La reforma del registro horario promovida por el Ministerio de Trabajo ha sido rechazada por el Consejo de Estado, que ha publicado una evaluación desfavorable de la iniciativa, con la cual el departamento que dirige Yolanda Díaz tiene la intención de reforzar el control de la jornada laboral mediante sistemas digitales y verificables en remoto. Esta medida fue, según la propia ministra de Trabajo, una respuesta a la negativa de los partidos de derecha (PP, Vox y Junts) a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. De hecho estaba incluida en ese paquete y Yolanda Díaz prometió sacarla adelante igualmente si no se aprobaba la reducción de jornada.
La propuesta, que se tramita como Real Decreto por vía urgente desde finales de febrero, buscaba endurecer el control de las horas trabajadas para evitar manipulaciones y facilitar a la Inspección de Trabajo la comprobación de datos a distancia. Sin embargo, el órgano consultivo considera que la norma no debería aprobarse en su forma actual.
Es cierto que los dictámenes no son vinculantes, pero la posición del Consejo de Estado supone un nuevo obstáculo político y técnico a una reforma que ya había sufrido un revés previo en el Congreso.
Críticas jurídicas y económicas
Según diversas informaciones, la evaluación pone en duda aspectos clave del diseño de la norma, como su falta de adaptación a las particularidades de cada sector o el impacto administrativo que podría tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). También critica la vía elegida por el Ejecutivo, al considerar que una reforma de este alcance debería tramitarse con rango de ley y no mediante un Real Decreto.
A estas objeciones se suman las reservas expresadas por otros departamentos del propio Gobierno, como los ministerios de Economía y de Función Pública, que también han señalado discrepancias sobre distintos elementos del proyecto. Desde el Ministerio de Trabajo tenían esperanzas y confiaban en una evaluación favorable por parte del Consejo de Estado, tras enviarlo a este órgano con la intención de sacarlo adelante.
Trabajo defiende la reforma
Desde el Ministerio de Trabajo han reaccionado con sorpresa al dictamen, que califican de “incomprensible”. Fuentes del departamento sostienen que el objetivo de la reforma es garantizar el cumplimiento de la ley y evitar prácticas de competencia desleal por parte de empresas que no retribuyen correctamente las horas extraordinarias.
El Gobierno insiste además en que el refuerzo del control horario forma parte del acuerdo de coalición firmado en 2023 entre PSOE y Sumar, por lo que considera que el simple hecho de evaluarlo "es cuestionar un compromiso democrático entre PSOE y Sumar".
"La reducción de la jornada no sólo es socialmente necesaria, sino económicamente viable y respaldada por la evidencia internacional. Desde el Ministerio de Trabajo vamos a seguir defendiendo con firmeza una reforma que mejora la vida de los y las trabajadoras de nuestro país y moderniza de verdad nuestro mercado laboral", afirman las fuentes del Ministerio de Trabajo y según recoge Europa Press.
Un modelo digital y en tiempo real
La propuesta del Ejecutivo pretende imponer un registro horario digital, accesible a distancia y en tiempo real tanto para los trabajadores como para sus representantes sindicales y la Inspección de Trabajo. El sistema, por tanto, obligaría a registrar todas las modalidades de jornada ya sea ordinaria, extraordinaria, flexible o complementaria, y daría seguridad al empleado de que sus datos no podrían ser cambiados sin su consentimiento.
Trabajo justifica la necesidad de esta reforma en la persistencia de irregularidades en el mercado laboral. Según sus estimaciones, en España se realizan más de 2,8 millones de horas extraordinarias no remuneradas cada semana, una cifra que evidencia, a juicio del Ministerio, las carencias del sistema actual.
Pese al revés del Consejo de Estado, el departamento de Yolanda Díaz mantiene su intención de seguir adelante con la reforma. El pulso abierto entre los distintos órganos consultivos, los ministerios implicados y el propio Parlamento anticipa un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación del tiempo de trabajo en España.
