Piden 3 años de cárcel para dos hombres acusados de usar temporeros extranjeros en situación irregular bajo condiciones precarias

Este martes, 17 de septiembre, la Audiencia de Valladolid celebra el juicio contra dos hombres de nacionalidad rumana acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, por usar para las tareas del campo a temporeros extranjeros en situación irregular. A estos, además, le pagaban un salario por debajo de convenio. 

Ambos se exponen a una condena de tres años de prisión y una multa de 4.500 euros, según el escrito fiscal del caso al que ha tenido acceso Europa Press. En este, la acusación pública sostiene que los acusados han estado dedicándose a la contratación de irregulares desde 2021: el primero en condición de titular de una sociedad dedicada a la prestación de trabajos agrícolas y el segundo como verdadero empleador, encargado de contactar con empresarios españoles y realizar los pagos. 

Este caso ha podido llegar a juicio gracias a la investigación conjunta de la Guardia Civil con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que tras notificar un aumento de personas extranjeras realizando trabajos agrarios en la demarcación de Medina del Campo quisieron comprobar si se estaba dando cumplimiento a la normativa laboral y comprobar la situación legal de los mismos. 

En la inspección ejecutada en agosto de 2021, localizaron en una finca rústica a los dos acusados así como a 14 temporeros de diferentes nacionalidades (Senegal, Honduras, Marruecos y Rumanía), que se encontraban trabajando allí. Estos se encontraban en situación irregular y sin vida laboral en España y, el mismo día, tras esta visita, cinco de ellos fueron dados de alta.

Condiciones laborales precarias y en contra de la normativa laboral

Gracias a esta investigación conjunta, también se pudo constatar que los trabajadores estaban desarrollando su actividad laboral sin estar dados de alta y sin contrato, pero también por un salario que se encontraba por debajo del establecido en el convenio colectivo. Además, cuatro de ellos pagaban 30 euros por una habitación en una vivienda controlada por uno de los acusados, que carecía de las mínimas condiciones de habitabilidad. Por todo ello, serán juzgados este martes por un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores.