La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impuso multas por un valor de 15,5 millones de euros por incumplimientos en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias en 2023. Así lo ha confirmado el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz, a Europa Press, avisando en concreto de que se detectaron 14.292 infracciones en jornada laboral y horas extra, un 45% más que en 2022, que afectaron a 147.861 trabajadores.
En total, la Inspección de Trabajo realizó 35.501 actuaciones el pasado año en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias, a la par que realizó 9.226 requerimientos. La propia Yolanda Díaz se hizo eco también de los datos, dando las gracias a este organismo, dependiente de su ministerio, “por perseguir a quienes vulneran los derechos laborales”.
Precisamente, sobre la primera materia, la jornada laboral, Díaz está centrando buena parte de su legislatura. En primer lugar, aunque se haya creado una mesa de diálogo bipartida (entre los sindicatos y la patronal), está negociando con los agentes sociales para implantar la reducción de jornada: será de 38,5 horas en 2024 y de 37,5 horas en 2025. Una reducción recogida en el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar y que se realizará en cómputos anuales (no mensuales). Pero no es la única medida que tiene Trabajo entre manos para regular el tiempo de trabajo.
Reformar el registro horario y subir la cuantía de las multas
Además de la reducción de la jornada laboral, y que vendría a asegurar la misma, el Ministerio de Trabajo quiere reformar el registro horario, con el que deben contar obligatoriamente ya todas las empresas. La novedad que proponen es que la Inspección de Trabajado pueda acceder de forma telemática a las herramientas de control horario, una concesión que ven “imprescindible” para “evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto”, en palabras de su Secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey.
Asimismo, desde Trabajo quieren reforzar el régimen sancionador en materia de tiempo de trabajo, para que sea “eficaz y suficientemente disuasorio”. ¿Cómo quieren hacerlo? Plantean que las sanciones se apliquen por trabajador y no por empresa y aumentar sus cuantías, que actualmente oscilan entre los 751 y 7.500 euros.
Horas extraordinarias: a debate en España
Sobre la segunda materia, las horas extraordinarias, hay todo un debate abierto. Y es que, a principios de año, UGT presentó una demanda contra España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales, mediante la que solicitaban una remuneración más alta de las mismas. El sindicato denuncia que se está incumpliendo la Carta Social Europea, que ratificó España al completo, y que recoge en su artículo 4 el derecho de los trabajadores a recibir un “incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particular”.
Por este motivo, en UGT solicitan que las horas extraordinarias que se realicen por encima de la jornada máxima ordinaria suban como mínimo un 25%. Una cuantía que han elegido en base al marco normativo de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En España, estas horas extra no se pagan más caras porque no hay ninguna ley que obligue a ello.
El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 35, simplemente establece que “mediante convenio colectivo o, en su defecto, contrato individual, se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije, que en ningún caso podrá ser inferior al valor de la hora ordinaria, o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido”.
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