La medida "oculta" en la reducción de la jornada laboral que afecta al horario

La reducción de la jornada laboral es la medida del Gobierno de coalición más esperada por los trabajadores. Tanto así, que su aprobación se está desarrollando en dos mesas de negociación distintas: una tripartida, entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, y otra bipartita compuesta únicamente por los agentes sociales. El objetivo, según la cartera de Yolanda Díaz y las organizaciones sindicales, es que estas den sus frutos y se pueda aprobar la medida este mismo mes de junio. 

Hasta el momento, se conoce que la jornada laboral pasará de las 40 horas semanales actuales a las 38,5 este 2024 y a las 37,5 horas en 2025. Una reducción que se aplicará en cómputo anual, para garantizar una aplicación flexible, y sin pérdida salarial, por lo que los trabajadores seguirán cobrando lo mismo. 

Pero, además, la intención del Ministerio de Trabajo, intrínsecamente relacionado con la reducción de la jornada, es que esta se apruebe junto a una mejora del registro horario. El objetivo es modificar la normativa actual para que se pueda conocer en tiempo real las jornadas que realizan los trabajadores, “de manera que la Inspección de Trabajo pueda conocerlo directamente”, en palabras de la propia Yolanda Díaz.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, también se ha manifestado sobre esta modificación, defendiendo que es “imprescindible” para “evitar que los asientos se puedan alterar o manipular por el empresario o por otro sujeto”. En este sentido, el ministerio de Díaz quiere una medida quizás menos conocida, que es endurecer el régimen sancionador para que sea “eficaz y suficientemente disuasorio”. En otras palabras, la reducción de la jornada laboral traerá consigo un endurecimiento de las multas a las empresas que incumplan el registro horario. Y no solo de las cuantías.

Aumento de las multas por incumplimiento del registro horario

El endurecimiento del régimen sancionador en este ámbito no solo estaría motivado por el cumplimiento de la reducción de jornada, sino también porque, como explican desde UGT, las empresas “están incumpliendo sistemáticamente la ley que les obliga a tener un registro horario en los centros de trabajo, con el fin de perpetuar el uso y abuso de las horas extras entre sus personas empleadas”.

En el último número de su revista ‘In Itinere’, aseguran que “la Inspección de Trabajo se está viendo desbordada por numerosas denuncias sobre esta cuestión y, en consecuencia, el Gobierno va a obligar a las empresas a tener un registro horario también digital”. Se trata de la medida anteriormente citada que han adelantado desde Trabajo y que, de incumplirse, estaría acompañada de un aumento de las sanciones.

Este aumento pasa, primero, por un aumento de las cuantías, que actualmente se mueven entre los 751 y 7.500 euros, pero también en su aplicación, ya que lo que se quiere aprobar es que estas multas se impongan por cada trabajador que no haya efectuado el registro, y no por empresa como sucede actualmente.

En línea con el Ministerio de Trabajo, UGT considera que las sanciones actuales “no son disuasorias para las empresas”, motivo por el que justifican la intención del Gobierno de hacer que el registro horario sea accesible de manera remota para la Inspección. Sobre este, aseguran que es “una herramienta imprescindible para luchar contra el fraude laboral. Da seguridad jurídica a trabajadores/as y empresas y contribuye a corregir la precariedad laboral, los bajos salarios y la pobreza derivados de los abusos de las largas jornadas de trabajo”.