El Ministerio de Seguridad Social sacó a audiencia pública la semana pasada el proyecto de Real Decreto para actualizar la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, más conocida como CUME. El plazo para presentar aportaciones estará abierto hasta el próximo 25 de junio aunque, al tratarse de un real decreto, el Gobierno puede aprobar la norma en solitario, sin tener que ser convalidada en el Congreso.
Esta reforma sustituirá a la normativa vigente desde 2011 y busca adaptar la ayuda a la “realidad clínica actual”, al asimilar la hospitalización domiciliaria y los tratamientos ambulatorios complejos al ingreso hospitalario.
Además, incorpora nuevas patologías al listado de enfermedades protegidas, como el trastorno del espectro autista; amplía los plazos para solicitar las prórrogas de la prestación; y clarifica el derecho a acceder a esta ayuda en casos de divorcio, extinción de la pareja de hecho o situaciones de convivencia compartida.
Qué es la CUME
Se trata de una ayuda económica de la Seguridad Social destinada a los padres con hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave que, debido a esta situación, tienen que reducir su jornada de trabajo al menos un 50% para cuidar del menor. Actualmente está regulada por el Real Decreto 1148/2011 y la pueden pedir los los progenitores, los guardadores con fines de adopción o los acogedores de carácter permanente.
El objetivo ahora, tal y como aseguró la ministra de Seguridad Social Elma Saiz en una sesión plenaria en el Congreso, es actualizarla para “proteger mejor a las familias”. En concreto, el nuevo reglamento se basa en tres objetivos: “Ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual; reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales; y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad”, explicó Saiz.
Por ello, el Gobierno va a derogar “íntegramente” el anterior real decreto, para aprobar “una nueva regulación sistemática y coherente que integre y garantice la seguridad de las familias”.
Novedades en la prestación por cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave
Los cambios introducidos por el nuevo marco normativo buscan adaptar la prestación a las realidades médicas y sociales actuales. Para ello, en primer lugar, se actualiza el listado oficial de patologías protegidas, con la incorporación del trastorno del espectro autista y del síndrome del neurodesarrollo Poirier-Bienvenu. Además, la norma prevé que este anexo pueda seguir actualizándose en el futuro mediante orden ministerial, siempre que los avances médicos y científicos así lo aconsejen.
También se flexibilizan los tiempos de duración de la ayuda. Frente a los plazos anteriores, que eran más cortos, la nueva norma establece que la prestación se reconocerá inicialmente por un periodo de cuatro meses. Después, podrá ampliarse con una primera prórroga de seis meses y, posteriormente, con prórrogas sucesivas de ocho meses cada una.
La tercera novedad es que se incorpora de forma expresa la consideración de determinadas situaciones asistenciales como equivalentes a un ingreso hospitalario de larga duración, “incluyendo supuestos de hospitalización domiciliaria y tratamientos ambulatorios complejos que, aun sin requerir hospitalización convencional, implican la necesidad de un cuidado directo, continuo y permanente por parte de las personas progenitoras, guardadoras o acogedoras”.
Según el real decreto, esta actualización permite “reforzar la seguridad jurídica y garantizar una aplicación homogénea” de la prestación en toda España.
Críticas al borrador
La Asociación de Familias en situación de CUME y permisos asimilados (ASFACUME) han denunciado que el borrador supone “un grave retroceso” para las familias, ya que el texto incluye medidas que “generan una enorme preocupación por su potencial impacto restrictivo y por el riesgo de que miles de familias puedan ver dificultado el acceso o mantenimiento de la prestación”.
Entre los aspectos que más preocupan, según han expuesto en un comunicado, están la exigencia de que “determinadas renovaciones” estén firmadas por facultativos especialistas distintos de Atención Primaria; la incorporación de informes periódicos de inspección médica sobre situaciones que ya han sido acreditadas por profesionales sanitarios; la limitación de algunas certificaciones al sistema público de salud; la inclusión de información sobre la escolarización y los horarios educativos en los nuevos formularios; y la aplicación de criterios “excesivamente centrados en aspectos clínicos sin valorar adecuadamente la realidad de los cuidados continuos, directos y permanentes”.
Asimismo, ASFACUME ha denunciado que el borrador no plantea ninguna solución para las familias con hijos e hijas mayores de 26 años, “cuando la necesidad de cuidados continúa existiendo”. En la misma línea se ha pronunciado la Confederación ASPACE, que reclama la eliminación del límite de edad de la prestación en los casos de personas con grandes necesidades de apoyo.