Rebelión de las pymes españolas ante la jornada laboral de cuatro días 

Aceptación mínima de las ayudas convocadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la financiación de los proyectos piloto de la jornada laboral de cuatro días sin reducción de salario entre las pymes españolas. Del total de las que componen la red nacional y tuvieran derecho a ellas, únicamente 41 las han pedido, llegando a consumir así cerca del 30% del presupuesto, suponiendo un ahorro estatal sustancial: de los 50 millones de euros pensados inicialmente, se pasó a los 9,6 millones finales, de los que no se espera consumir ni tres.

Ese poco o nulo interés en el proyecto pactado por el Gobierno de España y Más País también se ha reflejado en el diálogo social en empresas como Telefónica, en la que sus empleados han preferido mantener su sueldo y trabajar los cinco días. Los expertos tampoco acaban de mostrar su total confianza en estos experimentos que han llevado a cabo gran parte de países tras la pandemia del coronavirus, que ha reflotado la preocupación por la salud mental en todos los ámbitos.

El Joint Research de la Comisión Europea afirmó que era un “derroche de dinero” público y que era muy sesgado, al no ser todas las empresas iguales. El colectivo laboralista interpreta que una jornada laboral diferente para cada sector incrementaría el desequilibrio. Los sindicatos y la patronal no hicieron mención alguna a este asunto ya que el turno ahora es para Yolanda Díaz, con campo libre.

Yolanda Díaz prepara la ‘Ley de Usos de Tiempos de Trabajo’

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno lleva tiempo perfilando junto a su equipo de expertos el proyecto de ley con alcance general para todos los trabajadores y empresas del país y en el que se busca rentabilizar las prestaciones de la tecnología para repartir el trabajo y, así, "recortar la jornada laboral sin reducir los salarios y sin carácter rígido".

Se antoja complicado que consiga sacarla adelante antes del término de la actual legislatura, pero el documento de participación ciudadana de Sumar recoge, aunque también de forma ciertamente ambigüedad, la idea del "derecho a la reducción del límite máximo de jornada anual en función del reparto del tiempo de trabajo y la productividad general".

La propuesta de los sindicatos

Sin embargo, Díaz nunca ha mencionado específicamente el número de horas concreto de reducción o si se refiere a la jornada laboral o semanal, destilando cierta inconcreción en cómo se materializarán las ideas que ha ido ofreciendo. Los sindicatos sí que han expresado que su intención es que se fije en 32 horas semanales y se haga, como pretende Díaz,  mediante el Estatuto de los Trabajadores.

La jornada laboral no se ha modificado por ley desde el decreto de 1919 y esas ocho horas, que las repartía inicialmente en 48 semanales. En otras palabras, seis días laborables semanales.