Las leyes que no saldrán adelante por el anticipo de la elecciones generales del 23J

Una auténtica revolución ha provocado el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales al 23 de julio de 2023. Medida publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con su correspondiente entrada en vigor. Dicen que no soplan buenos vientos, sobre todo para las leyes en trámite que quedan canceladas, como los permisos laborales de la Ley de Familias o los derechos de las empleadas del hogar, entre otras.

Llegados a este punto, tras una clara derrota del partido socialista en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, una de las mayores preocupaciones es conocer ¿cuáles son las leyes que quedan canceladas por el anticipo de las elecciones generales? Afectan a varios ámbitos, aunque los gestionados por los socios de coalición (Unidas Podemos, como Trabajo o Servicios Sociales) son los más perjudicados en cuanto a leyes sociales en tramitación parlamentaria que no saldrán hacia delante.

Esta cancelación de leyes económicas se hace efectiva a partir del miércoles, 31 de mayo, momento en el que las Cortes (Congreso y Senado) quedan disueltas. Si quieren tomarse en la próxima legislatura, deberán hacerse desde el principio, como si no hubieran ocurrido trabajos parlamentarios previos.

Cabe mencionar que la segunda reforma del sistema de pensiones sí que queda tal y como está actualmente con las novedades introducidas: la ampliación del periodo de cómputo con la opción de suprimir los dos peores años de cotización, entre otras. El sistema de cuotas de autónomos que entró en vigor en enero tampoco sufrirá modificación o la recién aprobada Ley de Vivienda.

Nuevos permisos laborales de la Ley de Familias

El Ministerio de Servicios Sociales y Agenda 2030, capitaneado por Ione Belarra, aprobó mediante decreto-ley la nueva Ley de Familias con los cuatro permisos laborales introducidos. 

El más famoso fue el permiso parental de ocho semanas, que iba a ser retribuido con al menos el 65 % del salario del trabajador. Al estar recogido en una normativa europea, lo más probable es que sí que pueda retomarse en la próxima legislatura.

Proyecto de Función Pública y los incentivos a funcionarios

En este texto legal quedan incluidos nuevos incentivos para el personal laboral del Estado, como el complemento de carrera o la creación del directivo público. También iban a quedar incluidas decisiones como fórmulas para beneficiar a los funcionarios que decidieran alargar su vida laboral. 

Otro aspecto importante eran las evaluaciones del desempeño de funcionarios, que podían desembocar en la pérdida del puesto logrado por concurso, la exclusión de ascensos u oposiciones para ello o no cobrar el complemento salarial de desempeño que se habilita. 

Pérdida de derechos y regulación del trabajo de las empleadas del hogar

El Ministerio de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, han sido uno de los más afectados en cuanto a suspensión de leyes en tramitación parlamentaria. Los derechos de las empleadas del hogar se ven afectados, como la evaluación de los riesgos laborales. 

Estatuto del Becario

Otra de las medidas estrella de la gestión de Yolanda Díaz iba a ser la aprobación de un Estatuto del Becario que queda suspendido. En él quedaban incluidas decisiones como la de prácticas remuneradas obligatoriamente y la cotización de estas como si fueran trabajadores dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social.

Al mismo tiempo, el ejecutivo esperaba saber una reforma de los subsidios por desempleo que no se podrá llevar a cabo y un proyecto de ley de prevención de pérdidas y del desperdicio alimentario, que ahora se encontraba en el Senado.

Ley de Atención de Servicios de Atención al Cliente y de Movilidad Sostenible

También será cancelado, pero a ya estar en tramitación, al igual que el reglamento europeo sobre infraestructuras de carga y combustibles alternativos, que todavía se tienen que tramitar.

Ley de Equidad Sanitaria (Ley Darias)

Por el momento, ya no habrá barreras a la colaboración público-privada del Sistema Nacional de Salud, como se pretendía, al igual que queda anulada la tramitación de la Agencia Estatal de Salud Pública.