Parecía que el reloj giraba en contra a los planes del Gobierno de España, pero no. En el último consejo de ministros del año se ha aprobado la Ley de Función Pública, esa que afecta a todos los funcionarios del Estado y que introducirá novedades como las pruebas de desempeño, entre otras. En caso de no superarlas, podría llegar a perder su plaza, pero con las condiciones que se explican más adelante.
Hoy hemos aprobado el proyecto de Ley de Función Pública, la norma que modernizará nuestras Administraciones y mejorará el servicio a los ciudadanos. Las empleadas y empleados públicos tendrán más derechos y oportunidades profesionales, con nuevas medidas de igualdad. pic.twitter.com/CZAIzyySdb
— María Jesús Montero (@mjmonteroc) March 16, 2023
La prisa por aprobar esta normativa es para que la Comisión Europea apruebe el cuarto pago de los Fondos Next Generation del Plan de Recuperación, que tiene como condición aprobarse antes del 31 de diciembre de 2023.
En el mencionado texto se abordan temas como la valoración del desempeño de los empleados públicos y una evaluación de los mismos. Algo que puso en pie a los sindicatos rechazándola y haciendo que estos se enfrenten al Gobierno.
Cómo afectan las pruebas de desempeño a los funcionarios del Estado
Esas pruebas de desempleo afectará a los más de tres millones de trabajadores públicos actuales y la medida entra en vigor desde el jueves, 21 de diciembre. Desde ese momento, podrán ser rebajados de su puesto o incluso expulsados del cuerpo. La evaluación variará según dos factores: el sueldo y los ascensos del trabajador. A pesar de que ya estaba recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, pero sin muchas especificaciones, como ya vienen recogidas en la nueva normativa.
Así, estas pruebas ya no afectarán a título colectivo, sino individual de cada funcionario. Según el resultado, así cambiarán los ascensos, los incentivos salariales y los traslado. Por el momento, aún no se conocen detalles de cómo se hará o será ese examen, pero sí que recalca su carácter obligatorio.
Hasta este momento, había que cursar actos o hechos muy graves para que un trabajado perdiera su condición de funcionario público. A partir de ahora se incluye un apartado donde se determina la continuidad en el puesto de trabajo.
La medida tiene como objetivo no ser una “trampa”, como apunta la Ministra de Función Pública, María Jesús Montero, sino que hay que verlo con otro prisma, como si fuera un incentivo para mejorar las prácticas de la administración. Al mismo tiempo, servirá para controlar de forma periódica el rendimiento y los resultados de los funcionarios.
¿Cuándo puede ser despedido un funcionario?
Por regla general, los funcionarios pueden ser despedidos cuando al obtener su condición de empleados públicos no desempeñan sus tareas correctamente o su rendimiento es insuficiente, o si no pueden cumplir con lo que se le exige para su cargo. Pero existen hasta seis motivos específicos para ello, como apuntan los artículos del 64 al 67 del Estatuto Básico del Empleado Público:
- La renuncia voluntaria.
- La jubilación.
- La pérdida de la nacionalidad española.
- Por una sanción disciplinaria.
- La pena principal.
- La accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere en firme.
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