El Supremo pregunta al TJUE cómo hacer fijos a los interinos: podría perjudicar a muchos de ellos

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sobre la temporalidad en las administraciones públicas españolas, ha tomado un nuevo rumbo: el Tribunal Supremo ha anunciado este jueves su intención de preguntar a la justicia europea cómo se debe aplicar su sentencia a la hora de hacer fijos a los interinos. El Alto Tribunal español no tiene clara la interpretación de su doctrina y, en consecuencia, no sabe cómo responder a los recursos pendientes de resolución. 

En un comunicado, explican que “con el deseo de llevar a cabo su correcta interpretación, y ante la existencia de importantes dudas acerca de su alcance en determinados aspectos, la Sala ha acordado iniciar las actuaciones a fin de formular una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. 

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En concreto, buscan “resolver las dudas acerca del modo en que compatibilizar la doctrina acuñada por la citada sentencia con las normas relativas al acceso al empleo público (incluyendo a los nacionales de los Estados miembros) así como con las reglas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.

Peligro de que se paralicen los procesos judiciales

El Tribunal Supremo deberá esperar a la respuesta del TJUE para saber cómo debe fallar los recursos pendientes, por lo que no realizará nuevos pronunciamientos. Esto no implica que los juzgados y tribunales se vean obligados a paralizar sus procesos también, pero sí podrían hacerlo, y de hecho es una posibilidad real, para evitar sentencias contradictorias respecto a lo que decida dictar en un futuro el Supremo, que es la máxima instancia judicial española. El problema es que, como mínimo, se espera que la respuesta tarde un año.

Antes de que se conociera la intención del Supremo, ya se conocen dos sentencias favorables a los interinos: una del Juzgado de lo Social número 14 de Sevilla y otra del Juzgado de lo Social número 26 de Madrid, con referencias ambas al fallo del TJUE que permitieron la conversión en fijos de los trabajadores demandantes.

Qué exponía la sentencia del TJUE

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que respondía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, exponía que la legislación española carece de “medidas adecuadas” para prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos temporales y del contrato indefinido no fijo, prorrogados continuamente en las administraciones públicas españolas.

Para corregir esta situación, acusando de un abuso de la temporalidad en estas, proponía “la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos”, lo que podría suponer la conversión en fijos de cientos de miles de interinos de larga duración. El punto es que, en el mismo fallo, la justicia europea explica que es la justicia española quien debe modificar la jurisprudencia nacional consolidada si su interpretación es incompatible con los objetivos recogidos en el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que contiene las directrices para evitar que las administraciones públicas abusen de la contratación temporal.

Ahora, la cuestión vuelve al Tribunal Supremo, aunque la sentencia ya ha despertado todo tipo de reacciones, incluida la de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha instado a una reforma en el empleo público como la que lideró en el sector privado, aunque esto no sea de su competencia (sería del Ministerio de Función Pública, en manos de José Luis Escrivá): “no es mi competencia y bien que lo siento”, señalaba Díaz.