El Tribunal de Cuentas, entidad presidida por Enriqueta Chicano, mantiene una agenda apretada estos días. A la petición del Parlamento de un informe que evidencie los problemas de llevar tres años sin unos Presupuestos Generales del Estado y al debate sobre el pago de pensiones con fondos europeos se suma ahora un estudio en el que recomiendan que los préstamos a la Seguridad Social sean sustituidos por transferencias del Estado.
De este modo, quedarían instrumentalizados a través de varias transferencias consignadas en los PGE y no mediante préstamos a largo plazo, como se ha hecho hasta ahora. En una nota publicada este viernes, el órgano fiscalizador asegura que las Declaraciones sobre la Cuenta General del Estado ponen de manifiesto de manera recurrente los problemas financieros y estructurales que se muestran en los sucesivos balances presentados por la Seguridad Social en los que se ve un patrimonio neto en negativo y números rojos frente al Estado.
Una de las actuaciones pasa por llevar a cabo las medidas necesarias para readaptar el reflejo contable del endeudamiento según la naturaleza económica de las transferencias corrientes, como recoge Europa Press.
La deuda por préstamos a largo plazo ha aumentado
Las informaciones del Tribunal de Cuentas entran de lleno en unos números que consideran preocupantes entre los que destaca la deuda por préstamos que sube a 126.171 millones de euros, de los que 17.169 son de los otorgados entre 1992 y 1999 y 109.002 millones al endeudamiento contraído los años 2017 a 2020.
El Tribunal ha apreciado que si estas aportaciones se hubieran hecho como transferencias corrientes, según los gastos financiados, el patrimonio neto dejaría de ser negativo con un saldo pendiente de más de 110.000 millones de euros pasando a ser positivo en 12.174 millones mientras que el endeudamiento por préstamos se reduciría entre los actuales 126.171 millones hasta los 27 millones.
Atendiendo a los datos de finales de 2024 y principios de 2025, en diciembre del primer año, el endeudamiento de la Seguridad Social con el Estado era de 135.253 millones de euros, el 7,9% del PIB de 2024 con una deuda a corto plazo derivada de la financiación de las funciones de asistencia sanitaria y los servicios sociales que fueron traspasados a Navarra y País Vasco.
El Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo que aprobó el Congreso en noviembre de 2020 apuntaba a que en 2023 tendría que haber terminado este modo de actuar basado en préstamos pero aun así, en 2024 y 2025 se concedieron 2 nuevos por importe de 10.004 millones de euros cada uno, por la prórroga de los PGE de 2023.
