La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha exigido este lunes “respeto” ante las “reiteradas descalificaciones” hacia su labor y ha defendido su estricto sometimiento a la ley en la lucha contra el fraude fiscal. “Muchas de estas críticas, carentes de rigor y alejadas de la realidad del trabajo que se realiza, han traspasado los límites de lo razonable y exigen una respuesta clara y firme por parte del colectivo”, han señalado, como son algunas de las vertidas por el caso Shakira.
A través de un comunicado, han asegurado que el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda tiene un único objetivo, que es “aplicar el ordenamiento tributario con rigor, equidad y pleno sometimiento a la ley” y que actúan en nombre de los propios ciudadanos. En este sentido, han criticado que “presentar a los inspectores como adversarios del contribuyente no solo es injusto; es un error de diagnóstico que favorece, objetivamente, a quienes eluden sus obligaciones fiscales”.
Desde la asociación han explicado que la crítica es legítima, pero que debe apoyarse en datos, fundamento y objetividad. “No es admisible la construcción de relatos o descalificaciones personales que erosionan injustamente la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones democráticas”, señalando la importancia de que se reconozca su papel para el mantenimiento del Estado de bienestar.
“Los inspectores de Hacienda prestamos diariamente servicios de asistencia e información al contribuyente y desarrollamos, con especial complejidad, la lucha contra el fraude fiscal, investigando estructuras cada vez más sofisticadas que causan un grave perjuicio al erario público”, han agregado.
Casos de “presunta gravísima corrupción”
La asociación de inspectores ha querido destacar “el momento histórico” en que nos encontramos ahora: “un contexto lleno de incertidumbre, en el que influyen factores tales como son los casos de presunta gravísima corrupción de quienes deberían ser un ejemplo de transparencia, austeridad y pulcritud en el uso de los recursos públicos”.
A ello, han explicado, se suman las dificultades económicas crecientes que soportan los ciudadanos: “la necesidad, cada vez más acuciante, de acceder a un empleo estable y de calidad; el encarecimiento de bienes esenciales como la vivienda, la cesta de la compra o los suministros básicos; la pérdida continuada de poder adquisitivo de las familias; la situación derivada de la no deflactación de la tarifa del IRPF; y el enorme peso que recae sobre la clase media trabajadora, que sostiene la mayor parte de los impuestos”.
Todo ello, según han indicado, genera “un desgaste evidente en quienes, día a día, realizan un esfuerzo titánico por sacar adelante su vida”, precisando que ellos mismos son “víctimas de ese contexto”.
Dos cuestiones de riesgo
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado también lanza una grave advertencia sobre dos amenazas actuales: el riesgo de “desmantelar la función pública” mediante procesos selectivos menos exigentes para interferir en sus decisiones técnicas, y las consecuencias de los acuerdos bilaterales de financiación con Cataluña, que, según denuncian, conducirán a la “ruptura de la caja común” y de la base de datos tributaria compartida de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).
En referencia a los procesos, señalan que un cambio así solo puede tener un objetivo: “interferir en la toma de decisiones técnicas, incluidas las que afectan directamente a la lucha contra el fraude fiscal”.
Por ello, han pedido respeto “hacia un colectivo cuya profesionalidad no puede ponerse en duda”, haciendo un llamamiento a un “debate respetuoso y serio sobre la fiscalidad en España y sobre su administración”.