El Gobierno prohibirá por ley que se pueda cobrar por hacer prácticas de FP

Los estudiantes de Formación Profesional (FP) no podrán pagar a sus centros para asegurarse hacer prácticas en empresas, requisito obligatorio para graduarse, como estaba ocurriendo hasta ahora de manera indirecta en centros privados. Así lo ha pactado el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar, que pretende prohibirlo por ley, como una enmienda en la Ley de Enseñanzas Artísticas que se tramita estos días en el Congreso de los Diputados. 

De ese modo, el Gobierno pretende acabar con la situación que se está produciendo en muchos centros privados de Formación Profesional, en los que los estudiantes están pagando hasta 500 euros de manera indirecta por conseguir unas prácticas (este coste se “camufla” en la matrícula). Especialmente, el caso se ha conocido por los problemas que ha habido este curso en la Comunidad de Madrid, sobre todo en los ciclos sanitarios, que ha provocado que muchos estudiantes de centros públicos se hayan quedado sin prácticas. 

Cabe recordar que, ya el pasado mes de enero, hubo una manifestación de estudiantes en la región madrileña, pertenecientes a la rama sanitaria, en la que se advirtió de este problema: el no poder acceder a las prácticas para terminar sus grados. Entonces, la portavoz del sindicato de Estudiantes, ya avisó de que solo en esta comunidad había sobre unos 800 alumnos afectados. 

El problema principal de la imposibilidad de hacer prácticas es que impide a estos alumnos conseguir el título, ya que las prácticas son obligatorias. De ese modo, se han visto obligados a esperarse a septiembre para poder graduarse, lo que les repercute, también, laboralmente. 

Asegurar “el acceso efectivo” de todos los alumnos de FP 

A través del acuerdo entre PSOE y Sumar, se va a añadir un apartado en el artículo 55 de la Ley de Formación Profesional que entró en vigor en marzo de 2022 para recoger que los centros de FP, públicos o privados, establezcan acuerdos con las empresas u organismos que aseguren “el acceso efectivo” de todos los alumnos para la realización de la formación.

En este sentido, en el texto se señala que no se podrá “vincular el periodo de formación en empresa u organismo equiparado a contraprestación o donación por parte del centro de formación profesional, ni directamente ni a través de fundaciones u organizaciones vinculadas con ellos, cuando la citada estancia de formación en empresa u organismo equiparado forme parte del currículo de la oferta formativa”.

Esto es, que los centros no podrán pagar a otras empresas para asegurarse la realización de prácticas de sus alumnos cuando estas sean necesarias para la obtención del título y formen parte del currículo de la oferta formativa.