Sentencias

El TSJ del País Vasco declaró nulo el despido, al considerar que la conducta imputada al trabajador no era lo suficientemente grave ni estaba suficientemente acreditada.

La Seguridad Social denegó el acceso a la jubilación anticipada por no cumplir la edad mínima legal exigida, al no considerar al solicitante en situación asimilada al alta, algo que el TSJ tuvo que corregir.

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias reconoció la incapacidad permanente total para su profesión habitual, con derecho a una pensión vitalicia del 55% de su base reguladora, fijada en los 1.606,63 euros.

La mujer originaria de Marruecos no demostró un suficiente grado de integración en España al no saber responder unas preguntas fáciles en una entrevista con el Juez Encargado del Registro Civil de Huelva.

El TSJ de Aragón considera que la gran cuantía de muestras sin justificar, así como la comparación con otros córners, acreditan deslealtad y abuso de la confianza.

En menos de dos años de relación se transfirio más de 215.000 euros.

La sentencia establece que intimidar a un agente de la Benemérita no es un atentado, y elimina los 6 meses de cárcel a los que fue condenado un vecino de Córdoba.

Los herederos no comunicaron, en este caso al Instituto Nacional de la Seguridad Social, el fallecimiento de su padre, lo que permitió que se siguiera abonando la pensión durante 15 años.

La actividad estaba recomendada por el médico. El TSJ del País Vasco confirmó la nulidad por discriminación por razón de enfermedad.

Considera que la instalación del ascensor no es indispensable y que hay otras formas más baratas de garantizar la accesibilidad al edificio.

El empleado utilizó su posición para favorecer a una empresa de su propiedad y obtener beneficios económicos por ello sin conocimiento de El Corte Inglés.

El SEPE suspendió la prestación por salir más de 15 días al extranjero sin informar, lo que supuso una infracción grave.

El Tribunal Supremo reitera que, en los despidos posteriores al 18 de noviembre de 2024, es obligatorio realizar el trámite de audiencia previa.

La Seguridad Social le denegó el complemento de maternidad en su pensión algo que es discriminatorio según Tribunal Supremo.

El TSJ de Castilla y León considera que las actividades no eran incompatibles con la baja ni con el tratamiento rehabilitador que le habían indicado.

El TSJ de Cantabria consideró que los hechos suponían una falta muy grave de a transgresión de la buena fe contractual y del abuso de confianza.

El TSJ da la razón a CajaMar a pesar de que el empleado alego que las operaciones se hicieron con autorización de la clienta.

La Seguridad Social determino que las dolencias del demandante no alcanzaban un grado suficiente de limitación funcional para impedirle ejercer su profesión.

El Constitucional consolida su doctrina y reconoce a 4 madres solteras un permiso de 26 semanas por nacimiento y cuidado del menor, absorbiendo las del segundo progenitor. El INSS se los había denegado.

La Seguridad Social detectó, a través de los datos fiscales y patrimoniales, que la beneficiaria tenía bienes que excedían los límites establecidos para percibir el Ingreso Mínimo Vital.

El afectado pide una indemnización de casi 5.000 euros a la compañía aérea por el perjuicio que le ocasionó cuando intentaba reservar un vuelo desde Berlín a Gran Canaria.

La Seguridad Social aplicó el coeficiente de parcialidad, teniendo el Tribunal que dictaminar que dicho criterio es discriminatorio.

El trabajador se adhirió voluntariamente al despido objetivo pero cuando supo del nuevo servicio, reclamó que se le había ocultado esa información y se había “viciado” su decisión.

El TSJ de Andalucía consideró que las lesiones sufridas afectaban a su capacidad para trabajar en su puesto habitual en Mercadona, por lo que se le reconoció la incapacidad permanente parcial.

El TSJ de Navarra declara el despido disciplinario nulo ya que el colegio no acreditó ninguna causa real. Sí se demostró que sufrió acoso laboral.

La empresa notificó la sanción cuando esta había prescrito, por lo que el despido fue declarado improcedente.

El trabajador alegó que la empresa conocía su afiliación sindical y no le permitió una audiencia previa, pero el TSJ desestimó su recurso.

El Supremo da la razón a un trabajador que decidió renunciar a la pensión de jubilación para mejorarla y cobrarla más tarde donde la cotización era mayor.

El Supremo recuerda que no se puede modificar el porcentaje de presencialidad unilateralmente y que la compensación de gastos es un derecho reconocido en la ley de Trabajo a Distancia.

La Seguridad Social explicó que la demandante no cumplía con los requisitos legales para la pensión de viudedad, a pesar de haber convivido 30 años con su pareja y tener hijos en común.

Las escaleras habían sido modificadas sin licencia y suponían un peligro para los usuarios. Tras la caída, el vecino sufrió lesiones cerebrales.

El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación del ex director al no existir contradicción con las sentencias referenciales y confirma la procedencia del despido.

Según LIDL, la modificación de la planificación horaria sin autorización alteró la operativa del establecimiento en días de alta demanda, lo que motivó el despido disciplinario de la trabajadora.

La justicia considera que no existe apropiación indebida y que corresponde a la vía civil determinar a quién pertenece la titularidad de los fondos que había en la cuenta conjunta.

El TSJ explicó que no era un despido, sino una suspensión del contrato, ya que la trabajadora estaba a la espera de que la Seguridad Social emitiera una resolución sobre sobre su incapacidad permanente

El SEPE reclamó el dinero porque el beneficiario no demostró en qué gastó los fondos al capitalizar la prestación.

El TSJ de Madrid confirma la improcedencia del despido porque la empresa superó el plazo legal de 60 días para sancionarlo.

En el cuaderno particional se había incluido un saldo de una de las cuentas del fallecido menor al que correspondía, pese a que el mismo había sido fijado en sentencias previas.

La Seguridad Social se la denegó porque su patologías no derivaban de un accidente laboral y sí, de una enfermedad común.

El trabajador avisó de su baja voluntaria con 15 días de antelación y comunicó que durante este periodo estaría disfrutando de sus vacaciones.

La condenada no comunicó el fallecimiento de su abuela, ocurrido en 1994, y siguió cobrando su pensión hasta 2016, por lo que el TSJA confirma su condena a devolver el dinero y a dos años de prisión.

Estas irregularidades constituyen una transgresión de la buena fe contractual y abuso de la confianza.

El primer despido se declaró nulo al estar la trabajadora embarazada y, el segundo, porque se vio vulnerado su derecho a la garantía de indemnidad.

El coche de su padre estaba matriculado en Bélgica para pagar el impuesto de circulación en su país.

El Tribunal sostiene que los Estados miembros podrán establecer una fecha límite para reclamar la devolución del pago, aunque la reclamación de la nulidad no tenga plazo.

Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo defiende que los jueces nacionales están obligados a seguir la interpretación del derecho de la Unión Europea.

El jubilado reclama el complemento de maternidad y los atrasos no devengados, a lo que la Seguridad Social contestó que este había prescrito.

El TSJ de Andalucía ve discriminación por razón de edad que los empleados más jóvenes tengan menos indemnización.

El SEPE suspendió la prestación por irse más de 15 días al extranjero y no comunicarlo, lo que supuso una infracción grave.

El heredero alegaba que Hacienda realizó la liquidación basándose en una norma declarada inconstitucional, pero la justicia considera que la misma no había sido declarada como tal.

Además, abandonó su puesto de trabajo sin autorización e hizo un uso indebido de la tarjeta de empresa.

La Seguridad Social explicó que las cotizaciones del subsidio para mayores de 52 años cuenta para el cálculo de la pensión, pero no para acreditar el período mínimo de cotización.

El trabajador reclamó horas extra, vacaciones, nocturnidad y festivos no pagados, dándole el TSJ de Madrid porque la empresa no aporto pruebas que lo desacreditaran.

El importe a devolver del préstamo se incrementó en más de 5.000 euros y un Juzgado declara la nulidad el contrato por falta de transparencia y el carácter abusivo del mismo.

El TSJ de Castilla‑La Mancha determinó que el trabajador no actuó correctamente y las pruebas como las cámaras ocultas eran totalmente válidas.

El despido debía de ser nulo de por sí porque fue emitido mientras el empleado disfrutaba de su permiso de paternidad, pero hay otros motivos.

El TSJ de Galicia sanciona la trabajador con la pérdida de la prestación por incapacidad temporal por tres meses, además de la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.

La empresa se lo denegó por “causas organizativas”, pero no las acreditó. Además, había 13 vacantes de mañana que decidieron amortizar.

La justicia considera que estos alquileres fueron destinados al uso como vivienda y el propietario tiene derecho a aplicarse la deducción del 60%.

El pensionista, beneficiario de una pensión no contributiva de jubilación, viajó a Nigeria por 184 días en un año, incumpliendo así el requisito de residencia legal en España.