En España, hay un 37% de trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) que en 2026 es de 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y 1.424,50 euros con las extra prorrateadas. Y, por otro lado, los últimos datos publicados por la Seguridad Social revelan que el Ingreso Mínimo Vital, una prestación de subsistencia para hogares con pocos ingresos, ha alcanzado a 862.859 hogares vulnerables en el mes de mayo. Aunque es mejor contar con un empleo, entre otras cosas por las cotizaciones para la jubilación, el número de perceptores de esta ayuda a la vulnerabilidad sigue aumentando.
El director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, participó en el mes de abril en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados, donde defendió que el Ingreso Mínimo Vital es “esencial y necesario” pero que necesita mejorar algunos detalles para mejorar la inserción en el mercado laboral de sus beneficiarios.
“Deberían tener incentivos para encontrar empleo y realizarles un seguimiento”, ha asegurado afirmando que la llegada del IMV se produjo en un momento en que era muy necesario. “Llegó para cubrir el principal agujero en el sistema de protección social español”. Pero encontró problemas en el diseño que deberían corregirse para mejorar la función de protección ante la pobreza severa.
La retirada del IMV debería ser “parcial y progresiva”
El director de Fedea señaló que existe un riesgo importante para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y este no es otro que la sensación de estar entrando de lleno en “una trampa de la pobreza” cuando cada euro que se gana en un sueldo implica que se retire lo equivalente en la prestación. Puede ser como “un impuesto implícito del 100%” reduciendo los incentivos para aceptar un trabajo.
Sí ha destacado el buen funcionamiento y el acierto de las últimas reformas con las que se puede compatibilizar esta ayuda con la incorporación al mercado laboral aunque ha pedido que se realice una evaluación de sus efectos, de modo que se pueda avanzar a un nuevo sistema en el que la retirada del IMV sea “progresiva y parcial”.
Defendió la posibilidad de integrar en esta prestación otras ayudas económicas ‘finalistas’ como el bono término o energético de modo que los hogares puedan decidir cómo cubren sus necesidades más inmediatas.
La Seguridad Social debería delegar en las Comunidades Autónomas
Otro de los aspectos que ha tocado De la Fuente durante este Congreso ha sido el de la delegación de competencias por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a las Comunidades Autónomas en lo que tiene que ver con la gestión, concesión y abono del IMV. La razón es que en estas hay servicios sociales que “están en mejor situación para saber y poder localizar a la gente que necesita de verdad estas ayudas”. Entre estas, quienes no reciben la información adecuada y no saben que podrían estar ingresando este dinero.
Las CCAA gestionan también servicios de empleo, por lo que pueden concretar en función de las necesidades reales de los desempleados. El Estado, por su parte, debería conservar la fijación de estándares mínimos complementando la financiación mientras que en el caso de las comunidades, estas asumirían la tramitación y el seguimiento de los beneficiarios.
La vivienda en propiedad debería estar dentro del cálculo de la pobreza
De la Fuente insistió en la importancia de revisar la forma en la que se mide la renta de los hogares que presentan una solicitud para recibir el IMV. Propone incorporar el alquiler imputado de quienes tienen una casa en propiedad. Con esta medida, se atribuye un valor económico al hecho de tener vivienda propia aunque no genere ingresos monetarios de manera directa.
El cambio permitiría que los hogares que pagan un alquiler suelen tener más problemas y soportan una pobreza superior.