Escrivá contra las cuerdas: todo lo que tiene pendiente de resolver con los funcionarios

El acuerdo entre PSOE y Sumar supuso cambios importantes en las filas del Gobierno de coalición. Uno de los más sonados fue el de José Luis Escrivá, que ha pasado a liderar el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública (antes dirigía el de Seguridad Social, donde, entre otras medidas, se encargó de diseñar la reforma de las pensiones). Este nuevo cargo no parece menos complicado, y es que son muchos los retos pendientes que tiene esta cartera respecto a los funcionarios. 

Por este motivo, Escrivá mantuvo la semana pasada una reunión con la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), con el objetivo de activar “cuanto antes” la negociación colectiva en las administraciones públicas. En este sentido, el sindicato aclaró que el ministro tomó nota de las reivindicaciones, trasladando su voluntad de poner en marcha el diálogo social en este ámbito próximamente.

¿Cuáles son estas reivindicaciones? Los principales puntos que tiene que resolver Escrivá son alcanzar un nuevo acuerdo salarial, reforzar las plantillas, implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en el conjunto del Estado y mejorar las condiciones de jubilación. Así se lo comunicó el presidente de CSIF, Miguel Borra, esperando que, en base a lo estipulado en esta reunión, el ministro elabore su ‘hoja de ruta’.

Las 11 medidas exigidas por CSIF a Escrivá

Tal como informó CSIF en un comunicado, son 11 las medidas que han exigido a José Luis Escrivá para reformar las administraciones públicas. La primera de ellas es alcanzar un nuevo acuerdo salarial y, en este ámbito, cabe recordar que los funcionarios han empezado 2024 sin recibir su subida salarial. 

En el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que se alcanzó con los sindicatos, se incluyeron varios incrementos salariales: un aumento del 2% más una variable del 0,5% por confirmarse que se ha superado el objetivo de crecimiento del 2,1% del PIB para este año. Sin embargo, todavía no se ha aplicado porque el Ministerio de Hacienda quiere esperar a conocer el dato definitivo, que se publicará a finales de marzo. Por ende, hasta dentro de unos meses, no se espera que se aplique en la nómina de estos trabajadores. Eso sí, una vez confirmado, se hará con carácter retroactivo.

Otro punto pasa por modificar el Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), para establecer aspectos fundamentales para todos los empleados públicos, como la jornada laboral de 35 horas, la homogeneización de la promoción interna, la indemnización por residencia, la aportación a planes de pensiones, la regulación de la jubilación parcial, la no discriminación en la edad de jubilación forzosa, la consideración de las lenguas cooficiales exclusivamente como mérito y la excepcionalidad de la condena en costas procesales en la defensa de sus derechos laborales. 

Desde el sindicato, también han solicitado adecuar las plantillas “a las necesidades reales de prestación del servicio”, agilizar los procesos selectivos y eliminar la tasa de reposición para reforzar y rejuvenecer las plantillas. Sobre la agilización de procesos, es algo que se ha convalidado en el Real Decreto 6/2023. Por ejemplo, desde este 2024 será obligatorio que las plazas se convoquen en el mismo año en el que se anunció la oferta pública. Además, luego existirá un plazo máximo de dos años para que se ejecute la convocatoria. 

También han exigido el “desarrollo de la carrera profesional para el conjunto de empleados públicos”, que, en cierto modo, también trata el citado decreto, que va a implantar el modelo de carrera horizontal. Se trata de un sistema de ascenso por tramos consecutivos por el que no hay que pasar oposiciones de promoción, sino que el aumento salarial se recibe sin tener que promocionar. Este sistema pretende reconocer el desarrollo profesional de los funcionarios, y se definirán como etapas sucesivas de reconocimiento del desarrollo profesional resultado “de una evaluación objetiva y reglada”. Aunque, el cómo se efectuará, todavía está pendiente de su desarrollo reglamentario.

El resto de medidas exigidas por CSIF, y que fueron comunicadas a Escrivá en la reunión, son:

• Adecuación de los grupos profesionales del artículo 76 del TREBEP.
• Mejoras en las condiciones de jubilación, tanto del Régimen General como de Clases Pasivas. También la negociación de la jubilación anticipada para determinados colectivos “por la penosidad en el ejercicio de su profesión”.
• Equiparación de las cotizaciones en el Régimen de Clases Pasivas a las del Régimen General para los permisos de reducción de jornada por cuidado de menor de 12 años o persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.
• Trasponer de forma “adecuada” la Directiva Europea para que el permiso parental sea retribuido. El Gobierno ya ha confirmado que lo será parcialmente este 2024: se retribuirán cuatro de las ocho semanas del mismo. 
• Resolver de forma “definitiva” el conflicto en la Administración de Justicia.
• Desarrollo de las Leyes de Función Pública, así como la “implementación efectiva” del Teletrabajo y del protocolo contra el Acoso Sexual en la Administración General del Estado.
• Incrementar la financiación de MUFACE, así como del resto del mutualismo administrativo.