La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno de Pedro Sánchez a quien ha pedido que complete la transposición a la legislación nacional de las normas comunitarias de modo que se aumente la protección de los trabajadores ante los riesgos del amianto. Este ajuste deberá ser cumplido de forma obligatoria y en caso de que no sea así, Bruselas llevará el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y pedirá una sanción económica para España.
Este movimiento está enmarcado en un expediente de infracción conjunto que el Ejecutivo europeo tiene abierto contra Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Chipre además de España por no notificar las medidas que adaptan la normativa en el plazo que se había establecido, que terminó en diciembre de 2021 (aunque en algunos casos hay posibilidad de ampliar a 2029).
El amianto, como apuntan desde este organismo comunitario en una nota a la que ha tenido acceso Europa Press, es una sustancia potencialmente cancerígena y peligrosa, a la que se han atribuido en torno del 75% de los cánceres producidos por motivos ligados al trabajo en la Unión Europea.
Sistemas de protección para los trabajadores
La directiva para la protección de los trabajadores establece determinadas normas que mejoran la protección contra esa sustancia. Entre estas se encuentra una reducción del límite de exposición al amianto durante la jornada laboral que deberá ser una décima parte del valor anterior, esto es, de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico según los últimos avances científicos y tecnológicos.
El expediente es del mes de enero de 2026 cuando desde Bruselas se enviaron cartas de emplazamiento a unos diez países. Luego, cuatro países actuaron para resolver este incumplimiento, pero quedan seis, entre ellos España, que no dan respuesta a estos cambios reclamados por los servicios comunitarios.
Ahora hay dos meses para que las autoridades tomen las “medidas necesarias” y en caso de que no lo hagan “la Comisión podrá optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para pedir que se les impongan sanciones financieras”.