
La nueva ley de las empleadas del hogar ha marcado un antes y un después en este colectivo de trabajadoras que hasta el momento eran las gran olvidadas. Yolanda Díaz, como vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, hoy jueves ha vuelto a defender la convalidación del Real Decreto con las mejoras de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
Díaz ha intervenido en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados destacando “el orgullo que supone para el Gobierno traer a esta Cámara una norma que repara la discriminacion histórica de las personas trabajadoras del hogar y que representa el compromiso de la sociedad española con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”.
Con apoyo casi unánime, sin ningún voto en contra, esta nueva normal permitirá que al fin, las empleadas de hogar tengan unos derechos equiparables a las del resto de asalariados y asalariadas. Y es que como hizo el Gobierno de España hace dos años con el RD 902/2020 para la igualdad retributiva entre mujeres y hombres, la igualdad “es el proyecto más ambicioso que una sociedad puede tener”, tal y como señala la ministra.
Avance en derechos laborales de quienes realizan una labor esencial
Son las empleadas de hogar las que durante décadas han desarrollado una labor fundamental siempre a la sombra en nuestra sociedad. Ha llegado el momento de reconocer ese esfuerzo y como la vicepresidenta señala, con este colectivo “nuestra democracia ha consentido una zona de sombra, ajena al trabajo digno y a los derechos laborales. Y ha recluido en ese espacio siniestro, aisladas, a miles y miles de mujeres, mientras promulgábamos la importancia fundamental de los cuidados que realizan”.
Con esta norma convalidada hoy en el Congreso, se equipara el derecho de las trabajadoras del hogar al del resto de trabajadores para acceder a la prestación por desempleo, una de las “discriminaciones” mas latentes. Este colectivo cotizará ya obligatoriamente tanto por desempleo como por el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), lo que permitirá proteger sus derechos en caso de una eventual insolvencia del empleador.
La figura del desistimiento como fórmula de extinción de la relación laboral, desaparece. Esta deberá responder a situaciones relacionadas con el cambio de circunstancias esenciales del núcleo familiar o con la pérdida de confianza que pudiera producirse.
Por otra parte, y no menos importante, estas trabajadoras también verán equiparados sus derechos en cuanto a la prevención de riesgos laborales, para lo que hay previsto un listado de enfermedades profesionales.
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