La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha arremetido contra la reforma laboral aprobada en la madrugada de este jueves por el Senado argentino, una norma que permite ampliar la jornada hasta 12 horas, abarata las indemnizaciones por despido y endurece las condiciones para ejercer el derecho de huelga. La vicepresidenta segunda del Gobierno la ha calificado como “el mayor retroceso laboral en años”.
En un mensaje publicado en la red social Bluesky, Díaz escribió: “12 horas en el trabajo, despidos casi gratuitos y sin derecho a huelga. La reforma laboral de Javier Milei es el mayor retroceso laboral en años”. La dirigente de Sumar añadió: “La ultraderecha de Vox, y que tanto aplaude Ayuso, no quiere trabajadores y trabajadoras con derechos, quieren esclavos”.
Las declaraciones de la ministra llegan después de que el Senado argentino aprobara la reforma por 42 votos a favor y 30 en contra, tras más de catorce horas de debate y en un ambiente de máxima tensión dentro y fuera del Congreso.
Mientras se celebraba la sesión, en el centro de Buenos Aires se registraron disturbios entre manifestantes contrarios a la ley y fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y carros hidrantes para dispersar la protesta. Según informó la agencia EFE, hubo detenciones y varios heridos, tanto policías como manifestantes.
Las claves de la reforma laboral aprobada en Argentina
La denominada Ley de Modernización Laboral introduce cambios profundos en un país con una fuerte tradición sindical y de negociación colectiva. Entre otras medidas, modifica la forma de calcular las indemnizaciones por despido al dejar fuera conceptos como vacaciones, pagas extras, propinas o premios que no sean de pago mensual habitual.
Además, permite que las empresas paguen en cuotas las condenas judiciales y crea un Fondo de Asistencia Laboral al que los empleadores podrán aportar mensualmente para cubrir despidos eventuales, trasladando parte del coste de las indemnizaciones a un sistema similar a un fondo de capitalización.
La norma también permitirá ampliar la jornada laboral diaria de 8 a 12 horas e introduce un sistema de “banco de horas” que posibilita compensar horas extra con descansos. Asimismo, habilita el fraccionamiento de las vacaciones en períodos no inferiores a siete días y permite que sean rotativas, garantizando al menos un período en temporada estival cada tres años.
En cuanto a las bajas por enfermedad o accidente, la ley distingue entre supuestos laborales y no laborales. Si no están relacionados con el trabajo y se deben a una acción voluntaria o a una conducta de riesgo, el trabajador cobrará el 50% de su salario básico durante tres meses o seis meses si tiene personas a cargo. En cambio, si el accidente o la enfermedad están vinculados al trabajo y no responden a una conducta voluntaria, la prestación será del 75% del salario durante esos mismos períodos.
En materia de huelga, la ley amplía las actividades consideradas esenciales y fija servicios mínimos elevados. En sectores como la salud, la educación, el transporte, la energía o el suministro de agua, deberá mantenerse al menos el 75% de la actividad incluso en caso de paro. Además, los servicios trascendentales, entre ellos bancos, minería, industria o comercio electrónico, deberán garantizar un funcionamiento mínimo del 50%. En la práctica, estos porcentajes reducen el impacto de las huelgas y limitan la capacidad de presión de los sindicatos.
Además, cambia las reglas de los convenios colectivos. A partir de ahora, los acuerdos firmados en una empresa podrán imponerse a los convenios sectoriales, y los convenios dejarán de estar vigentes cuando expire su plazo si no se firma uno nuevo, lo que puede debilitar la posición negociadora de los trabajadores.
En conjunto, quienes critican la reforma consideran que estas medidas restan poder a los trabajadores en la negociación con las empresas y los dejan menos protegidos ante un despido. Por el contrario, el Gobierno de Javier Milei sostiene que los cambios pretenden hacer más flexible el mercado laboral, facilitar nuevas contrataciones y reducir los conflictos judiciales entre empresas y empleados.
Repercusiones políticas en España
Las palabras de Yolanda Díaz muestran que la reforma argentina ha trascendido el debate interno y ha generado repercusiones fuera del país. Sus declaraciones también reabren en España la discusión sobre el modelo laboral. La ministra ha defendido en varias ocasiones la reforma española aprobada en 2021, que, a su juicio, ha servido para reforzar la estabilidad en el empleo y la negociación colectiva, en contraste con la dirección adoptada por el Ejecutivo de Javier Milei.
Por ahora, el Gobierno argentino no ha respondido oficialmente a las críticas de la vicepresidenta española. Tras su aprobación en el Senado, la ley deberá completar los trámites formales antes de entrar en vigor, mientras los sindicatos estudian nuevas movilizaciones y posibles recursos ante la Justicia.
