La Justicia avala que los propietarios de las viviendas okupadas puedan cortar la luz, el gas y el agua

La Justicia da la razón a los propietarios de los inmuebles okupados, ya que podrán dejar de pagar o cortar los suministros de su vivienda. Esta decisión afecta a la luz, el agua o el gas y los dueños de las casas no cometerán ningún delito. 

Como señala el medio especializado Economist&Jurist, los magistrados de la Audiencia Provincial (AP) de Barcelona estuvieron reunidos el pasado día 7 de marzo. La intención era la de compartir posturas y establecer un criterio claro para los casos en los que se haya producido un allanamiento de morada o una usurpación de inmueble. 

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Ambos conceptos son distintos. En el primer caso, en la casa donde entran inquilinos no deseados ya vive una persona mientras que en el segundo, la vivienda está vacía. La Justicia ha hablado y dictamina que cuando el propietario de un piso o casa que haya sido ocupada o haya sufrido un allanamiento de morada, corte los suministros, no será delito de coacciones. 

Los propietarios que no puedan entrar en sus viviendas por la presencia de estos okupas, no tendrán ahora la responsabilidad de pagar los suministros, y podrán darlos de baja. La decisión, que es la misma a la que se llegó en la AP de Girona en noviembre, podría ser un referente en el resto de España como recoge elEconomista.

Desalojar a los okupas será más rápido

Con la opción de dejar de pagar los suministros a los okupas, la salida de estos se va a acelerar. Hasta el momento, y según los datos de Idealista, es de entre 8 y 18 meses “dependiendo de la complejidad del caso”.

Aunque estos datos cambian en función de la Comunidad Autónoma en la que estén los okupas. Por ejemplo, en Castilla y León y en Murcia, la media es de 12 meses, y en Aragón y Navarra son más rápidos y tardan 4 meses.

Los propietarios cada vez denuncian más casos de ocupación ilegal de las viviendas, y en los portales de compra venta de inmuebles hay un aumento de advertencias por la presencia de okupas. 

Cataluña y Andalucía, a la cabeza de la okupación

En 2023 se produjeron 2.309 denuncias por okupación ilegal con Cataluña como la CCAA más afectada con 463 casos, seguida de Andalucía con 449 y Valencia con 391. Por su parte, en La Rioja sólo se registraron 6 casos y en Aragón y Galicia 19 y 81 respectivamente.

Ahora esto va a dar un giro de 180 grados, al avalar la Justicia el que los titulares de la viviendas no tengan que seguir pagando a los okupas los suministros.

Por su parte, el CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) ha establecido que estas demandas por usurpación y allanamiento han aumentado el 2%.