Un brasileño con residencia legal desde 2015 y nivel avanzado de español gana a la Justicia y obtiene la nacionalidad por un error de la Administración

La Audiencia Nacional desestimó la denegación inicial de la solicitud de nacionalidad española presentada por el Ministerio de Justicia, que se basaba en la supuesta falta de integración del ciudadano, pese a que el solicitante había demostrado tener un nivel C2 de español, muy superior al nivel básico-intermedio que se pide para la obtención de la nacionalidad. 

Everardo, de origen brasileño, llevaba más de dos años viviendo en España de manera continuada, cuando solicitó la nacionalidad española por residencia. Su solicitud, que se hizo el 14 de septiembre de 2017, se acoge al artículo 22 del Código Civil, que exige estar solo dos años en España a los ciudadanos de países iberoamericanos, dentro de los que se incluye Brasil. 

Te puede interesar

Si ves una señal de STOP ten cuidado: estas son las 2 ciudades donde la DGT ya ha colocado sus nuevos radares

A pesar de llevar el tiempo suficiente en el país según el Código Civil, la Administración rechazó su petición en mayo de 2021. Según la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no presentó los certificados DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) ni la prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE), administradas por el Instituto Cervantes. 

Lo que no tuvo en cuenta la Administración fue que Everardo sí había presentado una acreditación de idioma: un certificado oficial que demostraba su nivel C2 de español, en concreto el DELE-A2, el cual aprobó en 2011, mucho antes de solicitar la nacionalidad. Este nivel es el más alto en la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, lo que acredita una competencia lingüística avanzada y más que suficiente para obtener la nacionalidad española. 

La Administración, además, no respondió en plazo 

Con todo, la denegación por un motivo injustificado como el del idioma no fue el único error administrativo, ya que hubo otro fallo más que también tuvo en cuenta la Audiencia Nacional a la hora de desestimar el rechazo inicial. Y es que la Justicia no respondió a la solicitud de Everardo en el plazo correspondiente. La normativa establece que la solicitud de nacionalidad debe resolverse en un plazo máximo de un año. Sin embargo, en el caso de este ciudadano brasileño, la Administración tardó más de tres años en responder, generando una desestimación presunta por silencio administrativo. 

Ante esta situación, el solicitante recurrió a la Audiencia Nacional para que revisara su caso. Durante el juicio, la Administración alegó nuevos argumentos para justificar la denegación, como la falta de otros documentos sobre su integración, como la prueba de conocimientos socioculturales o CCSE. El tribunal rechazó estas nuevas alegaciones, ya que en su resolución original solo se mencionó la supuesta falta de acreditación del idioma, demostrando así un intento de modificar los motivos de denegación en plena vía judicial. 

La Justicia le concede la nacionalidad tras anular su decisión 

Finalmente, la Audiencia Nacional falló a favor de Everardo, anulando la resolución administrativa y reconociendo su derecho a obtener la nacionalidad española. El tribunal destacó que el solicitante cumplía todos los requisitos exigidos por la ley y que su nivel de español estaba más que acreditado con el título C2. Para el fallo, la Audiencia Nacional tuvo en cuenta el silencio administrativo o la falta de respuesta en plazo o el intento de aportar nuevas pruebas fuera de contexto. 

Para más detalle, la Administración tuvo que pagar las costas del procedimiento por orden de la sentencia, suponiendo unos 2.000 euros, en reconocimiento de los perjuicios causados al solicitante por la mala gestión.