
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno que cumpla con el compromiso manifestado por el ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, de eliminar la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público. Para el sindicato, se trata de una medida necesaria para afrontar la merma de efectivos y la temporalidad, unas declaraciones que no se alejan a las comentadas por el propio Escrivá a principios de año, en la presentación de la hoja de ruta que seguirá su cartera ministerial.
Entonces, el ministro aseguró que su eliminación se iba a producir en 2025 para reforzar las plantillas y recuperar los “empleos perdidos” durante la última década, solicitando ahora CSIF “más rigor y claridad” al Gobierno sobre su voluntad de eliminarla. Al respecto, recuerdan que el Ejecutivo rechazó incluir esta medida en el Proyecto de Ley de medidas anticrisis, pero en la actualidad está negociando una norma para planificar recursos humanos en la Administración del Estado.
Por eso, no entienden por qué el Grupo Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a suprimir la tasa de reposición, ya que no tiene carácter vinculante, “carece de efectos jurídicos y demora la adopción de esta medida fundamental para reforzar las plantillas de nuestras administraciones”, además de que la proposición se realiza “sin ninguna concreción sobre los criterios e indicadores futuros para reponer efectivos”.
Acuerdo plurianual
CSIF, a cambio de la tasa de reposición, propone alcanzar un acuerdo plurianual que permita “adecuar las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio y mitigar la masiva pérdida de efectivos que se producirá por jubilación en los próximos años”. Sobre este punto, recuerdan que la tasa de reposición se reguló a finales de los 90 y que desde 2008 hasta los acuerdos en materia de empleo suscritos por CSIF en 2017 y 2018, la tasa de reposición solo cubrió entre un 0 y un 30% anual de los empleados públicos que causaban baja.
Esto, denuncia el sindicato, supuso la amortización de miles de plazas de personal jubilado y la contratación masiva de personal temporal. Cabe recordar también que, hasta ahora, la tasa de reposición es el ratio que se utiliza actualmente para, en función de las bajas que se han producido, determinar el número de personas que pueden acceder a la Administración Pública. Por esta razón, al desvincular el número de plazas que se ofertan con este ratio, se podría convocar un mayor número, ya que no se cuenta con este límite.

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