La justicia considera que estas partidas no eran imprescindibles para garantizar la accesibilidad y suponían un sobrecoste injustificado que no puede imponerse a todos los vecinos sin su consentimiento.
La justicia considera que la obra modificó la configuración exterior del edificio, afectando a elementos comunes, y que no se obtuvo la autorización necesaria de la junta de propietarios.
Aunque la primera vía es intentar dialogar con el dueño del perro, la administradora aclara las distintas vías para resolver el conflicto antes de acudir a las autoridades.
El Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAF Madrid) aclara que acuerdos discriminatorios por razones religiosas son “nulos de pleno derecho”.
Estas novedades están en vigor desde el mes de abril y afectando por primera vez a los propietarios que alquilan sus viviendas como piso turístico durante el verano.
El experto aclara que si la situación no es culpa del propietario, como en un robo, el cambio de los mandos del garaje por motivos de seguridad tiene que pagarlos la comunidad.
La junta de vecinos puede aprobar por mayoría simple normas que prohíban a los propietarios bajar a la piscina temprano para reservar sitio y no aparecer hasta horas después.
Realizó obras en un patio comunitario sin permiso y para uso particular, y tras años de peleas la justicia ha resuelto el conflicto dando la razón a la comunidad de vecinos.
Cortó los árboles de 50 de años de la parcela de sus vecinos para que el valor de su casa aumentara al poderla promocionar como una vivienda con vistas panorámicas al Atlántico.
El uso que los vecinos daban al inmueble provocó un deterioro en el mismo que provocó humedades y el derrumbe del techo de la vecina que se ha quedado con la casa destrozada y sin poder alquilarla.
Por lo general, la normativa no permite que los perros se bañen en las piscinas de la comunidad. Habrá que consultar la normativa autonómica y local en cada caso.
El interés económico de las empresas de alquiler turístico no puede prevalecer sobre la protección del bienestar, el descanso y la convivencia vecinal.
Un altercado vecinal por filtraciones termina en condena para el presidente de la comunidad y una indemnización por lesiones y secuelas para el vecino agredido.
Solo tres canarios entre todos los vecinos y las reuniones de la comunidad en alemán: así es la sorprendente realidad que se ha encontrado una joven tras comprar piso en Tenerife.
La pareja, tras descubrir la acumulación de escombros y residuos en su recién adquirida vivienda, ha iniciado acciones legales para frenar el uso ilegal de su parcela como vertedero.
El afectado, tras años de solicitudes ignoradas, tomó una decisión arriesgada y decidió actuar por su cuenta usando un método casero para acabar con el seto.
La Ley de Propiedad Horizontal permite publicar un listado con el nombre de los residentes que deben cuotas pero debe cumplirse un punto indispensable.
La ley no prohíbe de forma expresa la instalación de piscinas desmontables en la terraza de las viviendas, siempre y cuando no comprometan la seguridad del edificio.
El golpe en la cabeza le provocó secuelas permanentes, requiriendo asistencia de por vida, y la compañía de seguros de la comunidad paga finalmente la indemnización.
Instalaron la terraza en las zonas comunes sin cumplir con los requisitos exigidos por la comunidad y tendrán que retirarla y pagar a la comunidad por el uso indebido del porche comunitario.
Los compradores no fueron advertidos de una derrama aprobada antes de la firma de la escritura, y los vendedores tendrán que pagarla por incumplir el contrato.
El vecino demandó a la comunidad por filtraciones de aguas fecales durante más de 15 años, pidiendo una indemnización y no hacerse cargo del pago de las obras de reparación.
La instalación de un aparato de aire acondicionado tendrá que contar con la aprobación de la junta de vecinos cuando la misma afecte a la estética del edificio.
La Agencia Española de Protección de Datos ha estimado que la actitud de la comunidad de propietarios vulnera la intimidad del vecino al dar a conocer cuánto debía.
Una vecina denunció que las obras ejecutadas por los copropietarios afectaban a su baño, pero el tribunal descarta la relación entre los daños y la construcción.
El Alto Tribunal rechaza la devolución de 66.000 euros y considera que los los arrendatarios de viviendas públicas de protección oficial deben asumir los gastos de comunidad.
La falta de conservación del inmueble provocó el derrumbe de parte de su estructura y humedades en el edificio vecino, por ello tendrán que indemnizar a la comunidad de vecinos.
Dependiendo del tipo de obras y de si se ha votado o no a favor, los propietarios de un inmueble en una comunidad de vecinos podrán negarse a pagar por la realización de las mismas.
El propietario actuó sin permiso de la comunidad y la justicia ordena que devuelva la fachada a su estado habitual pese a haber otras viviendas con cerramientos similares.
El Código Civil establece que a la hora de pagar los gastos de la comunidad hay que diferenciar si se trata de la cuota ordinaria o si es una derrama extraordinaria.
El Ayuntamiento estuvo años sin pagar las cuotas de la comunidad alegando que no era el propietario formal de una parcela que le fue cedida forzosamente.
Las modificaciones de las zonas comunes tienen que contar con el permiso de la comunidad cuando repercutan en la configuración del edificio o el uso de otros propietarios.
Las zonas comunes eran disfrutadas por ambas comunidades, pese a ser independientes, y la que dejó de pagar tendrá que hacer frente a los gastos acumulados durante años.
Cuando se adquiere una vivienda en una comunidad de vecinos, también se hace de parte de las zonas comunes y hay que cumplir con las obligaciones de la LPH.
La comunidad de vecinos denunció a la mujer tras años sufriendo este tipo de conductas y la justicia la priva del derecho al uso de su vivienda durante 6 meses.
A partir del 3 abril las viviendas de uso turístico tendrán que contar con el permiso de la comunidad y sus cuotas podrán ser más caras que las del resto de inmuebles.
Pese a que no existe una prohibición expresa al respecto, la comunidad tendrá derecho a solicitar la retirada de las plantas de los balcones y terrazas en determinados casos.
Cambiar el suelo de la terraza se considera una alteración de los elementos comunes del edificio, aunque esta sea de uso privativo, por ello será necesario contar con el permiso de la comunidad.