Sentencias

La Justicia declara procedente el despido, que se produjo en una tienda Supeco, perteneciente al grupo Carrefour.

La justicia considera que los inquilinos tienen que asumir los costes del mantenimiento del jardín y las pequeñas averías, permitiendo a los propietarios retener la mayor parte del depósito.

El Alto Tribunal aclara que si el trabajador solicita el cambio de contingencia (de enfermedad común a profesional) fuera de plazo, solo recuperará la diferencia económica de los últimos 90 días, aplicando la regla de retroactividad máxima de la Ley General de la Seguridad Social.

Sabía que los gatos se escapaban de casa y saltaban al patio de las vecinas y no puso medidas pese a las advertencias.

El trabajador que ocupaba un puesto como coordinador, intentó anular el despido alegando que las cámaras no podían usarse para sancionarle y que no fue escuchado antes del despido, lo que vulneraba sus derechos.

La mujer, además, alegó discriminación en el despido por llevarse a cabo cuando estaba de baja.

La justicia considera que la sobrina ya había devuelto el dinero porque el anciano firmó un recibí que acreditaba la devolución.

La Justicia explica que el procedimiento de ejecución hipotecaria no es el lugar para discutir si el padre fallecido entendió el producto o si este era idóneo para él, confirmando la validez de la reclamación bancaria.

El tribunal valoró que la anciana había realizado obras importantes en el chalet donde residía, siendo confirmado por uno de los directores del banco donde tenía su dinero.

La justicia recuerda que, aunque el patio tuviera uso privativo, su modificación requería autorización de la comunidad, que había sido revocada por no cumplir con las condiciones exigidas.

El Tribunal recuerda que las entidades deben ejecutar la orden de pago conforme al número de cuenta facilitado por el cliente, sin estar obligadas a comprobar el nombre del beneficiario.

Insultaba a sus compañeros (con faltas graves como “hijo de puta”), les faltaba el respeto e incluso llegó a abandonar su puesto de trabajo.

La justicia considera que la entidad retuvo indebidamente los fondos pese a que ya se había presentado la liquidación del impuesto de sucesiones.

La justicia concluye que no se limitó no solo a pagar, sino que su conducta encajaba en el tipo penal porque demostraba un ánimo defraudatorio claro.

La Seguridad Social defendía que el grado de incapacidad permanente que le correspondía era total, que da lugar a una pensión más baja.

El Alto Tribunal explica que no se puede aplicar el recargo del 10% recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ya que que la prestación por baja médica es una indemnización de la Seguridad Social y no una retribución salarial.

La justicia confirma que la mujer vendió su participación en la vivienda familiar y no puede exigir ahora su reparto.

La trabajadora acumulaba más de 41 años de vida laboral entre dos países y la Seguridad Social le denegó la jubilación en España pese a tener reconocida una incapacidad absoluta.

La empresa acreditó razones objetivas que acreditaban un comportamiento inadecuado del trabajador.

Aunque alegó que la reclamación de 11.118 euros había prescrito por el paso del tiempo, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria dictamina que su propia solicitud administrativa reactivó la obligación de pago.

El Alto Tribunal establece que aplicar "coeficientes de parcialidad" para calcular el acceso a la pensión castiga doblemente al empleado y es discriminatorio. Un día de trabajo cuenta como un día cotizado para acceder a la prestación, duren lo que duren las horas.

La justicia da la razón a la heredera y sentencia que las acciones y el dinero no forman parte del ajuar, obligando a recalcular la deuda tributaria a la baja al restar estos activos de la base imponible.

Un error de procedimiento de la empresa permitió al empleado, que dio 1,3 g/l de alcohol en sangre, ganar el juicio por despido improcedente.

El trato degradante sufrido a lo largo del tiempo le provocó un perjuicio en su carrera profesional como gestor de empresas.

El tribunal aclara que no era responsabilidad de la madre notificar esta situación y pone el foco en la demora de la Seguridad Social: al haber tardado más de cuatro años en detectar esos pagos supuestamente indebidos, la justicia ha declarado que la reclamación está prescrita.

El TSJ de Madrid declara extinguido el contrato, ya que sufrió una modificación sustancial de condiciones "desproporcionada”, pasando de dirigir un equipo audiovisual a vender ropa en tienda, perdiendo más de 36.000 euros anuales.

El dueño del inmueble, como responsable urbanístico del mismo, es quien debe ejecutar la demolición, aunque no viviera allí ni autorizara las obras.

La justicia rechaza la mayoría de la reclamación por falta de prueba suficiente y recuerda que corresponde al coheredero acreditar que se trata de donaciones colacionables.

Esta mujer cobraba el 100% de la pensión de viudedad, pero tras una sentencia que reconoció a la primera esposa como beneficiaria por violencia de género, la Seguridad Social le reclama todo lo cobrado en exceso durante los últimos años.

La justicia rechaza que la instalación en su propiedad fuera imprescindible y recuerda que, no debe imponerse una carga si existe otra solución en elementos comunes.

La empresa no le comunicó formalmente la asignación de su nuevo puesto de trabajo, lo que determina que el despido se declare improcedente.

Los trabajadores alegaron que el despido debía ser improcedente porque estaban afiliados a CCOO y se había incumplido el trámite de audiencia previa, pero para la justicia sí se realizó.

El TSJ de Murcia considera que no se puede apreciar un incumplimiento del colegio en materia de prevención.

El Alto Tribunal explica que, según la Ley 15/2022, tras agotar la duración máxima de incapacidad temporal y no obtener la permanente, no se puede extinguir el contrato por motivos de salud sin realizar "ajustes razonables”, ya que es discriminatorio.

Además, no utilizaba el calzado de seguridad proporcionado por la empresa.

La justicia confirma que el dinero fue donado en vida y como la sobrina no era una heredera forzosa, la donación no es colacionable y ese dinero no forma parte de la herencia.

La ruptura del precontrato le privó de un empleo estable y del salario que habría percibido de haberse respetado la oferta, que era superior al de su anterior trabajo.

El Alto Tribunal aclara que la adscripción voluntaria a las medidas de un despido colectivo no convierte el cese en voluntario, obligando a la Seguridad Social a abonar el plus por aportación demográfica.

El INSS se la había denegado porque había tenido un vínculo matrimonial con otra persona durante los dos años anteriores al fallecimiento.

La justicia niega que existiera una donación y considera que el hermano tiene derecho a que le devuelvan el dinero que pagó, ya que la deuda era de su hermano, aunque afectase a la vivienda.

El hombre construyó la casa en el terreno sin licencia pese a saber que estaba prohibido y le habían advertido de ello.

La justicia declara nulo el sistema de cierre del tipo de interés por falta de transparencia y otras cláusulas de la hipoteca por ser abusivas.

La justicia considera que existía un negocio fiduciario y que el inmueble debe computarse en el caudal hereditario a repartir entre todos los herederos.

El TSJ de Castilla y León declaró el despido procedente por transgresión de la buena fe contractual.

Para el Tribunal, el dolor crónico derivado de sus múltiples cirugías le impide realizar cualquier trabajo, incluso los sedentarios, con un mínimo de "profesionalidad, rendimiento y eficacia".

Una persona suplantó la identidad del consumidor y contrajo una deuda en el supermercado en su nombre.

La justicia considera que no se vulneró el principio de igualdad y que no puede compararse su obra con otras que sí fueron aprobadas por la junta

El Tribunal Supremo rechaza que el silencio del heredero equivalga a una aceptación tácita de la herencia.

La Seguridad Social vio que el jubilado ni había presentado la declaración de ingresos obligatoria y que sus ingresos duplicaban el límite para mantener este complemento.

Para la justicia, no quedó acreditado el acoso laboral que denunciaba la gerente del supermercado, por lo que rechazaron concederle la extinción de contrato con indemnización como solicitaba.

Este permiso es retribuido pero la empresa lo consideró como faltas injustificadas porque tenía días de asuntos pendientes de disfrutar. Ahora deben abonárselos con intereses.

La justicia confirma que no hubo daños acreditados y muchos correspondían al uso normal, además de que no se probó que los causaran los animales.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado el carácter indefinido de la pensión compensatoria, al considerar "futurismo" pensar que pueda encontrar empleo a su edad, aunque rebaja la cuantía al tener en cuenta la liquidación de la vivienda familiar.

El TSJ de Cataluña establece que se le debe aplicar la doctrina del paréntesis e interpretar la norma con perspectiva de género.

El trabajador alegó que la empresa no había acreditado que actuó con intención de dañar el electrodoméstico y sostuvo que el golpe fue accidental y no un intento de provocar una merma.

La Justicia considera que la presencia de este profesional, que era anestesiólogo, era esencial durante la intervención ya que debía supervisar a sus compañeros.

Su profesión era de peón agrícola, una profesión que exige grandes esfuerzos físicos y que, según la justicia, no puede desempeñar.

La obra alteraba la configuración exterior del inmueble y vulneraba la Ley de Propiedad Horizontal al haberse hecho sin permiso de la comunidad.

El retraso en la instalación del ascensor no fue solo culpa de la comunidad y no puede considerarse que se diera un trato discriminatorio respecto al resto de vecinos.

El Tribunal Supremo, en base a la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, permite a Renfe aplicar esta reducción.