La Dirección General de Tráfico (DGT) hace oídos sordos, de momento, a las exigencias de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) acerca de las etiquetas medioambientales obligatorias desde 2023 para identificar y clasificar el nivel de contaminación de los vehículos. "Las etiquetas de la DGT deben cambiar ya” es el nombre del estudio, que analiza el tiempo de amortización de los coches eléctricos en comparación con otras tecnologías y las emisiones de varios vehículos, que desencadenó una serie de cuestionamientos sobre la eficacia y la justicia del actual sistema de clasificación de vehículos.
En su análisis, la OCU se basó en los resultados de las pruebas Green NCAP, que estiman las emisiones contaminantes de un vehículo a lo largo de su ciclo de vida, desde su producción hasta su reciclaje. Los resultados revelaron una disparidad sorprendente: algunos vehículos con etiqueta C, que indica emisiones considerables, contaminaban menos que ciertos híbridos con etiqueta ECO, diseñada para identificar vehículos de bajas emisiones.
Inicialmente, se optó por utilizar las regulaciones europeas sobre emisiones para asignar etiquetas medioambientales a los vehículos en Madrid. Sin embargo, la falta de un registro claro y la aplicación retrospectiva de estas normativas llevaron a errores en la asignación de etiquetas. Algunos fabricantes cumplían con las normativas antes de que fueran obligatorias, lo que resultó en confusiones, como coches sin etiqueta que deberían tener una clasificación B y viceversa.
Un sistema injusto
La solución implicaba obtener un certificado del fabricante y actualizar los datos en tráfico, lo que generaba costos adicionales para los propietarios. Además, al asignar las etiquetas ECO y Cero emisiones, solo se consideraba la tecnología utilizada, sin tener en cuenta las emisiones reales, lo que creó situaciones confusas donde vehículos con altas emisiones aún obtenían etiquetas ECO, generando ambigüedad en la clasificación ambiental de los coches en la ciudad.
Este hallazgo fue solo el punto de partida para una serie de discusiones sobre la necesidad urgente de una revisión en profundidad del sistema de etiquetado de la Dirección General de Tráfico (DGT). La OCU argumenta que el sistema actual es injusto, ya que penaliza a los consumidores que optan por vehículos de combustión más eficientes y menos contaminantes que algunos híbridos.
La DGT no tiene pensado instaurar cambios
Esta controversia ha llevado a especulaciones sobre posibles cambios en el etiquetado medioambiental. Según rumores no confirmados, se estaría considerando dividir la categoría ECO en dos subcategorías: ECO- para híbridos autorrecargables y híbridos suaves, y ECO para híbridos enchufables con más de 40 kilómetros de autonomía. Los vehículos completamente eléctricos, eléctricos de rango extendido y los de pila de combustible continuarían siendo clasificados como "Cero emisiones". Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre cómo se clasificarán los vehículos propulsados por gas licuado del petróleo (GLP) o gas natural comprimido (GNC).
Ante estas especulaciones, la DGT ha salido al paso para aclarar la situación. Según la entidad, actualmente no hay ningún proceso en marcha para cambiar el etiquetado medioambiental de los vehículos. Para llevar a cabo una reforma de esta magnitud, se requerirían negociaciones exhaustivas con el Gobierno, fabricantes, asociaciones de consumidores y la propia DGT, algo que, hasta el momento, no ha sucedido.
Esta situación plantea un dilema significativo para los consumidores, ya que las etiquetas medioambientales son fundamentales para determinar las restricciones de acceso en las Zonas de Bajas Emisiones en varias ciudades españolas. Es el caso, por ejemplo, de Madrid Centro, donde un vehículo con etiqueta C está obligado a pagar por aparcar en la zona central, mientras que un automóvil con etiqueta ECO tiene la opción de estacionar en superficie a un costo reducido y disfrutar de una mayor libertad para circular.
En el caso de un coche híbrido enchufable, independientemente de su potencia o tipo de motor, tiene el beneficio de moverse sin restricciones por toda la ciudad y estacionar de forma gratuita en la superficie. Además, las inconsistencias actuales en el etiquetado generan confusión entre los compradores, quienes se ven obligados a tomar decisiones informadas sobre la compra de vehículos en función de un sistema que ahora se cuestiona abiertamente.
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