Derecho laboral

Quien desempeñe funciones propias de un puesto superior de forma continuada tiene derecho a percibir sus retribuciones complementarias correspondientes.

Hay aspectos clave como el preaviso de las citas, el alta médica o los gastos por desplazamiento que muchos trabajadores desconocen.

El tribunal consideró que la empresa consentía el consumo ocasional de productos y que la conducta no fue lo suficientemente grave para justificar el despido.

El tribunal confirma que la trabajadora y una empresa ficticia simularon una relación laboral de una semana con el único fin de generar fraudulentamente el derecho al subsidio por desempleo.

El trabajador amenazó con iniciar una nueva baja médica porque “estaba hasta los huevos del trabajo”. Para la justicia, supone un quebranto de la buena fe contractual.

El trabajador alegó que se había mudado a casa de su madre para cuidarla y se le acumuló el correo, así como que tenía un parte de su médico de cabecera de una revisión.

Los trabajadores no pueden perder parte de su nómina por disfrutar de sus días de permiso, por lo que deben percibir los complementos habituales que habrían cobrado de haber trabajado, según establece el Alto Tribunal.

Este permiso está pensado para casos como enfermedad grave, accidente u otras circunstancias imprevisibles.

El sindicato denuncia un “abuso laboral” y pide retirar el despido colectivo de 750 trabajadores.

Los sindicatos plantean indemnizaciones más altas, mayor control del periodo de prueba y reforzar el papel del Estado en vivienda y negociación colectiva.

El anteproyecto incorpora de forma expresa los riesgos psicosociales y la salud mental en el trabajo y estará en consulta pública hasta el 8 de abril.

El despido es nulo, disfrutando el trabajador de una reducción de jornada para cuidar de su hijo, y deben readmitirle y pagarle los salarios de tramitación.

La Audiencia concluye que captó a varios trabajadores con una oferta “ventajosa” que luego derivó en salarios por debajo de convenio, falta de alta en la Seguridad Social y viviendas “insalubres”.

La justicia determina que fijar distintas indemnizaciones por tramos de edad es legal atendiendo al perjuicio económico mayor que sufren los más jóvenes.

El Estatuto de los Trabajadores blinda la conciliación familiar; cualquier intento de cese por parte de la empresa será considerado nulo de pleno derecho, garantizando la permanencia en el puesto.

El abogado explica que el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores obliga a la empresa a justificar cualquier rebaja salarial y detalla los dos caminos legales que tiene el trabajador cuando eso no ocurre

Apeló a los supuestos previstos en el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores, pero no pudo probar los vínculos familiares o ‘colaboración gratuita’.

La prima anual por objetivos se puede reducir proporcionalmente a los días efectivamente trabajados, pero no se puede excluir los períodos de baja a la hora de acceder a la misma.

La compensación no se considera prescrita porque la compañía no demostró que hubiera actuado con diligencia para incitar al trabajador a disfrutar de sus vacaciones de forma efectiva.

El Tribunal Supremo explica que cobrar una prestación por incapacidad temporal debe contar como equivalente a la actividad laboral a efectos de renovar la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena.

Un juzgado de Almería declara improcedente la extinción al entender que la empresa puso fin a la relación laboral sin causa ni forma legal.

No es necesario acreditar perjuicios económicos y se aplica no solo al sueldo base, sino también a los complementos.

El tribunal consideró que había indicios de discriminación por razón de enfermedad y la empresa no justificó las causas reales del despido.

El laboralista recuerda que el Tribunal Supremo avaló en 2023 el derecho de las empresas a fichar las pausas para fumar y descontarlas de la jornada, y explica por qué ese hábito no tiene la misma protección legal que ir al baño.

Tuvo que demandar hasta dos veces a la entidad bancaria para conseguir su reingreso, consiguiéndolo en el segundo procedimiento judicial.

Tanto la empresa como el trabajador pueden solicitar en cualquier momento que el contrato se formalice por escrito, siendo obligatorio cumplir con dicha petición.

El Alto Tribunal confirma que este derecho estuvo vigente durante años con el convenio provincial y ahora no puede ser eliminado.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce este derecho a quienes lleven al menos un año en la empresa. Si la compañía no lo respeta, puede enfrentarse a multas de hasta 7.500 euros.

Cobrar una prestación por incapacidad temporal es equivalente a realizar actividad laboral a efectos de renovar la autorización, porque durante ese periodo la relación laboral no se extingue, sino que queda suspendida.

El tribunal aclara que, en los contratos fijos discontinuos a tiempo parcial, la baja por accidente laboral no se calcula con lo cotizado en una sola jornada, sino con las bases de cotización de los meses anteriores.

El Alto Tribunal explica que el descanso semanal no puede absorber el descanso diario y que ambos deben sumarse, de forma que si el convenio reconoce 48 horas semanales y 12 horas entre jornadas, el mínimo exigible pasa a ser de 60 horas consecutivas.

El abogado recuerda que el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe expresamente reducir la jornada completa a tiempo parcial sin el consentimiento libre del trabajador, y explica por qué una firma descuidada puede costar caro

La Justicia le impone una indemnización por daños patrimoniales y de imagen tras certificar que el sanitario abandonaba la asistencia a domicilio para gestionar un negocio propio.

El abogado explica en un reel que un justificante de asistencia médica con recomendación de reposo basta para cubrir hasta tres días de ausencia sin que la empresa pueda considerarlos falta injustificada ni usarlos para abrir un expediente disciplinario

Las horas extra que hayan sido compensadas con descansos serán descontadas.

La justicia recuerda que ese beneficio era personal y que la normativa interna prohibía expresamente emitir la factura a nombre de terceros.

La indemnización por extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura reglamentaria de la plaza es de 20 días de salario por año trabajado.

Fue readmitida tras un primer despido nulo y, para la Justicia, el segundo cese, basado en la supuesta desaparición de bidones de pintura y en varios insultos, no quedó acreditado y vulneró su garantía de indemnidad.

Si los trabajadores temporales realizan las mismas funciones y están incluidos en el ámbito del mismo convenio colectivo, no se les puede pagar un salario inferior por haber sido contratados dentro de un programa público de empleo, ya que eso sería contrario al principio de igualdad.

La nueva norma de la UE quiere acabar con las desigualdades salariales entre empleados que realizan el mismo trabajo.

El sindicato defiende que su carácter privado genera un conflicto de intereses en la gestión de la incapacidad temporal

El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores permite el despido disciplinario cuando existe un “incumplimiento grave y culpable” y, en estos casos, los tribunales analizan si la actividad realizada durante la baja vulnera la buena fe contractual o perjudica la recuperación.

Pidió disfrutar 148 días de vacaciones acumuladas y, para la Justicia, esas circunstancias junto con su baja por enfermedad profesional, muestran que la empresa no acreditó una dimisión clara y que el despido fue nulo.

La justicia considera que no es posible mantener contacto íntimos en el lugar de trabajo y menos todavía durante la jornada laboral.

El laboralista identifica tres señales que preceden habitualmente a un despido: el traslado a un centro con peores resultados, la vigilancia repentina de cada error y las amonestaciones escritas que parecen inocuas pero construyen el expediente disciplinario.

Lorenzo Amor sostiene que el sistema vigente “ya está plenamente instalado” y cuestiona el coste y la vía legal de la reforma.

El Ministerio dará el primer paso este miércoles para responder a una reivindicación histórica de las asociaciones militares.

La vicepresidenta defiende el compromiso del presidente con la reforma mientras el Ministerio de Economía la pone en duda.

El Ministerio ajustará el texto tras el informe del Consejo de Estado, pero mantiene su objetivo de reforzar el control de la jornada laboral.

El órgano consultivo no ve claro cómo podría encajar legalmente y alerta de que podría suponer una carga importante para las pymes.

La empresa no pudo demostrar las faltas que le imputaban en la carta de despido y la justicia establece que actuaron como represalia por haber reclamado el primer despido y haber denunciado a la Inspección de Trabajo.

La empleada, que contaba con una adaptación del puesto por motivos médicos, defendió que Mercadona le seguía asignando funciones en zonas frías pese a que debía evitar ese tipo de ambientes por prescripción facultativa.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a cobrar sin compensar ese tiempo cuando la falta de actividad es responsabilidad de la empresa.

El abogado explica que lo que diga el convenio es irrelevante si durante la pausa el trabajador no puede desconectar.

El balcón es parte integrante de la vivienda y, por tanto, un ámbito reservado para la vida personal al que no se puede acceder sin consentimiento o resolución judicial.

Como parte del tratamiento, tomaba ansiolíticos y antidepresivos, incompatibles con la ingesta de alcohol.

Si la incapacidad temporal deriva de contingencias comunes, seguirá cobrando una prestación, pero consumirá días de desempleo hasta el alta.

La Sala de lo Social confirma el caso de una trabajadora de Papa John’s que dejó de acudir a su puesto tras unas vacaciones y no respondió a los requerimientos de la empresa. La resolución, explica en que la dimisión no siempre exige una renuncia escrita.

La medida permitirá a los afectados acceder a pensiones más elevadas de incapacidad, viudedad y orfandad.

Yolanda Díaz quiere que las empresas ofrezcan reconocimientos médicos para comprobar el estado de salud de sus trabajadores al incorporarse, aunque en la mayoría de los casos la plantilla podrá negarse a realizarlos.