Marisa Robert, jubilada de 67 años, ha tenido que enfrentarse a la complicada situación de seguir cobrando su pensión y sufrir pérdidas económicas constantes o regresar al trabajo, poniéndose al frente de su explotación vitícola. Ha optado por esto último ya que, además, sus arrendatarios (que le pagaban todos los meses un alquiler a cambio de trabajar en sus tierras) se han marchado eliminando, por tanto, ese ingreso mensual.
“Hemos perdido 2.000 euros al mes y nuestra tranquilidad”, ha explicado al medio especializado ‘Vitisphere’. Su vida laboral en el campo, donde ha trabajado durante más de 30 años, ha regresado. “Los arrendatarios que estaban explotando mis tierras me han dejado sola y poco a poco se han ido marchando”, se ha lamentado. Aunque no encuentra una explicación, sí sabe que el sector del vino, en Francia, está atravesando una profunda crisis.
En 2021, Marisa empezó a cobrar su pensión de jubilación en Francia. Un sistema que, como afirma Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, paga más que el español porque “combina cotización y puntos y el nuestro sólo bases”. Cuando se retiró, decidió junto a su marido, arrendar las 38 hectáreas de tierra que poseían en las localidades de Caux et Sauzens y Arzens.
Los arrendatarios se fueron por “problemas económicos”
El primero de los arrendatarios, que era ex empleado de la explotación, se fue en 2023 porque tenía problemas económicos. Un año después también abandonó el que le sucedió, que se había quedado con unas 20 hectáreas. Señaló que la cooperativa “no le estaba pagando bastante”.
El problema estaba claro, en el sector agrícola los productores estaban recibiendo poco dinero. Cuando se marcharon los dos, el matrimonio de jubilados dejó de cobrar los 2.000 euros al mes de la renta sin alternativa alguna para recuperarlo. “Cuando un agricultor lo está pasando mal, no es necesario echar más leña al fuego”, ha dicho Marisa cuando se le preguntaba por qué no exigió compensaciones económicas a las dos personas que se marcharon cuando decidieron terminar con el contrato de arrendamiento.
El problema sigue ahí, la crisis del sector continúa golpeando a los pequeños agricultores y a esto hay que sumar que los jóvenes no se muestran interesados por “trabajar en el campo”.
La Seguridad Social quería suspender su pensión
La agricultura tuvo que pedir una autorización de continuación de actividad para no perder la pensión, que era de 1.080 euros al mes. En el mes de septiembre de 2025, la Seguridad Social francesa le concedió ese permiso, y comenzó a compatibilizar su jubilación con el dinero que ganaba como explotadora agraria. “Sé que he fracasado”, señala.
Además, se encuentra con el problema del mal estado de las viñas. “Lo que veo es un estado sanitario deplorable, hay falta de mantenimiento”. Por eso, recientemente han optado por eliminar las 20 hectáreas afectadas.
Esto tiene un coste adicional de 2.500 euros por hectárea aunque tienen la opción de cobrar una ayuda de 4.000 euros. Luego, su intención es la de vender los terrenos por entre 5.000 y 7.000 euros la hectárea. Por el momento, no tienen a nadie interesado. “Las viñas no llaman la atención”, constata Marisa Roberts.