La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha impuesto una sanción de 847.640 euros a la empresa Glovo por tener a 64 repartidores extranjeros sin autorización de residencia y trabajo en España como empleados, según un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La infracción, provocada por unos hechos considerados como “muy graves” por el área de Extranjería de la Subdelegación, ha sido detectada en el marco de una campaña nacional centrada en las plataformas digitales de reparto.
La sanción afecta concretamente a las sociedades GlovoApp23 SL y GlovoApp Spain Platform SL, implicadas en la contratación irregular de trabajadores extranjeros en la capital andaluza. La inspección comprobó que los empleados desarrollaban tareas bajo una relación laboral por cuenta ajena, pero sin estar dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social ni contar con las preceptivas autorizaciones administrativas de trabajo y residencia.
La investigación se enmarca dentro del plan de actuación especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para regular la actividad de plataformas digitales de reparto, y responde a reiteradas denuncias sobre el modelo laboral de Glovo, especialmente en lo relativo a la utilización de falsos autónomos y el incumplimiento de la normativa de extranjería.
64 empleados irregulares y una sanción de 847.640 euros
El informe detalla dos procedimientos sancionadores: el primero afecta a 20 trabajadores, con una multa de 210.649,43 euros; el segundo involucra a 44 trabajadores, por un importe de 636.990,59 euros, lo que suma el total de 64 empleados irregulares y 847.640,02 euros de sanción.
Las infracciones están tipificadas en los artículos 36.1 y 4 de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. La normativa establece la obligación de que cualquier persona extranjera empleada por cuenta ajena disponga de autorización válida de trabajo y residencia.
La empresa anunció la contratación de 14.000 repartidores pero sigue recibiendo sanciones
Este nuevo expediente se añade a otros procesos abiertos contra Glovo en distintas comunidades autónomas por similares motivos. Aunque la empresa ya ha anunciado un cambio de modelo laboral y la contratación de 14.000 repartidores, según fuentes de la compañía, el proceso sancionador sigue su curso y ha sido recurrido por la empresa.
La sanción refleja el endurecimiento de los controles sobre las plataformas digitales y plantea un precedente significativo en la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores migrantes, un colectivo especialmente vulnerable dentro de la economía de plataformas.
