El tema de la vivienda en España no pasa por su mejor momento. Y si no, que se lo digan a los 53 vecinos de un edificio de Aguadulce, en Almería, que han recibido una orden por la que tendrán que abandonar sus viviendas de manera inminente. Aunque en un primer momento, estaba previsto para el 5 de junio, este posible desalojo ha sido aplazado. El inmueble, alquilado en su totalidad y cuya propiedad pertenece a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), “ha sido vendido en subasta a un fondo buitre”, asegura Javier Rodríguez, presidente de la comunidad de vecinos del edificio ‘Vistaverde’ a NoticiasTrabajo.
Así, medio centenar de familias se enfrentan a un desalojo judicial, sin alternativa habitacional y con la sensación de abandono administrativo e institucional. “No recibimos ninguna notificación, ni del juzgado, ni de la empresa que gestionaba el alquiler del edificio”, explica Rodríguez.
Viviendas sin terminar a cambio de un alquiler asequible
El problema se remonta a años atrás, cuando la empresa constructora del edificio quiebra, quedando así la estructura del inmueble a medio construir. De esta manera, se deciden alquilar estos pisos de 50 metros cuadrados que se ofrecen por 150 y 200 euros mensuales. “Faltaban puertas, grifos, sanitarios, no había termos, tampoco cocinas, faltaban los enchufes y tampoco había ascensor”, señala Rodríguez.
Y aunque los 53 vecinos entraron a las viviendas conociendo sus condiciones, condenados a aceptarlas ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado convencional, con el tiempo, se constituyeron como comunidad y poco a poco han logrado adecuar el edificio.
4 burofaxes y una amenaza de desalojo
Cuando todo parecía que transcurría con normalidad, uno de los vecinos, que había consultado el BOJA, anunciaba que el edificio ‘Vistaverde’ había salido a subasta por impago de hipoteca y que ya estaba adjudicado. “Nos enteramos así de que había sido adquirido por la Sareb”, revela Rodríguez.
Fue así en mayo de 2024 cuando los vecinos reciben un primer burofax de esta empresa, informando de que los Servicios Sociales iban a realizar un estudio para valorar qué inquilinos se encontraban en situación de vulnerabilidad, con el fin de ofrecer alquileres sociales. Los vecinos, conformes con este trámite, firman la solicitud y la envían a través de un abogado que contrataron específicamente para llevar a cabo esta gestión. Sin embargo, Rodríguez asegura que “no hubo contestación, nadie se puso en contacto con nosotros, ni la Sareb, ni los Servicios Sociales”.
En noviembre de 2024, la comunidad vuelve a recibir el mismo burofax, por lo que los vecinos repiten la misma gestión que ya hicieron meses atrás y envían su consentimiento. Pasan las semanas y siguen sin obtener respuesta, hasta que llega un tercer burofax idéntico a los anteriores. Los vecinos, una vez más, repiten el proceso.
Sin embargo, la cosa cambia cuando en marzo de 2025, reciben un cuarto burofax de la Sareb en el que aseguran que la sociedad gestora se ha intentado poner en contacto con los vecinos sin éxito y que, por este motivo, se procedería al desalojo de las 53 viviendas.
“Quieren que esto sea un edificio vacacional y especular con él”
Los vecinos, alarmados, denuncian la situación, ya que se ven envueltos en un entramado silencioso cuyo objetivo es convertir ‘Vistaverde’ en un edificio de pisos turísticos, “donde se cobre 200 euros la noche, mientras 53 familias están en la calle sin saber a dónde ir”, lamenta Rodríguez. “Lo peor es que nos hemos enterado de que el Sareb ha vendido el edificio a un fondo buitre sin notificarnoslo. Actúan de una forma mafiosa, totalmente especulativa”, añade.
Así, el presidente de la comunidad asegura que no se lo van a poner nada fácil aunque cuenten con pocas esperanzas. Por ello, llevarán el caso al Congreso de los Diputados este miércoles, donde serán apoyados por los grupos políticos Podemos y Sumar, quienes han registrado una pregunta al Gobierno para que dé respuesta en sede parlamentaria.
Además, también han decidido recurrir a los medios de comunicación, ya que de las administraciones no están obteniendo respuesta alguna. “El Ayuntamiento de Roquetas de Mar no se ha puesto en contacto con nosotros”, asegura, aunque señala que el próximo jueves mantendrán una reunión.
NoticiasTrabajo ha podido conocer que “el Ayuntamiento atenderá los requerimientos del juzgado en cumplimiento del artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de conformidad con la Ley 12 del 24 de mayo de 2023 por el Derecho a la vivienda”, según han confirmado desde el departamento de Comunicación. Es decir, que el Ayuntamiento actuará conforme lo que dicte el juzgado de oficio.
Desmienten que sean okupas
Durante los últimos días, esta situación ha llevado a Rodríguez a exponerse ante los medios de comunicación para denunciar el caso. Sin embargo, a través de las redes sociales ha podido ver cómo algunos usuarios califican a los vecinos de ‘okupas’, algo que desmiente rotundamente. “Nosotros hemos estado pagando el alquiler siempre, pero hay alguien que está difundiendo el bulo de que somos okupas y delincuentes”, comenta, asegurando que pueden aportar pruebas de todo el proceso que les ha llevado hasta aquí.
Así, subraya que se trata de un edificio “de gente trabajadora que trabaja en semilleros, en almacenes, en la hostelería…”. Sin embargo, esta situación está sobrepasando a muchos vecinos, pues algunos están sufriendo “crisis de ansiedad” por no saber lo que les deparará el futuro. “Nos vemos en la calle y sin alternativa”, reitera Rodríguez.
Qué dice la Sareb
NoticiasTrabajo se ha puesto en contacto con la Sareb, quienes han revelado que este mismo miércoles se ha celebrado una reunión interna para tratar el caso del edificio ‘Vistaverde’ en profundidad. Tras ella, este medio de comunicación ha tenido acceso al comunicado oficial que ha emitido la Sareb, en el que solicitan al juzgado “la posesión de las 53 viviendas para poder atender a cada familia”.
Según detallan, “el anterior propietario cedió los derechos de explotación y alquiler a una tercera empresa, que no ha presentado la documentación que acredite el contrato de explotación, a pesar de haber sido requerido judicialmente para ello. Por tanto, Sareb todavía no ha recibido del juzgado la posesión de las viviendas”.
Sin embargo, y a pesar de la compleja situación jurídica, la Sareb asegura que tiene intención de “trabajar con cada familia para establecer si existen casos de vulnerabilidad” con el objetivo de ofrecerles participar en el Programa de Alquiler Social con acompañamiento, o bien “para verificar la situación de los contratos de alquiler previos”. Revelan que esta documentación ya fue requerida por el juzgado, “aunque las familias finalmente no la aportaron, salvo en cuatro casos”.
También, en dicho comunicado, mencionan la supuesta venta de las viviendas a la que hizo referencia Javier Rodríguez a NoticiasTrabajo. “Sareb es por tanto propietaria de las viviendas, aunque todavía no tiene la posesión de estas, y no contempla su venta”, aclaran. Además, concluyen apelando a la tranquilidad de los vecinos, pues la deuda hipotecaria pendiente de pago por parte del antiguo propietario del inmueble, “no afecta a las viviendas ni a las familias que habitan en ellas”, entendiéndose que es la propia Sareb la que obedece al mandato de recobro.
