JUPOL consigue una indemnización de 500€ al año por vestuario para un agente de la Policía Judicial que tenía que pagarse su ropa

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha publicado recientemente una sentencia dando la razón a JUPOL en el derecho que tiene un agente a recibir una compensación por vestuario, al estar trabajando sin uniforme oficial. Un nuevo golpe para la Dirección General de la Policía, que no atiende correctamente a las necesidades laborales de sus agentes creando conflictos y malas condiciones laborales en el cuerpo. Los policías que no llevan uniforme por norma, como en este caso la Policía Judicial,  deben costear su propia vestimenta para el desempeño de sus funciones, teniendo por consiguiente el derecho a recibir una indemnización en concepto de estos costes.

JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha celebrado la sentencia publicada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, ya que es pionera al reconocer el derecho de los más de 2.000 afiliados al sindicato policial a recibir una indemnización por los costes de su vestimenta. La Sentencia n.º 100/2025 sienta un precedente para lucha contra la inacción sistemática por parte de la Dirección General de la Policía, que hace que el cuerpo policial sufra una gran desatención de sus condiciones en muchos casos.

Te puede interesar

El Tribunal reconoce las irregularidades denunciadas por JUPOL en la adjudicación de una plaza en la Unidad de Prevención de la Policía Nacional

El Tribunal de Murcia concede la indemnización a un Policía Judicial de Cartagena

El agente, que pertenece a la Brigada de Policía Judicial de Cartagena, interpuso una reclamación en el Tribunal de Murcia, con el fin de ver reconocido su derecho a percibir la indemnización por vestuario, en una clara falta de atención y dejadez de la DGP con sus agentes. Pese a la existencia de normativa y precedentes judiciales claros, la Administración persiste en denegar estas prestaciones de manera reiterada, obligando a los agentes a acudir a la vía judicial para obtener lo que legalmente les corresponde.

Los policías que no llevan uniforme, entre los que se encuentra aquellos adscritos a la Policía Judicial, deben comprar su propia ropa para con la que van a trabajar, ya que no existe uniforme oficial para esta brigada dentro de la Policía Nacional. Para compensar ese gasto personal, se establece una indemnización económica anual.

En concepto de esta norma, la sentencia judicial resolvió a favor del agente, destacando la necesidad de compensar económicamente al recurrente por el perjuicio sufrido. En la sentencia se reconoce el derecho del agente de la Policía Judicial de Cartagena a percibir una indemnización, con una cuantía fija de 500 euros por año. Esto servirá para que otros agentes que no hayan sido compensados económicamente por vestuario puedan reclamar estas cantidades a la justicia.

Te puede interesar

Aviso de la Policía Nacional a toda España si ves esto en tu ordenador

Esta sentencia abre la puerta para más indemnizaciones

Para la organización sindical, “esta es una sentencia pionera que abre la puerta a conseguir estas indemnizaciones para los más de 2.000 afiliados que representa JUPOL en estas reclamaciones y para los cuales ya se han presentado contenciosos por parte de este sindicato”. JUPOL reclama así una nueva desatención por parte de la Dirección general de Policía en cuanto a las condiciones de sus trabajadores.

Para el sindicato policial, no solo se incumplen los derechos reconocidos, sino que, además, al ser condenada reiteradamente en los tribunales, la Administración debe asumir indemnizaciones con intereses y costas judiciales, generando un gasto económico evitable con una correcta gestión de los recursos humanos.

Los servicios jurídicos de JUPOL han actuado de la mejor forma, consiguiendo una cuantificación que se adapta perfectamente a los costes que ha supuesto la inacción del organismo que dirige la policía. El trabajo judicial llevado a cabo tanto en la instancia como en la demanda, se ve reflejado en un beneficio real para los policías afectados, evitando interpretaciones ambiguas y asegurando el reconocimiento económico justo para los agentes.