El último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en el que insisten en la conversión de los interinos de larga duración en fijos como medida para sancionar los abusos de la temporalidad en las administraciones públicas españolas, está provocando todo tipo de reacciones. Incluida la de CSIF, el sindicato con mayor representación del sector público, que considera que esta resolución “pone una vez más en evidencia el abuso de la temporalidad que han realizado las administraciones españolas a lo largo de la última década”.
Pero las declaraciones del sindicato no se quedan ahí, y han lanzado una serie de exigencias que irían directas a José Luis Escrivá, al frente del Ministerio de Función Pública. La primera de ellas, que reivindicó ayer el propio ministro, es la eliminación de la tasa de reposición, que en palabras de CSIF “va a perpetuar el problema y dificultará cumplir el objetivo de reducir la interinidad al 8 por ciento a final de año, para responder a las exigencias de Bruselas”.
Por ello, desde el sindicato piden su eliminación de manera inmediata, “para que las administraciones puedan planificar sus necesidades, utilizando solo de manera excepcional la contratación temporal”; agilizar los procesos selectivos con medios materiales y humanos; e introducir sanciones ejemplares a administraciones y responsables administrativos que incumplan.
Pero, además, han asegurado que “CSIF va a ser implacable” y llevará a los tribunales a las administraciones que incumplan los plazos y el objetivo de reducir la temporalidad. Sobre este objetivo, como se adelantaba anteriormente, hay que recordar que España, a través del Plan de Recuperación, se comprometió con Bruselas a reducir la temporalidad en el sector público al 8%. Por ello, el sindicato ha asegurado que llevará a los tribunales a aquellas administraciones que superen este límite.
Escrivá se compromete a eliminar la tasa de reposición, pero no contempla otras medidas
El ministro de Función Pública, José Luis Escrivá, está de acuerdo con eliminar la tasa de reposición como exige CSIF y, de hecho, está dentro de sus principales objetivos. Horas después de conocer el fallo del TJUE, volvió a recordarlo, reconociendo que dicha tasa ha sido “particularmente” perniciosa “a la hora de generar esas bolsas de temporalidad en el pasado”.
No fue tan contundente sobre la postura del TJUE, que volvió a afirmar que España no cuenta con las medidas adecuadas para evitar y sancionar el abuso de la temporalidad y que una solución sería la conversión de interinos en fijos. Sobre esto, Escrivá no ha anunciado nuevas medidas, defendiendo que España ya ha alcanzado el 75% de las regulaciones de estos empleados públicos y que el Gobierno “ya tiene una ley” con la que se “anticiparon” al problema de la temporalidad con “resultados extraordinarios”.
Asimismo, manifestó que todavía hay que esperar a conocer la opinión del tribunal europeo sobre los “casos previos al 2021” y que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una cuestión que “atañe fundamentales a los tribunales y cómo los tribunales tienen que resolver esos conflictos”.
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