El Gobierno de España y los sindicatos pretenden que los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vean hermetizada su nómina. Es decir, que no se les reduzca su salario y lo continúen ingresando en su cuenta como si no estuvieran acogidos a esta figura de protección del empleo que ha resultado clave a nivel individual y colectivo, como ha evidenciado la pandemia, otorgando oxígeno a empresas y sosteniendo puestos de trabajo.
Hasta ahora, y como ha venido sucediendo todo este tiempo en el que el ERTE ha sido el paraguas laboral ante la pandemia. Cuando una empresa acogía a su trabajador bajo este mecanismo, y le suspendía parcial o totalmente su jornada laboral, éste recibía una prestación del Estado del 70 % de su sueldo que la propia empresa podía completar si así lo quisiese, sin obligación expresa de ello.
La nueva proposición sí que contempla obligatoriedad. Es decir, la parte contratante tendría que pagarle al trabajador que tiene en ERTE la totalidad del sueldo que cobraría normalmente. Lo haría, como contempla el nuevo ERTE permanente que se está debatiendo entre los agentes sociales, completando el porcentaje de la prestación estatal hasta llegar al 100 %.
El Mecanismo Red o los ERTE permanente
“La empresa abonará a las personas trabajadoras el importe íntegro de sus sueldos del primer mes en el que resulten de aplicación las medidas de suspensión o reducción de jornada. En los meses sucesivos, continuará pagando el importe íntegro de los salarios, aunque seá menos del importe cobren las empresas en concepto de prestación de sostenibilidad del empleo del mes inmediato anterior”, concreta el texto que debaten patronal, sindicatos y la cúpula gubernamental.
En otras palabras, la empresa sería la que pagaría el primer mes de sueldo a ese trabajador en esta nueva herramienta de sostenibilidad del empleo que constituirían estos nuevos ERTE, bajo el nombre de Red. Y complementaría la parte restante de la prestación que pagaría el Gobierno al empleado, cuya cuantía total tendría como tope el 70 % de la base reguladora, 1.271 euros. El 22 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), cifrado actualmente e 564,9 euros. En conclusión, la empresa sería la encargada de asegurar el cobro del 100 % del salario. Lo que no cambia es que no se consumiría periodo de desempleo.
Rechazo frontal de la patronal a esta iniciativa del Gobierno
Los nuevos ERTE permanente o Red, que cuentan con el impulso de sindicatos y Gobierno, han recibido el portazo momentáneo de la patronal. Su motivo de rechazo está basado en el sobrecoste económico que supondría esto para unas empresas ya afligidas y en un proceso coyuntural especialmente sensible en pleno proceso de recuperación postpandémica, con el repunte de casos y la nueva variante, Ómicron, acechando. De hecho, prevén que pudiera tener un efecto negativo: que no se recurre a él por perjuicio económico y la posterior imposibilidad de despedir en los siguientes seis meses.
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