El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado la petición de Airbnb de paralizar cautelarmente la multa de casi 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lo que obliga a la plataforma a abonar la sanción mientras se termina de resolver el caso. Esto impone el pago de la multa a la plataforma de pisos y alojamientos turísticos, que tendrá que responder tras la petición del Gobierno a Airbnb de retirar hasta 65.000 anuncios ilegales el año pasado.
La decisión judicial supone un revés para la compañía de alquiler turístico, que había recurrido la sanción dictada en diciembre de 2025 por supuestas infracciones en la publicación de anuncios. Tras el auto del tribunal, la empresa aún puede presentar un recurso de reposición ante el propio TSJM, aunque la obligación de pago sigue vigente.
La sanción tiene su origen en una investigación del Ministerio de Consumo, que detectó irregularidades en 65.122 anuncios publicados en la plataforma y retirados en julio de 2025. En concreto, el departamento que dirige Pablo Bustinduy concluyó que Airbnb cometió “prácticas comerciales desleales” debido a que publicó alojamientos turísticos sin licencia o con datos incorrectos, en contra de la normativa autonómica que obliga a incluir el número de registro en la publicidad.
Publicidad engañosa y beneficio ilícito
El expediente también recoge que algunos anuncios mostraban números de licencia que no se correspondían con registros oficiales o carecían de información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, lo que constituye publicidad engañosa.
Por estos hechos, Consumo calificó la infracción como grave y fijó una multa de 63,98 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio considerado ilícito obtenido por la compañía durante el periodo en que los anuncios permanecieron activos tras el apercibimiento administrativo.
A esta cuantía se suman otras sanciones menores por incumplimientos adicionales, como la obstrucción a las labores de inspección o el incumplimiento de medidas provisionales dictadas durante la tramitación del expediente, que elevan ligeramente el importe total.
Un pulso regulatorio en pleno debate sobre la vivienda
El caso se enmarca en el creciente pulso entre las administraciones públicas y las plataformas de alquiler turístico, en un contexto de fuerte tensión en el mercado de la vivienda en España. Las autoridades buscan reforzar el control sobre la oferta ilegal o irregular, a la que se atribuye parte del encarecimiento del alquiler en determinadas ciudades.
La decisión del TSJM refuerza, al menos de forma provisional, la estrategia del Ministerio de Consumo de endurecer la supervisión del sector digital turístico. No obstante, el procedimiento judicial sigue abierto y será la sentencia definitiva la que determine si la sanción se ajusta plenamente a derecho.
Mientras tanto, la resolución obliga a Airbnb a afrontar el pago de una de las mayores multas impuestas en España a una plataforma digital por prácticas relacionadas con la protección de los consumidores.