Yolanda Díaz ya tiene fecha para la reforma del despido: cambiarán las indemnizaciones

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en plena campaña por las Elecciones Europeas, se comprometió a trabajar este 2024 una de las reformas más reclamadas por los sindicatos que podría beneficiar a miles de trabajadores: la reforma de la indemnización por despido improcedente. De hecho, le puso fecha, asegurando que será después del verano cuando se pongan con ella.

Esta promesa la hace en un momento clave y es que, oficialmente, el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), que obligaría a España a aumentar las indemnizaciones, será desvelado por el Gobierno próximamente, ya que tiene hasta finales de julio para ello (si no lo hace, lo hará el propio organismo, tras cumplirse los 4 meses). Será, como se ha dicho, la publicación oficial, porque hacía meses que se intuía la resolución del CEDS.

En primer lugar, el pasado mes de marzo, este mismo órgano, en su informe de Conclusiones de 2023, recogió que el límite al que está sujeta la indemnización por despido improcedente no se ajusta a la Carta Social Europea. Y, aunque se trataba solo de una opinión, tras recogerla en el informe se esperaba que fuera la misma visión la que se produjera finalmente en la resolución.

Y así parece haber sido porque, solo unas semanas después, se filtró la respuesta del Comité a algunos medios, asegurando que esta se ha resuelto a favor de UGT (el sindicato que presentó la demanda en 2022). Esto, además, estaría en línea con las últimas declaraciones de la ministra, que el pasado fin de semana de campaña aseguró que “reformar el despido en nuestro país es hacerlo justo, y es reconocer que los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no son predecibles, y que, como dice la doctrina europea, no puede ser que un empresario sepa de antemano cuánto le cuesta despedir a un trabajador o a una trabajadora en nuestro país”. 

También lo estaría con la columna que, meses atrás, publicó el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, donde pidió al Gobierno que los ciudadanos pudieran conocer ya el resultado, debido a que ellos no contaban con el poder de desvelarlo. Al respecto, señalaba que cuanto antes se supiera lo resuelto por el Comité, sería “mejor para todos”, por lo que se desprendía que, efectivamente, la resolución del CEDS daría vía libre a Yolanda Díaz para reformar la indemnización del despido, y de ahí el interés del sindicato de que ya se hiciera oficial. Pero, ¿por qué estaría el Gobierno obligado a hacerlo? Y, ¿en qué consistirá el cambio de estas indemnizaciones?

Cambios en la indemnización por despido

La actual indemnización por despido improcedente está sujeta a un máximo de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades. Este ‘tope’, defienden sindicatos y Trabajo, no se ajustaría a la Carta Social Europea, ya que en determinados casos, este límite resulta insuficiente para reparar el daño cometido por el despido.

Es así porque, en el artículo 24 de la citada Carta, se establece que, en caso de despido improcedente, los trabajadores tienen derecho “a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada”. De ahí que el límite actual en determinados casos limitara la reparación del daño real cometido por la extinción de la relación laboral.

Así pues, el Gobierno estaría obligado a reformar las indemnizaciones actuales para que sean reparatorias, lo que supondría un aumento de las mismas. Lo que propone Sumar, y ha defendido en varias ocasiones Yolanda Díaz, es que la cuantía de la indemnización se establezca teniendo en cuenta distintos factores, como la edad, la antigüedad en la empresa o si la persona pertenece a un colectivo vulnerable. Es lo que se ha llamado como el “despido restaurativo” o las indemnizaciones “a la carta”.

El objetivo final es que las indemnizaciones sean reparatorias pero también disuasorias, asegurando Trabajo que el coste de los despidos en España es demasiado barato. Sea con estas o con medidas similares, lo cierto es que el Gobierno estaría obligado a mejorar las indemnizaciones actuales, ya que PSOE y Sumar, en su acuerdo de gobierno, se comprometieron a “establecer garantías para las personas trabajadoras frente al despido, dando cumplimiento a la Carta Social Europea y reforzando la causalidad en los supuestos de extinción de la relación laboral”. 

Así pues, en el momento en que se publique oficialmente la resolución del CEDS, el ministerio de Yolanda Díaz tendría vía libre para comenzar a trabajar en esta reforma, que ya se planteó por los sindicatos, inicialmente, en la negociación de la reforma laboral.