El Gobierno cierra con polémica la subida trianual del sueldo de los funcionarios

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha certificado en la tarde de este lunes una subida de sueldo para tres millones de funcionarios de España. Tras la polémica, se acordó la propuesta que quedó sobre la mesa de negociación el pasado miércoles, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se sentaba por primera vez a negociar con los representantes sindicales una subida de sueldo a los empleados públicos.

Hay que recordar que las pasadas subidas de sueldo fueron heredadas del anterior Ejecutivo o por obligación. Esta acabará saliendo adelante con una subida trianual total del 9,5% ejecutada progresivamente en tres años. Un aumento del 1,5% retroactivo variable para 2022, a la que habría que sumar al 2% de incremento que se produjo el pasado mes de enero. A esa subida del 1,5% para este año le seguiría una mejora del 2,5% para 2023 y de un 2% para 2024.

Así, el Gobierno de España incluirá el acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presumiblemente aprobará también este martes, en el Consejo de Ministros ordinario. Un acuerdo con el visto bueno final de UGT, que cambió de postura, y CCOO, pero con la reprobación de CSIF, que lo ha calificado como un “refrito de medidas” que van a hacer “volver a perder poder adquisitivo”.

CSIF señala que la subida será inefectiva ya en 2022

"La oferta final de Hacienda incluye una subida total del 6% para el conjunto de 2022, 2023 y 2024, más un 1,5% adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC. Por tanto, esta subida a tres años no alcanzaría ni tan siquiera el previsible incremento de los precios de este año y en 2022 se volvería a perder poder adquisitivo [5,5 puntos]", explican desde CSIF.

La parte variable cambiará si el IPC acumulado de 2022 y 2023 supera el 6%, además de que el crecimiento del PIB nominal llegue al 5,9% en 2023. "En el mejor de los casos, los empleados públicos obtendrían una actualización del 7,5% en tres años y no del 9,5% como asegura el Gobierno pretendiendo sumar los dos puntos que ya se subieron a principios de año y que ya están amortizados por la evolución de los precios", continúa desgranando.

⚠️ El Gobierno condena a los/as #EmpleadosPúblicos a una nueva pérdida de poder adquisitivo.#CSIF muestra su absoluto rechazo a la oferta de subida salarial del Gobierno.

? Es inaceptable. No cubre siquiera la subida de la inflación de este año. #CSIFsítedefiende pic.twitter.com/sg8bGYo1nU

— CSIF Nacional (@CSIFnacional) October 3, 2022

Por ello, desde el sindicato con más representación en las esferas públicas han declarado que “no vamos a avalar con nuestra firma un acuerdo que desde el minuto cero implica volver a perder capacidad adquisitiva (…) Hay que recordar que el colectivo de empleadas/os públicos arrastra una pérdida de poder adquisitivo superior al 20%”, subrayaron.

UGT y CCOO salvan el acuerdo

"UGT apoya este acuerdo desde la coherencia, el realismo y la responsabilidad que nos caracteriza. Un texto que pone en alza la importancia de la negociación colectiva para lograr acuerdos que mejoren la vida de los trabajadores y la ciudadanía en general. Por primera vez en un periodo de crisis, los empleados públicos tendremos un incremento salarial, en vez de sufrir recortes en derechos y nuestros sueldos", señalan desde la representación sindical, que sí se da por si satisfecha.

?El personal de las Administraciones Públicas sumará una subida salarial de 9,5 puntos entre 2022 y 2024

?La subida que proporciona el acuerdo amortigua, de forma razonablemente realista, los efectos de la subida de la inflación en el poder adquisitivohttps://t.co/tnkkMZ4xib

— UGT (@UGT_Comunica) October 3, 2022

En el acuerdo, además, se incluyen otras medidas como mejoras para la promoción interna, la movilidad y el acceso, así como aplicar la jornada laboral de 35 horas. Esta es una de las que el CSIF califica como “refrito”.

"El Gobierno ha fallado en el fondo y las formas ya que hasta hoy, lunes 3, no nos ha presentado un documento. El borrador de acuerdo recoge cuestiones que, como las 35 horas, ya podrían estar implantadas como normativa de carácter básico, a lo que se ha negado la Administración; el teletrabajo, pendiente desde 2021 o medidas que van dos años con retraso en materia de Igualdad", concluyen.