
El Gobierno ofrece a los funcionarios y empleados públicos una subida del 2% de su sueldo para el año que viene. Lo ha propuesto durante la Mesa General de Negociación celebrada este martes entre sus representantes de Función Pública y los sindicales relativos al sector: UGT y CSIF. CCOO ha declinado ir por considerar la invitación sin formas y a destiempo.
Estos reclamaron a Hacienda esta reunión con vistas a la proximidad de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, para los que este asunto es clave, tras desbloquearse la negociación Unidas Podemos – PSOE que da luz verde a la nueva ley de vivienda y para los que hay sobre la mesa la revalorización salarial acorde a la previsión de inflación promedia que prevé el Ejecutivo.
Esa no ha sido la única propuesta del Ministerio de Hacienda y Función Pública, que también ha ofrecido un aumento del 100%, como mínimo, de la tasa de reposición de empleo público, el indicador que mide el porcentaje de vacantes en el empleo público. Esta pasaría a ser del 110%. Es decir, cada 100 bajas se cubrirían con 110 nuevas altas. Del 120% en puestos estructurales y del 125% para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la Administración local.
Rechazo frontal de los sindicatos
“Las empleadas y los empleados públicos no podemos seguir perdiendo poder adquisitivo y un 2% nos condenaría un año más a sufrir mermas en nuestra capacidad de compra”, afirmaba Isabel Araque, de UGT, oponiéndose a la propuesta del Ministerio que dirige María Jesús Montero.
Al igual que CSIF, los dos sindicatos presentes en la negociación han mostrado su rechazo tanto a la subida salarial ofertada, por considerarla insuficiente, como a la tasa de reposición, de la que coinciden en eliminarla. Entre su contraoferta también reclaman que se blinden los sueldos de los empleados públicos y funcionarios para no depender de la subida de los precios y perder poder adquisitivo.
En ese caso, CSIF cifra la pérdida del sector acumulada en los últimos diez años en torno a un 10%, concentrada antes de la llegada del Gobierno actual. Todo ello teniendo en cuenta la desviación generada en este 2021 que va a acrecentar la pérdida de poder adquisitivo después de que se acordara en los presupuestos de 2021 una subida del 0,9% y que la inflación se situará en el 2% en verano y alcanza su tope reciente este mes de septiembre, con un 4%. Es decir, si se acaba cerrando así la negociación, habría una disminución de casi tres puntos porcentuales.
Un sistema que regle la revalorización del sueldo de los funcionarios
Desde la llegada de la actual legislatura, los funcionarios han aumentado un 3,7% su poder adquisitivo. Ahora vuelve a amenazar pérdida. Por ello, para evitar estas fluctuaciones, uno de los requisitos de los sindicatos al Gobierno es el de establecer un sistema que vertebre la revalorización del sueldo de empleo público.
Antes de la subida del 0,9% de este año que se ha quedado corta, las del 1,75% en 2018, del 2,5% en 2019 y del 2% en 2020 fueron acordadas en un plan plurianual entre los sindicatos y el Gobierno del PP de Mariano Rajoy y que Pedro Sánchez decidió respetar.
Aunque este aumento suele ir ligado al de las pensiones, a diferencia de los jubilados, los empleados públicos no tienen opción a la paguilla, como se le denomina a ese pellizco económico del que pueden echar mano los jubilados cuando la inflación rebasa las previsiones gubernamentales, como ha pasado este 2021.
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