La Mutualidad General de Funcionarios del Estado ha perdido un total de 3.632 beneficiarios desde diciembre del año pasado hasta marzo de 2022. Esto da como resultado que el número de funcionarios adscritos a Muface cae por primera vez desde hace cinco años. Así lo demuestran los números publicados por el Gobierno de España a través de una respuesta parlamentaria que también constatan que han aumentado los que prefieren una asistencia pública a la concertada.
No obstante, a pesar de los datos, el porcentaje de funcionarios que prefieren la asistencia sanitaria privada es de en torno al 75%. No sorprende esta circunstancia, ya que solo hace unas semanas numerosos trabajadores públicos hicieron llegar miles de quejas al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en los que se denunciaron recortes sanitarios tras la firma del nuevo concierto 2022-2024 con las aseguradoras Sanitas, DKV y Adeslas.
Sin embargo, hay que señalar que Gabilondo decidió actuar de oficio el pasado mes de febrero para solicitar "información a MUFACE acerca de los recortes detectados tras la firma de un nuevo concierto con compañías para la prestación sanitaria". Por otra parte, un apunte rápido al respecto. Hay que recordar los beneficiarios que hasta finales de 2021 tenían dos posibilidades de cambiar de aseguradora privada, una en enero y otra en junio. Sin embargo, desde la entrada en vigor del nuevo concierto, esa posibilidad se reduce a solo una durante el primer mes del año.
Por qué MUFACE deja de recibir funcionarios a la mutualidad
Estas deficiencias en el sector de la sanidad privada se hacen especialmente notable en los casos del Hospital Universitario HM Madrid y HM Sanchinarro. La razón por la que se produce esta situación crítica tiene que ver con la escasa financiación recibida por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública, liderado en la actualidad por la ministra María Jesús Montero.
En este sentido, este medio de comunicación mantuvo una charla con Pedro Cruz, portavoz del CSIF Nacional, que presentó una lista de centros y clínicas en las que se han suprimido varias especialidades médicas, llegando a afectar incluso a los pacientes en tratamiento oncológico. Las últimas estimaciones, ofrecidas por la patronal IDIS, estimaban la cantidad en unos 400 euros por personas menos.
El 50% de los funcionarios habría sufrido recortes sin previo aviso
Para poner las cifras sobre la mesa, CSIF, JUPOL y JUCIL han elaborado una encuesta con más de 5.000 entrevistados adscritos a las mutualidades de MUFACE, de Justicia (MUGEJU) y de las Fuerzas Armadas (ISFAS) en la que se señala que en numerosas provincias se ha producido "pérdida de especialidades, reducción de médicos y especialistas, retirada de centros hospitalarios, problemas para la autorización de internaciones o sellado de recetas y reducción en definitiva de la cartera asistencial".
Por especialidades, las áreas más afectadas tienen que ver con Atención Primaria Dermatología, Digestivo, Psicología, Fisioterapia, Traumatología, Analítica, Pediatría y las urgencias durante los fines de semana. El sindicato CSIF, el más representativo en las Administraciones Públicas, exige un informe con total transparencia en el que se cifren los funcionarios afectados por los recortes sanitarios y haga un seguimiento de esos casos.
? Aarón Rivero, secretario general de @JupolNacional: "Venimos haciendo hincapié en la pérdida de prestaciones sanitarias, que afecta de forma importante a nuestros derechos asistenciales".
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) April 4, 2022
"Exigimos al Gobierno que mantenga las prestaciones que teníamos". @JupolSecGeneral pic.twitter.com/YeS0lPXLpK
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