El Gobierno reforma las oposiciones y pone en marcha la nueva Ley de Educación

El Ministerio de Educación y Formación Profesional, con Pilar Alegría Continente al frente, lo tiene claro: reformar la profesión docente, en la que está trabajando en coordinación con las comunidades autónomas y representantes del profesorado. Pero el Gobierno de España da un paso más allá, porque además se modifican las oposiciones para acceder a Magisterio de cara a los tres años siguientes.

Por lo que a partir del próximo mes de junio la fase de oposición tendrá un peso de un 60% en la nota final y la fase de concurso puntuará el 40% restante. Esta parte es la que chirría a los opositores, porque gran parte de la baremación será para la experiencia docente. En resumidas cuentas, a mayor tiempo ocupando un puesto en situación de interinidad mayores son las posibilidades de conseguir una plaza fija y estable como funcionario de carrera.

Todo ello englobado dentro de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, para la reducción de la alta tasa de temporalidad de los funcionarios interinos en las Administraciones Públicas. En concreto, lo que se pretende conseguir es reducir del 30% actual al 8% a finales del año 2024. Sin embargo, la mayor parte de las comunidades autónomas no parecen estar muy de acuerdo ya que han convocado la convocatoria de empleo público de urgencia antes de que la normativa comience a funcionar.

Tanto es así que varios sindicatos como DOASP en Cataluña han denunciado públicamente que se trata de una batería de requisitos discriminatorios, en el que la experiencia contará 7 puntos y la formación académica solo 2. Por cierto, un apunte rápido al respecto, justo hoy acaba el plazo para presentar la solicitud a las pruebas selectivas previstas para mediados de junio en Castilla y León, Andalucía y Murcia. En el caso de Canarias, la candidatura estará disponible hasta el 31 de marzo. 

El Ejecutivo pretende poner en marcha la nueva Ley de Educación

Cambiando de tercio, otra nueva declaración de intenciones desde el seno del Ejecutivo. "Necesitamos profesores mejor formados para los cambios que inevitablemente van a sufrir los sistemas educativos y que puedan desarrollar carreras profesionales que motiven, reconozcan y premien su progreso y actualización", ha valorado la ministra. Para reflejar todas estas propuestas sobre el papel, Educación ha presentado a la comunidad educativa un primer documento compuesto por 24 medidas para la que podría convertirse en la nueva Ley de Educación. 

Se trataría de la novena ley educativa en el ordenamiento jurídico español, diez años después de que se aprobara la LOMCE y que vendría a sustituir a la actual más conocida como ‘ley Celaá’. Polémica por otra parte por la eliminación de la mención del castellano como lengua vehicular. Destaca el posible establecimiento de una prueba de acceso a los estudios de Grado Infantil y de Primaria, hasta la revisión de los másteres de formación del profesorado, poniendo la formación práctica como eje central. 

La ministra también se ha referido al nuevo modelo curricular, esto es, la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea a 22 de mayo de 2018 relativa a las competencias clave para el aprendizaje permanente.