El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha rechazado este miércoles la petición de Podemos de convertir en fijos de manera automática a los interinos en abuso de temporalidad, al considerar que una medida así vulneraría los principios de mérito y capacidad en el acceso al empleo público establecidos por la Constitución. Esta es una decisión que ya fue apoyada por el Abogado General del TJUE el pasado 9 de octubre, cuando concluyó que no era obligatorio convertir de forma automática a los interinos en fijos.
En plena intervención durante el Pleno del Congreso, López respondió a la interpelación urgente de la diputada Noemí Santana, de Podemos, insistiendo en que la reducción de la temporalidad requiere consensos amplios, tanto entre los grupos parlamentarios como con las comunidades autónomas, donde esta alcanza el 40,3%. En la Administración General del Estado, ha precisado, la tasa es del 4,7%, “por debajo del 8% exigido desde Bruselas”.
El titular de Función Pública apeló al “espíritu del consenso” para sacar adelante la Ley de Función Pública, que se tramita en la Cámara Baja y contempla medidas para reducir la temporalidad en el sector público.
Podemos amenaza con no apoyar la ley
La diputada Noemí Santana advirtió de que su formación no votará la Ley de Función Pública “si no se le da una solución real a los trabajadores que están en temporabilidad y están siendo abusados”. La representante de Podemos lo tiene claro y solo hay dos opciones: “En resumen, fijeza o abuso. Fijeza o condena europea. Fijeza o ruina. Fijeza o no hay Ley de Función Pública, señor ministro”, expresó desde la tribuna sobre una idea que ya sacó a debate el partido Sumar el pasado mes de marzo.
López respondió que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “no dijo que hubiera que convertir a fijos directamente a los trabajadores en abuso de temporalidad para cumplir con la directiva europea” y recordó que este reconoció que el marco constitucional español no permite transformar una relación temporal en fija de forma automática.
“El abogado general también declaró que los procesos de estabilización son una medida complementaria para remediar la actual situación y que las reformas impulsadas por el Gobierno de España demuestran los esfuerzos para adecuar nuestra norma a la directiva europea”, añadió el ministro.
Defensa del proyecto de ley y advertencia a Podemos
El ministro insistió en que comparte el objetivo de reducir la temporalidad, pero subrayó que la solución “no pasa por saltarse la Constitución”. “Este Parlamento tiene una Ley de Función Pública encima de la mesa, con unas enmiendas que tienen que ser la solución. Y yo espero, de verdad, la corresponsabilidad de todos”, señaló.
El proyecto legislativo busca limitar la creación de nuevas bolsas de interinidad, implantar un sistema de control y alerta, vincular compensaciones al abuso de la temporalidad y completar el régimen sancionador de la Ley de Transparencia.
“Yo lo vuelvo a decir alto y claro: o se suman todos a la solución o serán parte del problema”, advirtió López, quien añadió que sería una “gran decepción” que Podemos tumbara la ley. “Para mí sería una grandísima decepción pensar que hay gente que pasa por la política, que forma parte de un Gobierno que luego es incapaz de enorgullecerse y poner en valor que ha estabilizado 337.000 plazas estando ellos en el Gobierno”, dijo.
“Espero que nadie nos decepcione”
López advirtió de que quienes no apoyen la ley “tendrán que explicárselo a los interinos”. “Yo espero que nadie nos decepcione, ni a nosotros ni a los interinos, ni a las personas que están en la Función Pública”, subrayó, recordando que el problema de la temporalidad “es estructural” y que afecta sobre todo a comunidades autónomas y ayuntamientos, “agravado por años de recortes de anteriores gobiernos del PP”.
Finalmente, el ministro defendió que el Gobierno ya firmó en 2021 un acuerdo con los sindicatos que permitió estabilizar 377.000 plazas en el sector público, un “hito sin precedentes”. Noemí Santana, sin embargo, replicó que aquella norma “no está funcionando” y que ha supuesto “un parche” que “no ha reducido la precariedad, sino que ha redistribuido la injusticia”.
