En España, cada mañana casi 1,4 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo debido a las bajas laborales. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de supervisar las cuentas y analizar la sostenibilidad económica del Estado, publicó un informe a través del Spending Review 2022-2026 donde muestra este gran problema, que afecta tanto a empresas como a pymes y autónomos, y que solo en 2024 llegó a costar 16.464 millones de euros.
Las bajas por incapacidad temporal no se reparten de manera equitativa, pues son más propensas a faltar al trabajo las mujeres (un 21 % más) y los menores de 40 años (un 20 % más). Más allá de las estadísticas demográficas, la probabilidad de pedir una baja laboral es un 14 % más alta en el sector público que en el privado. Es más, los trabajadores con un nivel salarial medio tienden a pedir la baja un 52 % más frente a aquellos que cobran un sueldo más bajo.
El tamaño de la empresa también influye a la hora de pedir la baja. Aquellas personas que trabajan en una gran empresa tienen un 81 % más de probabilidad de pedirla frente a las de una microempresa. A esto hay que sumarle que haber estado de baja el año anterior incrementa la probabilidad de iniciar un nuevo proceso en un 250 %.
Un “impuesto encubierto” de 33.000 millones
Mantener el sistema de bajas laborales en España costó en 2024 cerca de 16.464 millones de euros , convirtiéndose así en la segunda mayor partida de gasto de la Seguridad Social, solo superada por las pensiones. Sin embargo, la factura es mucho mayor, tal y como explica la periodista Pilar García de la Granja en el programa “Herrera en COPE”, donde señala que el gasto anual real de las bajas por incapacidad temporal en España asciende hasta los 33.000 millones de euros.
Esto es así porque cerca de 17.000 millones de euros recaen directamente sobre las empresas, es decir, que son ellas mismas las que asumen los costes. Mientras que las grandes multinacionales pueden afrontarlo mejor al tener un mayor músculo financiero, a las pymes o los autónomos, que representan el 98% del tejido empresarial del país, les cuesta mucho más.
Tal y como denuncian los propios empresarios, “el coste de las bajas laborales es un impuesto encubierto”, una presión que, en palabras de García de la Granja, las pequeñas empresas “no pueden aguantar”.
La AIReF muestra en su informe que más del 65 % de las bajas tuvieron una duración inferior a los 15 días. Este dato es casi el mismo que apuntan desde COPE, que lo sitúan en el 70 %, siendo esta una línea roja, ya que durante esos primeros 15 días es la empresa quien abona la prestación del trabajador (del día 4 al 15). Así viene recogido en el artículo 173.1 de la Ley General de la Seguridad Social (consultable en este enlace).
Esto tiene un impacto sobre las empresas; por ejemplo, en la hostelería se ven obligados a “contratar un 10 % más de plantilla porque el absentismo laboral diario puede superar el 13 %”, según los datos que aporta COPE. En definitiva, un sobrecoste laboral que asume casi en su totalidad la empresa.
La salud mental
A las bajas médicas de corta duración se suman también las bajas prolongadas, siendo las asociadas a salud mental las que muestran el mayor incremento. Según la AIReF, las bajas ligadas a estos trastornos han pasado de durar 67 días de media en 2017 a cerca de 98,5 días en 2024.
Ante esto, el clamor del sector privado exige que el Gobierno “tome cartas en el asunto” y que, sobre todo, “se tome en serio la salud mental”, reclamando profesionales suficientes para “abordar esta problemática de forma profesional y eficiente”, ya que las empresas no pueden ni deben suplir las deficiencias en tiempo y forma del Sistema Nacional de Salud.
Esto se debe a que la incapacidad temporal tiene un problema estructural según la AIReF: quien tiene la decisión de dar la baja es la sanidad pública, pero el coste lo asume primero el empresario y luego el INSS. De esta forma, se insta a actuar para evitar la prolongación innecesaria de este “impuesto encubierto” que termina perjudicando a las empresas y a las arcas del Estado.