Los casos de fraude están a la orden del día, no es raro ver estafas haciéndose pasar por alguna administración para robar datos y dinero, pero en ocasiones las mismas van más allá. Así es el caso ocurrido en Francia, en el que una exempleada de un banco, se aprovechó de su posición para estafar 534.000 euros a 16 de sus clientes jubilados, incluidos algunos de más de 90 años, y después gastar el dinero en ropa de marcas caras.
Así lo han publicado en el medio francés “actu.fr”, en el que aclaran que la justicia francesa ha confirmado la sentencia contra esta exresponsable del banco Crédit Mutuel Arkéa en Muzillac, Bretaña, que engañaba a los ancianos para robarles dinero de sus cuentas bancarias.
En su defensa, la exbanquera, quien también trabajó como teleoperadora tras su despido, admitió que estaba endeudada, y que había elegido como víctimas a clientes mayores que no revisaban sus cuentas con detalle. A pesar de pedir clemencia alegando problemas personales, como el suicidio de su marido y la muerte de su hijo, el tribunal subrayó que esos hechos no justifican la prolongación del fraude durante tantos años.
Un plan que duró más de una década
El tribunal destacó que la trabajadora desarrolló una estrategia cuidadosa para ocultar las irregularidades, impidiendo que los movimientos sospechosos en las cuentas fueran detectados a tiempo. Entre sus víctimas, había personas de entre 70 y 94 años, su propia tía, de 84 años, quien hasta ahora ha sido la única en recibir el reembolso completo de lo sustraído.
Uno de los jubilados declaró que confiaban plenamente en ella y que “podría haberles hecho firmar cualquier cosa”.
Durante los años que duró el fraude, más de una década, la empleada ocultó sus extravagantes gastos utilizando hasta 40 cuentas bancarias repartidas en diferentes entidades financieras. Según el tribunal, este sistema permitió que su conducta pasara desapercibida durante casi una década, y pudiera ocultar que gastaba el dinero en “préstamos” y “ropa femenina”.
Finalmente, ha sido condenada a un año de prisión efectiva y otros dos años con libertad condicional. Además, deberá devolver los 534.000 euros al banco. Entre las medidas tomadas, también se ordenó la confiscación de su vivienda, una decisión que la defensa calificó como un obstáculo para sus planes de reubicación y el posible uso de un brazalete electrónico. No obstante, el tribunal argumentó que sus ingresos mensuales, que rondan los 3.100 euros, le permiten costear un alquiler.
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