Superar el límite de velocidad en las inmediaciones de un colegio puede terminar en una multa para el conductor, sobre todo cuando la zona está controlada por cámaras y radares. Una de estas zonas ha terminado en un conflicto entre administraciones en Albany, Estados Unidos, después de que vehículos propiedad del condado acumularan 98 multas por exceso de velocidad por un total de 7.375 dólares (unos 6.375 euros) y el propio condado acudiera a los tribunales para intentar anularlas.
Según la información publicada por el medio local CBS6 Albany (WRGB), el condado de Albany presentó una demanda ante el Tribunal Supremo estatal para impugnar las 98 sanciones y evitar tener que pagar los más de 6.300 euros que se le reclamaban; para ello solicitó que se revocasen resoluciones de responsabilidad y notificaciones de impago emitidas por la ciudad de Albany.
La reclamación no solo pretende que se determine si realmente los empleados circulaban por encima del límite de velocidad o no, sino que el condado asegura que existen problemas con el lugar y el momento en el que se impusieron algunas multas, con las cantidades reclamadas e incluso con el trato recibido durante el proceso para recurrirlas.
El condado asegura que algunas multas se pusieron fuera de zonas escolares o cuando no había clases
Entre las sanciones cuestionadas aparecen tres multas correspondientes a infracciones que, según sostiene el condado basándose en los propios registros municipales, no se produjeron dentro de una zona escolar con límite especial de velocidad.
Además, ha identificado otras seis sanciones que, según afirma en su demanda, fueron impuestas en días en los que el colegio estaba cerrado.
Según se detalla en la petición judicial, la propia ciudad ya había anulado anteriormente otras tres multas alegando que “la escuela no estaba en período de verano”. Por este motivo, el condado considera que también deberían revisarse las nuevas sanciones impuestas en circunstancias similares.
La administración también cuestiona las cantidades reclamadas en algunos casos. De acuerdo con su interpretación de la legislación estatal, una infracción de velocidad detectada mediante una cámara en una zona escolar puede suponer una sanción máxima de 50 dólares (unos 43 euros), a la que se podrían añadir otros 25 dólares (unos 22 euros) si no se responde a la notificación dentro del plazo establecido.
Pese a ello, la demanda asegura que la ciudad emitió 12 notificaciones definitivas reclamando 100 dólares cada una (unos 86 euros), una cantidad que, según el condado, estaría por encima del máximo permitido por la normativa.
La ciudad critica que se gaste dinero de los contribuyentes para recurrir las multas
El condado también acusa a la ciudad de haberlo tratado de forma diferente a otras personas o entidades que habían acumulado numerosas sanciones procedentes de cámaras de tráfico.
Según la demanda, el tesorero de la ciudad de Albany había explicado anteriormente a los abogados del condado que existía una práctica por la que se anulaba una de cada cuatro multas a quienes recibían múltiples citaciones.
El condado sostiene que posteriormente esa posibilidad fue retirada específicamente en su caso y considera que la decisión fue “arbitraria, caprichosa y aplicada de forma selectiva”.
Tras conocerse la demanda, el tesorero mostró su sorpresa por la decisión del condado y aseguró a CBS6 que la iniciativa lo había dejado “perplejo”. “Me desconcertó profundamente la idea de que el condado demandara a la ciudad por multas de exceso de velocidad en zonas escolares”, señaló.
Pese a las críticas del condado, el tesorero municipal de la ciudad defendió que había recibido el mismo trato que cualquier otra entidad con decenas de sanciones y aseguró que la demanda debería ser desestimada. Además, cuestionó que se utilice dinero público para mantener el procedimiento: “Me sorprende que el condado decida gastar más dinero de los contribuyentes en una demanda que el costo de las multas por exceso de velocidad en zonas escolares”.