La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio de Hacienda y Función Pública por la vía de lo Contencioso Administrativo con motivo de la dilación de la instauración sobre una base regulada definitiva del teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (AGE). Paralelamente, además, continúa reclamando la revalorización salarial acorde a al Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual.
La inflación de enero se sitúa en el 5,8% y los sueldos de las/los #EmpleadosPúblicos se incrementan en el 2,5%. Que no te engañen: los responsables son #Gobierno , CCOO y UGT.#CSIF defiende unos salarios dignos vinculados al IPC y la recuperación de los recortes de 2010. pic.twitter.com/prJKwa3Cg2
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 8, 2023
Actualmente, y desde el pasado 21 de abril de 2021, los funcionarios de la AGE trabajan a distancia tres días a la semana, mientras que deben acudir presencialmente a sus puestos los dos días restantes. No obstante, se etiquetó como una opción. Es decir, en la firma se incluyó la posibilidad de que pudieran realizar sus funciones rutinarias los cinco días de forma presencial. Teletrabajar los tres días no es obligatorio.
Un sistema de teletrabajo “temporal y abitrario”
Además, “su aplicación depende de cada departamento, no todos los ministerios permiten los mismos días, hay puestos excluidos (por ejemplo, la Seguridad Social) no se evalúan los puestos y no se proporcionan los medios necesarios”, detalla el CSIF, el sindicato más representativo en un comunicado. El de sus particularidades por sector de empleo es, por tanto, otro de los aspectos a apuntalar.
Sin embargo, el texto, firmado bajo la premisa de disposición anticrisis dentro de los sucesivos paquetes de ayudas enmarcados dentro del Plan de Ahorro energético que ha ido desplegando el Gobierno ante los últimos coletazos económicos de la pandemia del coronavirus y los efectos de la inflación y la guinda de la guerra en Ucrania, “es temporal y arbitrario”, continúa detallando, por lo que se debe de configurar su regulación definitiva mediante Real Decreto.
#CSIF lleva a los Tribunales a #FunciónPública para que desarrolle de una vez el #Teletrabajo en la Administración del Estado
— CSIF Nacional (@CSIFnacional) February 8, 2023
El acuerdo firmado entre CCOO, UGT y el Gobierno “retrasa su implantación” y “recorta el acceso a esta modalidad de trabajo”.
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Hacienda: tres meses de plazo incumplidos
Del comunicado de CSIF se destila cierta pérdida de paciencia. Tanto por sus reclamaciones individuales y del colectivo laboral al que representa como por el incumplimiento de los plazos establecidos en un primer momento. Así, ha advertido que la implantación definitiva de una base legal específica y definitiva para el teletrabajo en el funcionariado no será a corto plazo, a tenor de los acontecimientos.
Y la representación sindical adelanta que el Ministerio de Hacienda se ha cubierto las espaldas al firmar un pacto con Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) que no solo retrasará de nuevo su entrada en vigor, si no que recortará el acceso a esta modalidad laboral en algunos grupos profesionales del sector. Desde la paulatina eliminación de las restricciones sanitarias, algunas empresas han optado, bien por mantener modelos híbridos, bien por anunciar la vuelta definitiva a la presencialidad absoluta. Un debate que continúa abierto.
Después de que los tres meses que había dictado de plazo para publicar el Real Decreto una reclamación administrativa hayan quedado en papel mojado, el CSIF se ha visto en la obligación de elevar la cuestión a los tribunales usando la vía del contencioso-administrativo “para evitar que la Administración siga retrasando injustificadamente la implantación del teletrabajo en la Administración General del Estado y que se aplique en los términos garantistas que se recogen en el acuerdo de abril de 2021”, argumenta el sindicato.
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