Al descubierto las interferencias de Justicia en el Comité Europeo que decidirá si sube la indemnización por despido en España

La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha enviado una carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, tras conocerse que su Ministerio ha solicitado al Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) apartar a la experta Carmen Salcedo de dicho órgano, encargado de resolver si la normativa española actual se ajusta a la Carta Social Europea en materia de despidos. Y, concretamente, sobre si la indemnización por despido improcedente es insuficiente y esta se debe incrementar.

En la misiva, pide al responsable de Justicia que no interfiera en la decisión europea sobre la indemnización por despido, solicitándole que retire la solicitud de recusación presentada, firmada por Alfonso Brezmes Martínez de Villarreal. Así lo adelantó ‘El País’ y ha podido confirmarlo ‘NoticiasTrabajo’, que ha tenido acceso a dicha solicitud de recusación, a pesar de que Bolaños, en múltiples ocasiones, ha negado la existencia de la misma. 

En la mencionada carta, Yolanda Díaz se muestra sorprendida a la par que preocupada, reivindicando, por un lado, la trayectoria de Carmen Salcedo, que fue recomendada por el propio Gobierno español, y, por otro, advirtiendo de que este podría ser un grave precedente para apartar a otros expertos en el futuro. Cabe señalar que la postura de la ministra de Trabajo está en línea con los sindicatos, que son los que elevaron esta cuestión al Comité Europeo, y que ya advirtieron a principios de año de “influencias”, en concreto UGT, para retrasar e interferir en la resolución de Estrasburgo.

Qué está pasando con la indemnización por despido en España: cronología de los hechos

España está pendiente de recibir una decisión crucial para los trabajadores. Tras las denuncias de UGT y CCOO, en 2022 y 2023, respectivamente, sobre el coste de los despidos en España, el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) debe decidir si la indemnización por despido improcedente actual que recoge la normativa española cumple con lo estipulado en la Carta Social Europea. 

La resolución, previsiblemente, se dará a conocer entre finales de 2024 y principios de 2025 y, en caso de que fallen a favor de los sindicatos, considerando que la norma española incumple la Carta Social, el Gobierno se vería obligado a modificar la legislación actual, incrementando las cuantías de la indemnización por despido. Una modificación que no sería bien recibida en todos los sectores, advirtiendo desde UGT de “influencias” que esta semana, en parte, se han dado a conocer.

Como adelantó ‘El País’, y ha podido confirmar ‘Noticiastrabajo’, el Ministerio de Justicia ha presentado una solicitud de recusación para apartar a la experta Carmen Salcedo, miembro del Comité Europeo, de esta decisión sobre el coste de los despidos. El motivo es que la misma, en julio de 2022 (antes de ser nombrada en este cargo), escribió un artículo (‘La Carta Social Europea y el procedimiento de reclamaciones colectivas. Un nuevo y excepcional escenario en el marco legislativo laboral’), en el que sostenía que la normativa española no se ajusta a la Carta, como vienen defendiendo los sindicatos. Por ello, habrían solicitado su retirada del Consejo de Estrasburgo, que es quien debe decidir si se ajusta o no y, por tanto, se debe modificar la legislación española. 

El Ministerio de Justicia, que no ha querido prestar declaración a este medio, ha negado en reiteradas ocasiones que existan estas interferencias. En particular, ha sido interpelado en tres ocasiones en sede parlamentaria, en el Congreso de los Diputados, por parte de BNG y ERC, negando en todas ellas intervención alguna y la solicitud de recusación, de la que dispone este medio y que se habría presentado, según fuentes cercanas al Ministerio de Justicia, de forma telemática, el 16 de noviembre de 2023 (como figura en el documento). 

Se trata de una petición inaudita en España y que han motivado, como han dado a conocer las mismas fuentes, que se solicite al Ministro acceso a los expedientes en cuestión, que de momento no ha facilitado.

La solicitud de recusación, desglosada

En la solicitud de recusación presentada, el Ministerio de Justicia aboga por la “importancia primordial de salvaguardar los principios de independencia e imparcialidad que deben regir la actuación de los miembros del Comité”. Una imparcialidad que “implica la necesaria ausencia de prejuicios o ideas preconcebidas sobre su posición en relación con las cuestiones objeto de examen en los procedimientos ante el Comité”. 

Para ello, evoca al artículo 3 del Reglamento Interno del Comité Europeo de Derechos Sociales, que establece que sus miembros ejercerán sus funciones de conformidad “con las exigencias de independencia, imparcialidad y disponibilidad inherentes a su cargo”. Y, en este marco, es donde enmarca su petición: “Una exigencia derivada de la imparcialidad es, sin duda, la improcedencia de que un miembro del Comité encargado de examinar un caso concreto que, debido a su ocupación profesional antes de formar parte del Comité, se haya formado una opinión sobre el asunto examinado en un sentido determinado, ya sea a favor o en contra de una de las partes en el procedimiento, y que además haya expresado dicha opinión de manera pública”. 

Es entonces cuando avisa de que el Gobierno de España ha tenido conocimiento de que Carmen Salcedo, miembro del Comité desde diciembre de 2022, publicó un artículo científico, en el número 91 de la revista “Labor & Employment Law” Journal, en calidad de "consultora experta internacional del Consejo de Europa (Servicio de la Carta Social (Servicio de la Carta Social Europea) y Catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia", donde expone “diversas consideraciones que reflejan una clara posición en el sentido de que España incumple el sistema de reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea Revisada en varios aspectos, y en particular en lo que se refiere a las quejas pendientes ante el Comité”. 

Lo hacen porque, en dicho artículo, Salcedo expone una serie de "razonamientos y juicios de valor" a favor de las demandas presentadas por UGT y CCOO, concluyendo al final del mismo que el Comité Europeo de Derechos Sociales debería fallar en contra de España, atendiendo a sentencias anteriores del Comité. Además, en el documento hacen hincapié en que en la segunda demanda presentada, por CCOO, se añadieron dos puntos que, “curiosamente”, Salcedo en su artículo había echado en falta en la primera denuncia de UGT. También añaden que, cuando fue admitida esta segunda denuncia, la experta española ya era miembro del Comité, “sin que conste que se abstuviera en las deliberaciones relativas al examen de los argumentos planteados sobre la admisibilidad de la denuncia”.

El escrito, firmado por Alfonso Brezmes, finaliza con la petición expresa de retirar a Salcedo: “teniendo en cuenta que las valoraciones planteadas por la Sra. Salcedo en el citado documento científico suponen un posicionamiento público previo sobre algunas de las quejas colectivas objeto de examen por el Comité, solicitamos respetuosamente al Presidenta del Comité que adopte todas las medidas necesarias para que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 3 del Reglamento del Comité, la Sra. Salcedo se abstenga de participar en las sesiones del Comité encargado de pronunciarse sobre las las tres quejas colectivas mencionadas [la tercera demanda a la que hacen referencia es ajena a la cuestión del despido, y hace referencia a la interpuesta por CCOO sobre los derechos de las familias de la Cañada Real], así como en todos los casos futuros con un objeto para preservar el principio de imparcialidad en la toma de decisiones del Comité”.

Quién es Alfonso Brezmes

El documento está escrito por Alfonso Brezmes, agente del Reino de España para la representación de España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Fue nombrado en el cargo en 2018, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, manteniéndose en el mismo actualmente.

Influencias denunciadas por UGT

UGT, que fue el primer sindicato en presentar la denuncia al Comité Europeo, lleva tiempo avisando de que desde el Gobierno, y en concreto desde el Ministerio de Justicia, se estaban poniendo “palos en el camino” para retrasar la resolución de la demanda. Su secretario general, Pepe Álvarez, declaró a principios de año que había trasladado su “desagrado” e “incomprensión” al ministro Félix Bolaños. 

De hecho, desde esta organización sindical también advierten de que, por interferencias de este Ministerio, se ha producido un retraso en la resolución. Concretamente, el vicesecretario general de Política Sindical de este sindicato, Fernando Luján, reveló a ‘El País’ que el Comité Europeo tenía previsto reunirse para debatir la cuestión del despido entre finales de noviembre y principios de diciembre, pero tras la solicitud de recusación presentada, se pospuso la fecha. Sobre si esta petición se llevará a cabo o no, y se apartará a la experta española, no se tiene ninguna noticia, ya que se trata de un procedimiento interno confidencial.

Sindicatos y Trabajo, alineados para modificar la indemnización por despido

En el acuerdo de Gobierno de coalición, firmado por PSOE y Sumar, ambos partidos se comprometieron a que la normativa del despido española cumpla con la Carta Social Europea, por lo que tendrán que reformar la misma en caso de que el Comité Europeo resuelva que no se adapta a la Carta Social Europea. Es algo que desde el partido de Yolanda Díaz defienden, apostando por el “despido restaurativo” que cumple con las reivindicaciones de los sindicatos.

Lo que se busca con el mismo es que, a la hora de establecer la indemnización por despido, se analice cada caso particular atendiendo a las circunstancias del trabajador y al daño cometido. Entre estos factores, se encuentran la edad, la antigüedad en la empresa, o si el trabajador pertenece a un colectivo vulnerable, por el que tiene más difícil encontrar un nuevo trabajo. Así, no se trataría de un mero aumento de la cuantía, sino de establecer “un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados cuando el despido sea improcedente y que será verdaderamente disuasorio para despedir sin causa”, en palabras de la propia Díaz.