Uno de los mayores miedos de los caseros es que los inquilinos no les paguen el alquiler. Estos conflictos suelen terminar en los tribunales con una demanda de desahucio por impago, pero en ocasiones los propietarios se toman la justicia por su mano, algo que puede traerles muchos problemas. Es lo que le ha pasado a un anciano francés de 81 años, que tras meses sin cobrar el alquiler y con una deuda acumulada de 11.000 euros decidió cortar la luz a su inquilino y ahora es víctima de amenazas y episodios de violencia por su parte.
Según informan en medios franceses como Figaro Inmobiler y La Dépêche, el hombre alquilaba una vivienda que lleva más de un año ocupada sin que se abone ni el alquiler ni los suministros. Según sus cálculos, la deuda ya asciende a casi 11.000 euros. Aunque el inquilino fue condenado por un tribunal en enero y se enfrenta a un desahucio, sigue residiendo en el inmueble sin pagar.
Desesperado ante la situación, el propietario optó por una medida drástica, cortar el suministro eléctrico de la vivienda en presencia de la prensa y la policía. Sin embargo, restableció la luz pocas horas después, consciente de que se trataba de una acción ilegal, ya que la ley francesa, al igual que la española, prohíbe cortar suministros básicos incluso en casos de impago.
El anciano recibe amenazas de su inquilino y denuncia que la situación es “insostenible”
Más allá de este episodio, el octogenario asegura que su situación es mucho más grave de lo que aparenta. En una carta dirigida al prefecto de Gers y a la CAF, denuncia un clima de tensión constante con su inquilino, al que acusa de “insultos constantes”, “amenazas macabras”, “intentos de extorsión”, así como de “violencia física” y “vandalismo”.
El propietario afirma sentirse vulnerable y desprotegido, y reclama a las autoridades una intervención urgente. En concreto, exige el “desalojo inmediato” del inquilino para poder poner fin a una situación que califica de insostenible, más aún teniendo en cuenta que debe desplazarse en breve a París para someterse a una operación quirúrgica.
“Las autoridades deben proteger a las víctimas antes que a los culpables”, ha señalado, insistiendo en que ha intentado resolver el conflicto por vías legales, incluyendo el embargo de bienes, sin obtener resultados.
Por su parte, el inquilino sostiene que está buscando una solución habitacional desde hace semanas, aunque por el momento no ha abandonado la vivienda.