Sentencias

Aunque los productos sustraídos eran de poco valor, para la justicia se produjo una transgresión de la buena fe contractual que justifica el despido.

La entidad ha sido condenada por no informar adecuadamente en la contratación de un ‘swap’ ligado a un préstamo hipotecario.

El empleado utilizaba la negativa a descansar para abandonar su puesto antes de la hora establecida; el tribunal califica su conducta como desobediencia grave y culpable tras haber sido sancionado previamente.

El banco tendrá que formalizar en escritura pública un contrato privado firmado en 1987, tras constatar que nunca reclamó el pago pendiente ni ejercitó la resolución.

El empleado utilizó la tarjeta de su mujer y de otros clientes para realizar operaciones ficticias y alcanzar los objetivos comerciales del reto "MyCommerce".

La justicia confirmó que la cadena de supermercados no acreditó una limpieza diaria eficaz del suelo, con el riesgo de caídas que supone.

La Seguridad Social reclamó a la pensionista el dinero por seguir cobrando la jubilación parcial tras cumplir los 65 años, pero el tribunal entiende que fue un error de la Administración y que el cobro no fue "indebido" sino "incorrecto".

La Audiencia Provincial la condena a la profesional sanitaria por dos delitos de descubrimiento de secretos tras acceder repetidamente al sistema IANUS para consultar datos de una conocida y su hijo menor sin autorización, vulnerando su intimidad más estricta.

El Alto Tribunal asienta doctrina y obliga a devolver todas las cotizaciones pagadas desde que los médicos proponen la invalidez si la Administración la deniega por error.

El TSJ de Madrid ha declarado el despido nulo, por lo que la empresa finalmente debía readmitirle y abonarle los salarios de tramitación.

La exoneración del pasivo insatisfecho libera al deudor, pero no elimina la hipoteca constituida por un tercero, que el banco podrá seguir ejecutando.

La Audiencia confirma que la instalación invadía una zona de paso del garaje y parte del espacio de otra plaza, dificultando el acceso su trastero.

La justicia confirma que actuó con pleno conocimiento de la ilegalidad porque no pudo demostrar la consulta sobre las obras al Ayuntamiento.

El Alto Tribunal establece que la obligación patronal de mejorar la prestación económica de la Seguridad Social se extingue al cumplirse el año de baja, al cesar el mecanismo de pago delegado y no existir norma legal que imponga su prórroga automática.

Aunque mantenían una relación sentimental, el tribunal considera que sí existía relación laboral, al acreditarse dependencia y ajenidad.

La justicia considera que no incluir las donaciones que el hijo había recibido en la demanda impedía tomar una decisión justa y completa.

La Seguridad Social había denegado el grado de gran invalidez al considerar que el cuadro clínico del trabajador no suponía un empeoramiento que requiriera la ayuda de una tercera persona.

Las subidas de alquiler deben comunicarse de forma fehaciente y solo son válidas desde que se notifican correctamente.

Ingresó en la residencia por un empeoramiento de salud y, para la justicia, estas circunstancias implican una modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que justifican la extinción del contrato.

El tribunal explica que una prestación ya reconocida no puede verse afectada por requisitos legales posteriores, por lo que sí se puede cobrar ambas pensiones.

El fallo fue provocado por una regleta defectuosa instalada por el propio inquilino, por lo que no corresponde al casero pagarle nada porque no es responsable.

La trabajadora causó un perjuicio económico a la empresa de 4.797,07 euros.

El vecino ya alquilaba la vivienda desde antes de la entrada en vigor de la nueva redacción de la LPH y la justicia considera que solo puede aplicarse la subida a nuevos pisos turísticos, no a los que lo hacían de antes.

La justicia confirma que existió una transgresión de la buena fe contractual, lo que justifica el despido aunque no hubiera un gran perjuicio económico.

Pese a que el error administrativo fue imputable a la Seguridad Social, que tenía los datos y tardó casi 20 años en detectar la incompatibilidad, el Tribunal dictamina que la familia debe asumir los cuatro últimos años.

La trabajadora de Mercadona alegó que padecía un trastorno depresivo grave y fibromialgia, entre otras dolencias que anulaban su capacidad laboral, motivo por el cual el TSJ de Asturias ha ratificado la incapacidad permanente absoluta.

La justicia considera que la pérdida total del olfato, sumada a problemas lumbares y de ansiedad, hace imposible que el trabajador ejerza su profesión con seguridad al no poder detectar fugas de gas o humo, por lo que le reconocen la incapacidad permanente total con una base reguladora de 1.615,12 euros.

Una de las claves es que el trabajador impugnó el despido antes de que se lo comunicaran, lo que demuestra el pacto con la empresa.

Aunque la cuenta era conjunta, los fondos eran exclusivamente del fallecido y al no haber una donación o copropiedad real tendrá que devolver el dinero para que se reparta entre los herederos.

La mujer cobró el paro durante tres periodos y debe devolver el primero de ellos al existir fraude, siendo un despido simulado para acceder a la prestación.

Los consumos eléctricos y de agua pueden demostrar que una vivienda no fue habitada de forma permanente, aunque el contribuyente estuviera empadronado en ella.

La empresa demostró que el despido respondía a razones objetivas de producción y organización ajenas a su situación de baja médica.

El Alto Tribunal explica que para acceder a la pensión, los días trabajados a tiempo parcial deben computarse como días completos, eliminando la penalización que sufrían estos trabajadores al calcular su periodo de carencia.

El Alto Tribunal ratifica que el plazo fijado en la resolución es un límite infranqueable para iniciar el expediente, protegiendo la seguridad jurídica del beneficiario.

La omisión del proceso de negociación supone la concesión judicial de la adaptación solicitada por el trabajador, a no ser que esta sea irracional o desproporcionada.

La acción de restitución no prescribe hasta que no se declara nula la cláusula abusiva, según doctrina del TJUE.

La trabajadora aprovechaba la confianza de los clientes para gestionar sus cuentas de forma irregular y evitar que aparecieran descubiertos.

El Tribunal explica que la Seguridad Social no puede reclamar cobros indebidos de una resolución provisional que ya estuviera fuera de plazo.

El Tribunal explica que, a pesar del contagio por coronavirus y las dificultades administrativas de la pandemia, estas circunstancias no eximen de la obligación de comunicar la salida al extranjero.

La justicia considera que debe pagar la compensación a la que se había comprometido, ya que al quedar reflejada en la escritura tenía fuerza contractual.

La empresa no acreditó en la carta de despido los incumplimientos que justificaban supuestamente el despido.

El Alto Tribunal aclara que las uniones de hecho no pueden equipararse al matrimonio para perjudicar al ciudadano en el cálculo de rentas del subsidio por desempleo ya que “la interpretación literal de la ley protege al beneficiario frente a las exigencias de devolución de la Administración”.

Para el tribunal, el traslado de residencia fue "ficticio y fraudulento", ya que el contribuyente mantenía en España cuatro inmuebles, todas sus cuentas bancarias y percibía pensiones de organismos públicos españoles.

La mujer cobraba menos que sus otros compañeros, todos jefes de departamento, y contaba también con menos incentivos.

El Alto Tribunal permite dejar de lado las gratificaciones extraordinarias a quienes ya no están en la empresa dado que estos pagos no tienen naturaleza de salario base y dependen de requisitos de permanencia pactados.

La justicia ordena recalcular el impuesto debido a que dinero y participaciones no pueden incluirse en el cálculo del ajuar doméstico de la herencia.

Las acciones recibidas tenían un valor de 74.600 euros, frente a los 112.000 euros invertidos al principio.

Para el tribunal, la anulación total de su brazo dominante, sumada a una depresión severa e incontinencia urinaria grave, le hacía imposible realizar no solo su actividad laboral habitual sino cualquier tipo de trabajo.

Para la justicia, el informe de los detectives privados es válido porque la vigilancia cumplió los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Tener una segunda vivienda en propiedad no justifica el fin del arrendamiento si esta no estaba libre y a disposición del inquilino en los meses previos a la demanda.

El Tribunal da la razón al SEPE, que le retiró la prestación por desempleo al considerar que hay fraude de ley.

La venta conjunta de varios inmuebles no elimina el derecho de retracto cuando el arrendatario no ha sido informado previamente de la operación.

La justicia confirma la multa para los ocupantes que alteraron la estructura de la vivienda y el terreno anexo alegando un permiso familiar inexistente.

El Supremo explica que exigir el reintegro de una prestación de subsistencia años después, cuando el fallo fue exclusivamente de la Administración, impone una "carga desproporcionada" al ciudadano. La buena fe y la necesidad económica protege el cobro aunque fuera indebido.

Para el TSJ de Cantabria, “incapacita física y psíquicamente a cualquier trabajador para asumir con sometimiento a horarios fijos y a rendimientos predeterminados”.

El tribunal obliga a la madre a pagar al hijo una pensión de alimentos al hijo mayor de edad, que se había mudado a vivir con el padre.

El TSJ del País Vasco confirma que las fotografías tomadas en un club de acceso restringido vulneraron el derecho a la intimidad del trabajador.

La justicia ordena la retirada del toldo porque los estatutos de la comunidad prohibían expresamente cubrir estos espacios.

La empresa intentó dejar sin efectos el primer despido y, en ambos casos, lo justificaron en que el trabajador había realizado ejercicio durante una baja por cervicalgia.

El Tribunal explica que lo determinante para aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación es la naturaleza penosa y peligrosa de la actividad aérea realizada, la cual es idéntica a la del sector privado, por lo que excluirle únicamente por tener un empleador público supondría una discriminación injustificada.