Sentencias

La Seguridad Social defendía que el grado de incapacidad permanente que le correspondía era total, que da lugar a una pensión más baja.

El Alto Tribunal explica que no se puede aplicar el recargo del 10% recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ya que que la prestación por baja médica es una indemnización de la Seguridad Social y no una retribución salarial.

La justicia confirma que la mujer vendió su participación en la vivienda familiar y no puede exigir ahora su reparto.

La trabajadora acumulaba más de 41 años de vida laboral entre dos países y la Seguridad Social le denegó la jubilación en España pese a tener reconocida una incapacidad absoluta.

La empresa acreditó razones objetivas que acreditaban un comportamiento inadecuado del trabajador.

Aunque alegó que la reclamación de 11.118 euros había prescrito por el paso del tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictamina que su propia solicitud administrativa reactivó la obligación de pago.

El Alto Tribunal establece que aplicar "coeficientes de parcialidad" para calcular el acceso a la pensión castiga doblemente al empleado y es discriminatorio. Un día de trabajo cuenta como un día cotizado para acceder a la prestación, duren lo que duren las horas.

La justicia da la razón a la heredera y sentencia que las acciones y el dinero no forman parte del ajuar, obligando a recalcular la deuda tributaria a la baja al restar estos activos de la base imponible.

Un error de procedimiento de la empresa permitió al empleado, que dio 1,3 g/l de alcohol en sangre, ganar el juicio por despido improcedente.

El trato degradante sufrido a lo largo del tiempo le provocó un perjuicio en su carrera profesional como gestor de empresas.

El tribunal aclara que no era responsabilidad de la madre notificar esta situación y pone el foco en la demora de la Seguridad Social: al haber tardado más de cuatro años en detectar esos pagos supuestamente indebidos, la justicia ha declarado que la reclamación está prescrita.

El TSJ de Madrid declara extinguido el contrato, ya que sufrió una modificación sustancial de condiciones "desproporcionada”, pasando de dirigir un equipo audiovisual a vender ropa en tienda, perdiendo más de 36.000 euros anuales.

El dueño del inmueble, como responsable urbanístico del mismo, es quien debe ejecutar la demolición, aunque no viviera allí ni autorizara las obras.

La justicia rechaza la mayoría de la reclamación por falta de prueba suficiente y recuerda que corresponde al coheredero acreditar que se trata de donaciones colacionables.

Esta mujer cobraba el 100% de la pensión de viudedad, pero tras una sentencia que reconoció a la primera esposa como beneficiaria por violencia de género, la Seguridad Social le reclama todo lo cobrado en exceso durante los últimos años.

La justicia rechaza que la instalación en su propiedad fuera imprescindible y recuerda que, no debe imponerse una carga si existe otra solución en elementos comunes.

La empresa no le comunicó formalmente la asignación de su nuevo puesto de trabajo, lo que determina que el despido se declare improcedente.

Los trabajadores alegaron que el despido debía ser improcedente porque estaban afiliados a CCOO y se había incumplido el trámite de audiencia previa, pero para la justicia sí se realizó.

El TSJ de Murcia considera que no se puede apreciar un incumplimiento del colegio en materia de prevención.

El Alto Tribunal explica que, según la Ley 15/2022, tras agotar la duración máxima de incapacidad temporal y no obtener la permanente, no se puede extinguir el contrato por motivos de salud sin realizar "ajustes razonables”, ya que es discriminatorio.

Además, no utilizaba el calzado de seguridad proporcionado por la empresa.

La justicia confirma que el dinero fue donado en vida y como la sobrina no era una heredera forzosa, la donación no es colacionable y ese dinero no forma parte de la herencia.

La ruptura del precontrato le privó de un empleo estable y del salario que habría percibido de haberse respetado la oferta, que era superior al de su anterior trabajo.

El Alto Tribunal aclara que la adscripción voluntaria a las medidas de un despido colectivo no convierte el cese en voluntario, obligando a la Seguridad Social a abonar el plus por aportación demográfica.

El INSS se la había denegado porque había tenido un vínculo matrimonial con otra persona durante los dos años anteriores al fallecimiento.

La justicia niega que existiera una donación y considera que el hermano tiene derecho a que le devuelvan el dinero que pagó, ya que la deuda era de su hermano, aunque afectase a la vivienda.

El hombre construyó la casa en el terreno sin licencia pese a saber que estaba prohibido y le habían advertido de ello.

La justicia declara nulo el sistema de cierre del tipo de interés por falta de transparencia y otras cláusulas de la hipoteca por ser abusivas.

La justicia considera que existía un negocio fiduciario y que el inmueble debe computarse en el caudal hereditario a repartir entre todos los herederos.

El TSJ de Castilla y León declaró el despido procedente por transgresión de la buena fe contractual.

Para el Tribunal, el dolor crónico derivado de sus múltiples cirugías le impide realizar cualquier trabajo, incluso los sedentarios, con un mínimo de "profesionalidad, rendimiento y eficacia".

Una persona suplantó la identidad del consumidor y contrajo una deuda en el supermercado en su nombre.

La justicia considera que no se vulneró el principio de igualdad y que no puede compararse su obra con otras que sí fueron aprobadas por la junta

El Tribunal Supremo rechaza que el silencio del heredero equivalga a una aceptación tácita de la herencia.

La Seguridad Social vio que el jubilado ni había presentado la declaración de ingresos obligatoria y que sus ingresos duplicaban el límite para mantener este complemento.

Para la justicia, no quedó acreditado el acoso laboral que denunciaba la gerente del supermercado, por lo que rechazaron concederle la extinción de contrato con indemnización como solicitaba.

Este permiso es retribuido pero la empresa lo consideró como faltas injustificadas porque tenía días de asuntos pendientes de disfrutar. Ahora deben abonárselos con intereses.

La justicia confirma que no hubo daños acreditados y muchos correspondían al uso normal, además de que no se probó que los causaran los animales.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado el carácter indefinido de la pensión compensatoria, al considerar "futurismo" pensar que pueda encontrar empleo a su edad, aunque rebaja la cuantía al tener en cuenta la liquidación de la vivienda familiar.

El TSJ de Cataluña establece que se le debe aplicar la doctrina del paréntesis e interpretar la norma con perspectiva de género.

El trabajador alegó que la empresa no había acreditado que actuó con intención de dañar el electrodoméstico y sostuvo que el golpe fue accidental y no un intento de provocar una merma.

La Justicia considera que la presencia de este profesional, que era anestesiólogo, era esencial durante la intervención ya que debía supervisar a sus compañeros.

Su profesión era de peón agrícola, una profesión que exige grandes esfuerzos físicos y que, según la justicia, no puede desempeñar.

La obra alteraba la configuración exterior del inmueble y vulneraba la Ley de Propiedad Horizontal al haberse hecho sin permiso de la comunidad.

El retraso en la instalación del ascensor no fue solo culpa de la comunidad y no puede considerarse que se diera un trato discriminatorio respecto al resto de vecinos.

El Tribunal Supremo, en base a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, permite a Renfe aplicar esta reducción.

El Alto Tribunal confirma que estos tributos pueden exigirse si están individualizados, sin necesidad de detallar la cuantía en el contrato.

A pesar de que la Seguridad Social denegó la pensión por no cumplir el requisito de convivencia, el tribunal lo corrigió al quedar demostrado que convivio con el fallecido como pareja antes del matrimonio.

El Alto Tribunal sentencia que excluir a los interinos de estas mejoras voluntarias carece de "justificación objetiva" y vulnera el principio de no discriminación, ya que el perjuicio sufrido es idéntico al de los empleados fijos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma que no se puede excluir el beneficio fiscal solo porque la transferencia se hiciera desde una sociedad si esta era propiedad de los donantes.

El Alto Tribunal explica que la Seguridad Social no puede denegar la prestación económica basándose únicamente en que es una "recaída", sino que debe evaluar y justificar si el trabajador ha recuperado realmente su capacidad laboral.

El propietario quiso quedarse con la totalidad de la fianza para cubrir el coste de las reparaciones, pero la mayoría de ellas se hicieron para mejorar el local, no para reparar daños.

El TSJ de Valencia le dio la razón y falló que no se puede excluir la aplicación de esa compensación a este caso aunque la LGSS la supedite a la existencia de hijos o hijas nacidos o adoptados. Sin embargo, el INSS ha recurrido en casación.

En el convenio los hechos se califican como una falta grave, no muy grave, determinando el TSJ de Canarias que no reunía la gravedad suficiente para aplicar el despido disciplinario.

La justicia les confirma que deben ser reconocidas como herederas forzosas, pero no anula el testamento. Les recuerda que heredar no garantiza obtener bienes si el caudal hereditario está en negativo.

El tribunal explicó que la empresa no garantizó su derecho de defensa mediante un simple correo electrónico y que actuó contra sus propios actos al haber permitido previamente el cambio de horario.

Los demandantes aportaron informes genealógicos y certificados culturales pero no fue suficiente para demostrar una “especial vinculación” con España.

La justicia aclara que basta con heredar para tener derecho al uso y que no hay prescripción mientras no se extinga el condominio.

Para la justicia, supone una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza. Además, tenía sanciones previas por abandono de su puesto de trabajo.

El Tribunal Supremo le da la razón porque el artículo 8.3 del Real Decreto 1132/2002 establece que al ser una jubilación flexible, la viuda tiene derecho a optar por la base reguladora más alta sumando las nuevas cotizaciones.