El cambio en las horas extra que podría estar obligado a hacer el Gobierno: se ganaría más

El Gobierno y UGT están enfrentados por las horas extraordinarias. El pasado mes de enero, el sindicado presentó una demanda ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) para exigir una remuneración más alta. Esto es, para que se paguen más caras. Ya que, según defienden, así lo exige la Carta Social Europea que ratificó España al completo, motivo por el que, precisamente, ya están obligados a subir las indemnizaciones por despido improcedente, tras ganar este sindicato una demanda presentada al mismo CEDS.

No obstante, desde el Gobierno tienen otra postura y, en un texto de alegaciones remitido a Estrasburgo en septiembre, defendieron que esta cuestión debe negociarse en los convenios colectivos y no fijarse por ley, como está pidiendo UGT. Un texto que, a propósito, fue redactado por la Abogacía del Estado, perteneciente al Ministerio de Justicia, en manos de Félix Bolaños, y no por el Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz.

Ahora, el sindicato ha contestado a estas alegaciones en un documento donde han resaltado la importancia del registro horario “como un mecanismo esencial para controlar las horas trabajadas en España, especialmente en lo referente a las horas extraordinarias”. En este sentido, apuntan que “aunque, en teoría, el registro horario debería garantizar una correcta contabilización de las horas de trabajo para evitar abusos”, su implementación en la práctica “ha resultado ineficaz”. 

3.250 millones de euros en “retribuciones hurtadas” por las horas extra

Esta situación, denuncian desde UGT, ha desembocado en “un volumen considerable de horas extraordinarias trabajadas que no son registradas ni remuneradas, denunciando que el fallo en el sistema permite que “las empresas continúen explotando la mano de obra con horas extras que no son debidamente compensadas”.

Como prueba, señalan que la reciente encuesta de población activa ha acreditado que en España se realizan a la semana 6 millones de horas extraordinarias, de las cuales casi la mitad no se abonan, lo que supone una cifra anual de 3.250 millones de euros en “retribuciones hurtadas” a las personas trabajadoras, “en ausencia de contribución a la Seguridad Social y en merma a la hacienda Pública”. 

Conflicto entre UGT y el Gobierno: qué defiende cada uno

Desde UGT manifiestan que España está incumpliendo el artículo 4.2 de la de la Carta Social Europea, ya que este recoge el derecho de los trabajadores a recibir un “incremento de remuneración para las horas extraordinarias, salvo en determinados casos particulares”. No obstante, este incremento no viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores, donde solo se dice que la hora extra se debe pagar al menos como la hora ordinaria, dejando este aumento a merced de los convenios colectivos o los pactos entre empresa y trabajador.

El Gobierno, por su parte, defiende que en el mismo artículo de la Carta Social Europea se establece que este derecho “deberá asegurarse mediante convenios colectivos libremente concluidos, por los medios legales de fijación de salarios, o mediante cualquier otro procedimiento adecuado a las circunstancias nacionales”. Así pues, para el Ejecutivo se estaría cumpliendo con las exigencias de Europa al derivarse a los convenios.

En este sentido, apuntaban que el 60,68% de los convenios colectivos dispone de cláusulas específicas en las que se fija una remuneración adicional (mediante las que se pagan más caras) y que en otro 20% se compensan con periodos de descanso remunerado. Pero esto, según el sindicato, es preocupante, ya que en un 39,3% de los convenios no se estarían pagando las horas extra más caras como se exige en la Carta europea, sino al mismo importe que las horas ordinarias o mediante descansos.

“Como resultado, el 45% de los trabajadores no reciben una retribución extra por el tiempo trabajado fuera de su jornada normal, en contradicción con las disposiciones de la Carta Social Europea. Esta situación es particularmente preocupante desde una perspectiva de género, ya que UGT subraya que las mujeres están más afectadas por la falta de compensación adecuada en comparación con los hombres, lo que agrava la brecha salarial entre sexos”, ha contestado el sindicato en su texto.

En la respuesta al Gobierno, la organización sindical también expone las “contradicciones” del Ejecutivo español: “por un lado, el Gobierno reconoce las deficiencias del sistema y admite que una proporción considerable de trabajadores no recibe una compensación adecuada por las horas extraordinarias. Sin embargo, en lugar de tomar medidas inmediatas para corregir estas deficiencias, se ampara en la promesa de futuras reformas legislativas, que aún no se han materializado, lo que prolonga el incumplimiento de sus obligaciones internacionales”. 

Además, UGT añade que las medidas propuestas por el Gobierno, como la posible reforma del sistema de registro horario y su digitalización para garantizar un mayor control por parte de la Inspección de Trabajo, “aunque positivas, no serán suficientes por sí solas si no se acompañan de una mejora sustancial en la regulación de las horas extraordinarias y su remuneración”. Por ello, tachan de “inaceptable” que “el Gobierno confíe en reformas futuras y no actúe de manera inmediata para cumplir con los compromisos internacionales y garantizar los derechos laborales”. 

¿Podría el Gobierno estar obligado a subir la remuneración de las horas extra?

El Comité Europeo de Derechos Sociales deberá decidir si la normativa española cumple con la Carta Social Europea. Si determina que no es así, dando la razón al sindicato, el Gobierno sí que podría estar obligado a subir por ley la retribución de las horas extraordinarias, al igual que va a tener que hacerlo con las indemnizaciones por despido improcedente después de que el mismo órgano estimara la demanda de UGT.

Tras esta contestación del sindicato, se abrirá un nuevo proceso de alegaciones y, posteriormente, será Estrasburgo el que emitirá un veredicto, que primero sería comunicado solamente al sindicato y al Gobierno. El proceso podría demorarse todo 2025 e incluso más.