social. El sector de los cuidados, protagonista del evento de hoy, es uno de los más tensionados: se estima que más de 600.000 personas trabajan en el hogar, pero casi la mitad lo hace en la economía sumergida debido a la irregularidad administrativa.
"El valor invisible de la inmigración es ocultado para mantener fuera de la protección. El Gobierno de España os quiere libres", declaró Díaz ante las asociaciones y sindicatos presentes.
¿Qué sucede en la Comunidad de Madrid?
Mientras el Gobierno central defiende que la regularización es vital para el sistema de pensiones y la economía formal, la Comunidad de Madrid ha solicitado medidas cautelares para congelar el decreto.
Si el Tribunal Supremo accede a esta petición en las próximas semanas, miles de expedientes actualmente en trámite podrían quedar paralizados, generando un caos administrativo en un mercado laboral que, según datos oficiales, depende ya en un 10% del crecimiento del empleo extranjero para su sostenibilidad.