A tan solo nueve días de que llegue el día ‘D’, el Gobierno de España continúa sin contar los votos necesarios para convalidar la reforma laboral. De hecho, está lejos de ello a pesar de sus recientes intentos, con Yolanda Díaz tomando las riendas y realizando una rueda de acercamientos la pasada semana para tratar de desencallar la situación.
Pero las piezas del puzzle, con el tiempo apretando, siguen sin encajar. Los socios de investidura, EH Bildu, PNV y ERC, que ya le han lanzado el flotador al Ejecutivo en más de una ocasión, ahora tensan la cuerda. Reclaman, presionados por la potencia de los sindicatos de sus autonomías, que prevalezcan los convenios autonómicos sobre los estatales.
Así que, a pesar de que era la llave preferencial de seguridad del Gobierno para abrir la puerta de la reforma, sus condiciones son incompatibles con el acuerdo pactado con sindicatos y patronal, que no quieren que se toque ni una coma. Ciudadanos aparece como plan ‘B’.
Con las elecciones de Castilla y León doblando la esquina, portar la bandera de solución nacional le haría crecer en popularidad. Pero esta alternativa no asegura la mayoría de una partida igualada en estos momentos y sí amenaza con dinamitar el bloque de investidura.
El Gobierno de España se planta
Bajo el fuego cruzado de los socios de investidura y los proyectiles de la oposición, el tiempo corre con la atenta fiscalidad de la Unión Europea, a la espera del acuerdo para seguir repartiendo los fondos necesarios para la recuperación. Pero a pesar de lo complejo del escenario, el Ejecutivo ha mandado un aviso a navegantes.
Ya no habrá concesiones ni se aceptarán chantajes a cambio de votos. Tampoco modificación alguna en el texto acordado con los agentes sociales. Posición que respetará el Gobierno. Ni tampoco a tramitar el decreto, si finalmente acaba por conseguirse, como proyecto de ley.
El plan es "convalidar en los términos establecidos y no negociar nada fuera de lo pactado", afirma el portavoz parlamentario socialista Héctor Gómez. Sin embargo, a pesar de evidenciar esta posición de firmeza que estrecha el margen de la negociación, se muestran “optimistas” de llegar a un acuerdo final el próximo 3 de febrero.
“El Gobierno trabaja intensamente” para ello, continúa declarando Gómez, al tiempo que realiza un llamamiento al “sentido del Estado” a un PP cerrado en banda respecto al acuerdo actual. Además, avisa a Yolanda Díaz que cualquier concesión que hiciera tendría que ser validada por el Gobierno. No todo vale.
El PNV advierte al Gobierno: “No hay alternativa al bloque de investidura”
Si el Gobierno de España no quería chantajes, el PNV, socio preferente del Gobierno, le contesta con uno. "No hay alternativa al bloque de investidura", avanzaba Andoni Ortuzar, presidente de los nacionalistas vascos a Onda Cero. "Yo me tentaría la ropa", afirmaba ante la posibilidad de que el Ejecutivo acabe optando por pactar con Ciudadanos y censurando su única vía de escape.
También rechaza la ‘vía naranja’ Unidas Podemos, que considera que darle la espalda al bloque de investidura no resulta la opción más inteligente y estratégica cuando todavía restan dos años de legislatura, e, irremediablemente, tendrán que volver a verse las caras en futuras medidas.
"Esto es un ámbito de principios y nadie nos puede pedir que en una negociación en la que no hemos estado tengamos que cambiar nuestros principios. Necesitamos que quede clara esa prioridad. Es un requisito indispensable sin el cual será muy difícil que apoyemos el acuerdo", continuaba explicando Ortuzar sobre la prevalencia de los convenios autonómicos laborales sobre los sectoriales. Petición ante la cual se muestran inflexibles.
Precisamente, el requisito que no quiere Ciudadanos. Por lo que, ante la imposibilidad evidente de que ambos se unan al acuerdo, los bandos parecen establecidos. Incluso se puede hablar de guerrilla. “Están tocados de muerte y les ha venido Dios a ver”, afirmaba el líder nacionalista vasco sobre el papel de la formación liderada por Arrimadas, sobre la que cree que quiere ayudar ahora al Gobierno porque es la única botella de oxígeno que les queda. Para Ortuzar, quieren "expulsarles" del acuerdo de la reforma y así "validar su posición política" con tal de obtener su "minuto de gloria".
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