
Amina Ghulam, madre suiza de cuatro hijos, decidió empezar sus vacaciones de verano junto a ellos un día antes de terminar el curso escolar. Una decisión que fue motivada por la complicada situación que atravesaba tras su divorcio, y que tuvo consecuencias: le cayó una multa de 2.000 francos suizos (unos 2.150 euros) por la suma de cada hijo, pero tras recurrir ante los tribunales, esta cuantía se redujo hasta los 432 euros.
La madre explicó que la separación reciente con su pareja había afectado emocionalmente a los niños, y que pretendía compensarlos con su primer viaje en avión, en este caso, a Canadá. Esto suponía que sus hijos faltaran al último día de clase antes de comenzar las vacaciones de verano. Sin embargo, lo que no se esperaba es que al regresar a Suiza se encontrara con una carta oficial que le informaba de la sanción por “ausencia injustificada” de sus hijos el último día de clase.
“Me sentí como una criminal”, lamentó Ghulam, quien consideró desproporcionada la respuesta de las autoridades educativas. Además, la junta escolar, en un principio rechazó sus argumentos, pero el tribunal finalmente optó por reducir la multa a 100 francos por niño, es decir, unos 108 euros aproximadamente.
La madre no cumplió con la normativa
La legislación suiza contempla la obligatoriedad de la asistencia escolar, lo que implica que cualquier ausencia debe ser debidamente justificada o autorizada previamente, y el incumplimiento puede acarrear grandes sanciones económicas, como en este caso, a pesar de que no es el único.
En 2024, otra madre fue multada con más de 1.000 euros por llevar a su hija de vacaciones durante una semana lectiva sin autorización del colegio, pues la dirección del centro había rechazado su solicitud debido al historial de faltas y bajo rendimiento de la alumna.
En el país vecino de Francia, donde la educación es obligatoria desde los 3 a los 16 años, se han producido situaciones parecidas. Algunos padres eligen iniciar o prolongar sus vacaciones escolares por razones logísticas o económicas, lo que incumple la normativa vigente si no se justifica adecuadamente.
Qué ocurre en España con casos similares
En España, la educación obligatoria abarca desde los 6 hasta los 16 años, cuando se cumple el último curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Cuando un alumno falta de forma reiterada sin justificación, se considera absentismo escolar. En estos casos, los colegios o institutos pueden derivar la situación a servicios sociales y, en casos graves, llegar a instancias judiciales.
Pero si los progenitores se llevan a un menor de vacaciones durante el periodo lectivo, deben solicitar permiso al centro. La autorización puede ser denegada si existen antecedentes de faltas, bajo rendimiento o si la solicitud afecta a periodos clave como los exámenes. Si el viaje se realiza igualmente, el centro puede considerar la falta como injustificada e iniciar un protocolo que podría culminar, en casos extremos, en sanciones económicas o incluso penas más severas si se detecta desprotección o abandono.
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